Las autoridades alemanas enviaron una poderosa señal de su determinación de tomar enérgicas medidas contra la extrema derecha. Ayer se supo que el fiscal federal había tomado a su cargo el último juicio de asesinato racial. Kay Nehm, cuya intervención queda generalmente reservada para los sospechosos de terrorismo, había dicho con anterioridad que la violencia neonazi era una amenaza a la seguridad por el clima de temor y la intimidación que creaba. 
Tres jóvenes de Dessau en Alemania oriental fueron ayer a juicio en la ciudad de Halle, acusados de un asesinato que provocó una creciente preocupación por la ultraderecha. Alberto Adriano, originario de Mozambique, murió el 14 de junio después de haber sido golpeado y pateado cuando volvía a su hogar en la madrugada. Su viuda alemana, Angelika, se enfrentó ayer a los tres skinheads cuando un fiscal del departamento de Nehm abrió el caso para el Estado. La víctima era el padre de tres niños, dos de ocho y tres años y uno de seis meses. �Los acusados presumían que Adriano podía morir como resultado de su ataque �dijo a la Corte Joachim Lampe�. Pero su odio a los extranjeros los hizo indiferentes a eso.� 
La decisión del fiscal general fue la última iniciativa destinada a frenar el neonazismo, que domina en el Este. Fue anunciada mientras el canciller, Gerhard Schroeder, comenzaba una gira para interiorizarse de los problemas del área. Hablando el lunes en Bad Elster, Schroeder le pidió al pueblo que hiciera frente a los neonazis para evitar que destrozaran los logros de Alemania oriental desde la reunificación. En las últimas semanas, el gobierno presionó para imponer una prohibición de los los partidos legales de la derecha más extrema, se comprometió con más de 29 millones de dólares en una campaña antirracista en las escuelas y anunció una campaña publicitaria para alentar la tolerancia.
Manfred Pochel, el ministro del Interior del gobierno regional de Sajonia-Anhalt, donde Adriano fue asesinado, pidió la sentencia más rigurosa posible si los acusadores eran encontrados culpables. La muerte de Adriano fue importante porque llevó a las autoridades a la acción. Según la acusación, sus atacantes lo golpearon, luego lo patearon con sus botas de estilo militar durante cinco minutos. Siguieron pateándolo y gritando �fuera de nuestro país, cerdo negro�, aun después de que Adriano dejara de moverse. Enrico Hilprecht, de 24 años, estaba sentado impasible mientras el jurado oía cómo lo había pateado a Adriano 10 veces en la cabeza. Se enfrenta a 15 años de prisión por asesinato. El y los otros acusados, Frank Miethbauer y Christian Richter, ambos de 16 años, dijeron que se habían topado con Adriano mientras corrían por Dessau gritando �Negros fuera�. Los jóvenes pueden recibir una sentencia más corta de hasta 10 años.
Después de leída la acusación, el juez ordenó que los procedimientos siguieran a puertas cerradas porque dos de los acusados son menores de edad. Un abogado de la familia de la víctima dijo que los tres acusados habían admitido haber participado en el ataque. Se espera que la defensa argumente que estaban demasiado borrachos en el momento para ser considerados responsables. Un testigo experto será llamado para atestiguar sobre su condición después de que fueran arrestados en la escena del ataque, cuando algunos residentes llamaron a la policía. 
La relación entre la violencia de la extrema derecha y la seguridad del Estado quedó en claro a comienzos de este año en un informe del servicio de seguridad. El BVD, servicio de inteligencia interno, dijo que había detectado una organización de tipo terrorista entre los neonazis. Detrás de la inquietud de las autoridades existen otros factores, especialmentela preocupación de que el racismo en el Este podría impedir la integración de Alemania en una economía globalizada. Alemania actualmente acepta unos 200.000 recién llegados cada año. Este año, el gobierno ya ofreció 20.000 permisos de empleos temporarios a especialistas en computación, muchos de los cuales provienen del subcontinente indio.

Traducción: Celita Doyhambéhère

LA POLICIA CAPTURO A 10 MILITANTES
Los vascos entre bombas y arrestos 

Confrontado con los últimos muertos por la ofensiva de ETA, el gobierno español de José María Aznar puede extraer un pequeño pero importante consuelo: la creciente efectividad de la policía autónoma vasca (Ertzaintza) contra el grupo armado. Ayer esta fuerza detuvo a dos etarras más, lo que hace ascender a diez los arrestados desde el fin de semana. La presión policial parecería reflejar la creciente hostilidad hacia ETA desde el gobierno autónomo del País Vasco, gobernado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La rama vasca del Partido Popular de Aznar ya aceptó la propuesta hecha el lunes por Juan José Ibarretxe, el �lehendakari� (presidente autónomo), de formar una mesa de diálogo que excluya al brazo político de ETA, EH, en tanto que no condene los ataques. Pero hay que notar que esta política parece generar tensiones en la cúpula del PNV. 
Mientras tanto, ayer la policía vasca continuaba lo que ETA debe ver como una ofensiva fratricida. La primera victoria para la Ertzaintza había sido contra el �comando Araba�, tres de cuyos miembros fueron arrestados el sábado. También se golpeó fuertemente al �comando Vizcaya�, que para ayer ya había perdido a siete miembros arrestados. También se incautaron unos 30 kilos de explosivos. Pero ETA no debe temer insuficiencias logísticas. Fuentes de la policía española recordaron que el año pasado los etarras robaron nada menos que 8350 kilogramos de explosivos en Francia, de los cuales lograron llevar unos 3800 a España. Hasta el momento, 245 kilos fueron incautados y unos 355 fueron utilizados en atentados, lo que deja una reserva de hasta 3200 kilos. Y ese explosivo, Titadyn 30A, es extremadamente potente: en el ataque del domingo (que voló un patrullero de la Guardia Civil con dos agentes dentro) se habrían utilizado apenas tres kilos. 
Todo esto intensifica la presión sobre el costado político de la estrategia antiterrorista de Madrid. Las señales en ese frente mejoraron con el vuelco del gobierno autónomo vasco hacia un mayor aislamiento partidario de ETA. El punto decisivo ocurrió anteayer, cuando el portavoz del gobierno autónomo, Josu Jon Imaz, propuso formar una mesa de diálogo formada por los partidos vascos que condenan la violencia terrorista. Esto, por supuesto, excluiría a Euskal Herritarrok (EH), el brazo político de ETA. Además, por primera vez desde que es presidente autónomo, Ibarretxe llamó al ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, para darle su pésame por el asesinato de los dos guardias civiles. El secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, se alegró de que �ahora el lehendakari Ibarretxe ha rectificado�. 
Con su nueva actitud, sin embargo, el lehendakari podría haber sobrepasado a su propio partido. Fuentes del gobierno español apuntaron que los principales referentes del PNV, Xavier Arzalluz y Joseba Egibar, �defendieron la continuidad del Pacto de Lizarra (la alianza parlamentaria entre el PNV y EH), que Ibarretxe da por muerto�. Ayer, por lo pronto, las declaraciones de los �duros� del PNV eran lo suficientemente ambiguas como para leerse de cualquier manera. Arzalluz habló de dialogar con ETA si ésta declaraba una nueva tregua, de lo cual no hay ninguna señal. Egibar consideró que la mesa sólo podía funcionar si �la sociedad vasca puede elegir democráticamente y se respetan todos los derechos humanos�. Eso podía entenderse como un apoyo tácito, y quizá momentáneo, a la posición de Ibarretxe: �Es impensable tomar acuerdos con quienes no tienen claro el respeto a lo que es más importante en este mundo, el respeto a la vida�.

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