Por Horacio Cecchi
El Superintendente de Coordinación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires �virtual jefe de la Bonaerense�, comisario general Eduardo Martínez, tiene la puerta abierta para su renuncia. Quien la abrió fue su superior inmediato, el comisario general Ramón Oreste Verón, ministro de Seguridad de Carlos Ruckauf, después de que este diario denunciara que en 1978 Martínez fue detenido y procesado por torturar a un preso de nacionalidad alemana. Ayer, los senadores y diputados de la Alianza exigieron la renuncia del cuestionado jefe policial. �No puede estar un minuto más�, bramaban los legisladores que hoy pedirán tratar el tema sobre tablas en las sesiones de ambas cámaras. Verón insistió con su muletilla: relativizó los antecedentes de su subordinado y aseguró que no tomará medidas �porque legalmente no corresponde que lo hagamos�. De todos modos �previa consulta con Ruckauf�, no descartó el �posible alejamiento voluntario de Martínez�, que es lo mismo que pedirle la renuncia.
El domingo pasado, Página/12 publicó una investigación en la que señalaba que Eduardo Martínez había sido detenido y procesado en 1978 por torturar a un preso de nacionalidad alemana, a palos, cigarrillos y picana, en la seccional 2ª de San Isidro. La nota provocó la reacción de las dos cámaras de legisladores bonaerenses de la Alianza. Como anticipó este diario, ayer exigieron la renuncia del virtual jefe de la Bonaerense, y hoy plantearán en ambos recintos el tratamiento sobre tablas.
�La lectura del expediente del �78 es tan espeluznante que la simple publicación en el diario debería haber provocado la renuncia�, sostuvo eldiputado radical Mario Espada. �Martínez no puede estar un minuto más. Esto es un producto de Ruckauf, que busca congraciarse con el oído policial. Si uno analiza todos sus discursos de mano dura y tolerancia cero, podrá entender que lo que quiere es una policía adicta a su política y no consustanciada con lo que necesita la sociedad.� Por su parte, el diputado frepasista Alejandro Mosquera, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, y cofirmante del pedido de renuncia del bloque de la Alianza, consideró que �se plantea un hecho que es una bisagra. Haga lo que haga el Ejecutivo, se transforma en una señal hacia abajo. Si lo mantienen en el cargo, lo que están haciendo es convalidar la tortura como un método�.
El condicional utilizado por Mosquera tiene un motivo: después de la tormenta política desatada el domingo, Ruckauf esquivó pronunciarse sobre el caso, mientras que Verón salió a cubrir al jefe policial, reduciendo aquel proceso del �78 a la nada, y asegurando que antes de designar a Martínez en el cargo había analizado su legajo, sin encontrar antecedentes preocupantes. Ayer, Verón volvió sobre el mismo camino: �Por el momento no hemos adoptado ninguna decisión, esto no es una caza de brujas, es una causa que ocurrió hace 22 años y la Justicia no lo procesó ni tomó ningún tipo de medida�, pese a que Martínez sí fue procesado, detenido e incomunicado, hasta quedar sobreseído porque la picana utilizada en la sesión de torturas, obviamente, jamás apareció en la comisaría y para el juez actuante, Juan Carlos Dillon, fue más que suficiente (ver aparte). El respeto de Verón a la justicia del juez Dillon llegó al punto de asegurar que �si la Justicia no lo hizo, por parte nuestra, legalmente no corresponde que tomemos ningún tipo de medida. No hay otra forma que ser respetuoso de lo que dice la Justicia�.
De todos modos, el vendaval político ya se había desatado. Al pedido de informes del bloque de senadores aliancista, el martes pasado, siguió ayer la exigencia de renuncia por parte de ambas cámaras. Ruckauf siguió sin hacer referencia alguna al tema, pero no pudo eludirlo. El mismo Verón abrió la puerta quitando todo el respaldo al virtual jefe de la Bonaerense: �No vamos a tomar medidas, independientemente de que (Martínez) por voluntad quiera pedir su retiro o políticamente se resuelva en algún momento�. En pocas palabras, casi una salida sin despido.
Hoy, los senadores de la Alianza avanzarán con tres puntos sobre tablas: por un lado, el pedido de informes y la declaración de exigencia de renuncia. Por el otro, reinstalar la discusión del artículo 56 de la ley 12.155, más conocida como Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A través del 56, se materializaba el control del Senado sobre los nombramientos de los tres principales cargos de la Bonaerense.
�La ley fue votada junto al paquete de la Reforma policial, y aprobada por unanimidad�, dijo el senador del Frepaso, Eduardo Sigal. �Pero (Eduardo) Duhalde vetó el artículo 56. El nombramiento como jefe de policía de un torturador es el resultado de ese veto. En la Comisión de Seguridad hay un proyecto de ley que reinstala este artículo, pero desde diciembre lo tienen durmiendo sin despacho�. El presidente de la comisión que mece la cuna del art. 56 es Horacio Román, del PJ, y de múltiples contactos con la cúpula de la Maldita Policía.
También hoy, la Cámara de Diputados tratará la renuncia de Martínez sobre tablas, además de avanzar en el pedido del diputado Espada, respecto a otro de los datos publicados por este diario: el aumento de los casos de tortura en las comisarías bonaerenses, denunciado por Amnistía Internacional. Entre los fundamentos del pedido, los diputados sostienen que �independientemente del resultado de la tramitación de la causa, en tiempos de la dictadura militar (...), no resulta menor la gravedad de los hechos allí investigados y probados con respecto a la aplicación de tormentos por parte de dicho funcionario�. Es decir, Martínez.
El prontuario de Martínez
El 29 de marzo del �78, un ciudadano alemán, de nombre Sigfrido, fue detenido por el oficial inspector Carlos Alberto Etchezahar, jefe del servicio de calle de la seccional 2ª de San Isidro, tras una denuncia de su ex mujer. Sigfrido fue conducido a la comisaría �sitio en el cual es interrogado más exhaustivamente�, aclaró en el acta el mismo Etchezahar. El acta del interrogatorio �exhaustivo� fue firmada por el jefe de la 2ª, comisario Oscar Mateo, y por el entonces oficial subinspector Raúl Eduardo Martínez, de 24 años. Recién cinco días después, Sigfrido fue llevado ante el juez Juan Carlos Dillon, juzgado penal 2 de San Isidro. En su ampliación declaratoria, Sigfrido denunció las torturas: entre otras, lo picanearon, lo quemaron con cigarrillos, y lo molieron a palos. Sigfrido reconoció con seguridad a Martínez y a Etchezahar. Dillon abrió la causa 23.818, y después de que dos pericias confirmaran la denuncia, ordenó la detención y procesamiento de los dos policías. El juez pidió a la policía que ubicara la picana. Obviamente, el adminículo eléctrico no apareció. Dillon consideró entonces que no había suficientes pruebas y resolvió el sobreseimiento. |
|