En una reunión que definieron como �de tono duro, pero respetuoso�, el presidente y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky y Martín Abregú, le pidieron al ministro de Defensa Ricardo López Murphy que el 24 de marzo de 2001, al cumplirse 25 años del último golpe militar, se lea en todas las unidades un mensaje oficial en repudio al terrorismo de Estado, que se coloquen placas recordatorias en los sitios donde funcionarios campos de concentración y que se retiren del Colegio Militar los retratos de los ex directores Jorge Videla y Reynaldo Bignone. López Murphy dijo que esas medidas eran atribuciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Fernando de la Rúa, y el CELS le pidió entonces que transmitiera su reclamo. En otro tramo de la conversación, Verbitsky y Abregú criticaron que el Ejército asuma roles que, dijeron, �corresponden a otras instancias del Estado y que no son admisibles en un sistema democrático�. Cuestionaron el papel activo del Ejército en el ascenso de militares que torturaron durante la dictadura, la solidaridad con los militares detenidos en los juicios de la verdad y por apropiación de menores y los intentos del Consejo Supremo por extraer de la competencia de la Justicia civil los juicios por apropiación de menores. �Yo asumo la responsabilidad absoluta por esas decisiones �dijo López Murphy. �Sean de quien sean, son una barbaridad �fue la réplica. Más adelante, el ministro insistió en que las Fuerzas Armadas �están absolutamente subordinadas al poder político�. �Esa subordinación la heredaron �dijeron Verbitsky y Abregú. �No, la consolidamos �dijo López Murphy. �No estamos de acuerdo. También provocó una discusión la afirmación de López Murphy de que �afrontamos dificultades presupuestarias y judiciales que el gobierno anterior no enfrentó�. �Lo de �presupuestarias�, está claro. ¿A qué se refiere con �judiciales�? �le preguntaron. �Hubo militares detenidos, y eso no se registró bajo el anterior gobierno. �¿Y Videla? �Fue por la causa de robo de bebés �repuso López Murphy. �Son decisiones de la Justicia igual que éstas. Como el ministro respaldó los ascensos, los directivos del CELS le señalaron que el ahora coronel Eduardo Daniel Cardozo �no puede salir del país para hacer la guerra, ni en misión de paz, sin que lo capture la policía, porque participó junto con el mayor Jorge Olivera en el secuestro y las torturas a la ciudadana francesa Marie Anne Erize�. �Me atuve a la ley �dijo el ministro. �No es cierto �dijeron sus visitantes�. En 1994 la Constitución fue reformada e incorporó tratados internacionales de derechos humanos que obligan a dejar fuera de las Fuerzas Armadas a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, incluso por encima de cualquier ley de impunidad. �Si quieren el retiro de Cardozo, plantéenlo formalmente �recomendó entonces López Mur-phy. El CELS también planteó como �preocupante� que los militares asuman roles sociales que no les competen en un sistema democrático, como la asistencia sanitaria o educativa. López Murphy distinguió entre planes de asistencia de social y el plan para financiar a reservistas para la defensa. Y agregó, sobre la comunicación del Banco Mundial al CELS de que no es posible utilizar los fondos del Plan Trabajar para tareas castrenses, que se pagarían con recursos de otro origen, que no especificó. Los representantes del CELS le señalaron que como ministro de Defensa estaba �incumpliendo con la ley de reestructuración de las FuerzasArmadas, que prevé un incremento anual del tres por ciento en el presupuesto militar y que lo compensaba desviando hacia esos fines fondos de asistencia social, lo cual es inadmisible�.
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