Por Nora Veiras
 La Comisión de Educación de la Cámara baja fue ayer el escenario donde el ministro Juan José Llach tuvo que explicar y defender su propuesta de Pacto Federal Educativo II. Cuando presentó el primer borrador a principios de junio, fueron los diputados aliancistas los que exigieron rectificaciones para avanzar en el diálogo. �En las definiciones estamos mejor, pero todavía falta mucho para el acuerdo�, dijo el frepasista Eduardo Macaluse, uno de los dos aliancistas que habló ante Llach. Los radicales optaron por el absoluto silencio. Los peronistas, en cambio, tomaron la posta de la confrontación y plantearon que la inversión propuesta por el ex viceministro de Domingo Cavallo es insuficiente. En la misma línea se pronunciaron ayer los ministros de Educación justicialistas.
Llach llegó a Diputados acompañado por los secretarios Andrés Delich (Educación Básica) y Juan Carlos Gottifredi (Educación Superior) y el subsecretario Gustavo Laies. El ministro advirtió que el sistema educativo corre �serio riesgo de fragmentación� debido a la disparidad que existe entre las provincias en la aplicación de la Ley Federal de Educación. Reconoció que para cumplir con la meta del 6 por ciento del PBI �que plantea esa norma� faltan alrededor de 4200 millones de pesos y después desglosó su propuesta para firmar un Pacto Federal II con vigencia hasta el 2007.
Este pacto permitiría, por un lado, reasignar recursos por un total de 1245 millones de pesos, por ejemplo, mediante la reducción del ausentismo excesivo de los docentes. Por otro, la Nación aumentaría la inversión en educación básica desde el nivel actual de 1223 millones a un mínimo de 1252 millones anuales integrados con 400 millones en programas de educación básica, 172 millones de pesos en remuneraciones de los institutos de formación docente y 680 millones de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A ello se agregaría un porcentaje del incremento de los recursos coparticipables y el incremento de inversión de las provincias.
La descripción del ministro provocó la reacción de las peronistas Cristina Fernández de Kirchner y Graciela Giannetassio.
�Usted describe un escenario de fragmentación y esto es consecuencia del criterio fiscalista con que se realizó la transferencia de escuelas cuando usted era viceministro de Cavallo. Usted también ocupaba ese cargo cuando se aprobó la Ley Federal de Educación en 1993 que prometía llegar al 6 por ciento del PBI. Si erraron antes con los cálculos, ¿por qué acertarían ahora? �dijo, desafiante, la legisladora santacruceña.
�No hay que mirar para atrás. Si quiere podemos dar esa discusión, pero este ámbito no es el adecuado �respondió el ministro ahora también oficialista.
La inclusión de los 660 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente en el llamado Fondo Sarmiento es uno de los puntos más cuestionados por el peronismo. Mientras Llach estaba en Diputados, los ministros de Educación de las 14 provincias gobernadas por el PJ debatían en la Casa de la Provincia de Buenos Aires una propuesta alternativa al Pacto. �Tenemos voluntad de rubricar el Pacto Federal. Es la herramienta de compromiso financiero fundamental y la base de un acuerdo indispensable para completar la aplicación de la Ley Federal�, explicaron con suma diplomacia los justicialistas encabezados por José Octavio Bordón y a renglón seguido establecieron las condiciones:
 La necesidad de cancelar la deuda del Pacto Federal I que es de 800 millones de pesos.
La coincidencia en desvincular del Pacto, el Fondo de Incentivo Docente que tiene su propia ley. �No corresponde establecer condicionalidades para la carrera docente y sus estatutos a través de este pacto�, concluyeron los ministros que la semana próxima le presentarán a Llach unacontrapropuesta. El ministro dice que él propone extender hasta el 2007 el incentivo docente en lugar de que caduque en el 2002 como prevé la ley.
Las metas del Pacto sintetizadas en la universalización del preescolar para los chicos de 5 años y progresivamente del Polimodal así como la reforma de la enseñanza media para terminar con los �profesores taxis� son compartidas por todos. La discusión como siempre sucede en educación es el financiamiento. Llach dijo que su par de Economía le garantizó que se contemplarán recursos para educación. Los peronistas retrucan que �en la Propuesta de Pacto Fiscal sólo aparece como nuevo criterio de coparticipación el financiamiento del sistema previsional�. El consenso parece más que arduo de alcanzar.
EL EX CANCILLER INVESTIGADO POR DISCRECIONALIDAD
Di Tella, preocupado por la imagen
Por A.M.
�Era un alto costo político para el país exonerar a (Fernando) Petrella�, aseguró ayer ante la Justicia el ex canciller Guido Di Tella para explicar por qué no inició un sumario contra su ex segundo en el cargo cuando fue procesado en el caso de la venta de armas. La causa se inició por la denuncia de un ex agente del cuerpo diplomático que fue exonerado durante la gestión de Di Tella en el Ministerio de Relaciones Exteriores y pidió que se investigue si el ex canciller incumplió con sus deberes porque no tomó la misma decisión con el entonces vicecanciller.
José Luis Gago integraba la planta de personal administrativo de la Cancillería. En octubre de 1995 fue denunciado ante el Consejo de Embajadores por el ex diplomático Oscar Spinoza Melo. Gago fue exonerado por el ex canciller a raíz de una denuncia que lo hacía aparecer como sospechoso en supuestas irregularidades económicas en el ministerio, pero la acción penal fue sobreseída y archivada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El denunciante sostiene que tras esa resolución judicial Di Tella debería haberlo reincorporado o tendría que haber adoptado con Petrella el mismo criterio que tuvo con él.
Durante la indagatoria �de la cual participaron el juez Claudio Bonadío (en reemplazo de Gustavo Literas, que está de licencia), el secretario Pablo Bertuzzi y el fiscal Carlos Rívolo�, Di Tella argumentó que no inició un sumario contra Petrella porque su procesamiento no estaba firme. Y agregó que él hubiera dado instrucciones en ese sentido si la Cámara Federal porteña hubiera ratificado la medida dictada por el juez Jorge Urso. Petrella era embajador argentino en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando fue procesado por ocultamiento de pruebas en la causa sobre la venta ilegal de material bélico a Ecuador y Croacia.
Di Tella señaló que estaba dentro de sus �facultades discrecionales� abrir un sumario a Petrella para determinar si había ocultado un informe del embajador argentino en Perú, Arturo Ossorio Arana, que alertaba sobre el posible envío de armas a Ecuador, cuando ambos países combatían en la �Guerra del Cóndor�. Además, indicó que él también estaba imputado en la misma causa �el viernes fue procesado� y dio a entender que si exoneraba a Petrella tendría que haber renunciado a su cargo. El ex funcionario agregó que tomó la decisión tras consultar a la Dirección de Asuntos Legales y de Sumarios de la Cancillería, por lo cual los titulares de esas áreas podrían ser citados para comprobar los dichos de Di Tella.
Al ex canciller se le imputó haber violado la Ley Orgánica del Servicio Exterior, pero él sostuvo que, cuando se trata de funcionarios de categoría A como Petrella, esa norma establece que es una facultad discrecional iniciar o no un sumario administrativo. Una fuente cercana al caso explicó a Página/12 que el denunciante Gago pertenecía a una categoría inferior por lo cual su caso no es comparable al de Petrella. Sin embargo, los investigadores analizarán otras seis situaciones que sí son similares para tratar de establecer si la �discrecionalidad� de Di Tella fue selectiva como sostiene Gago.
El abogado Carlos Daray señaló que su cliente �contestó todas las preguntas que le formuló el juzgado y el fiscal� y que la causa no debería provocar otras consecuencias para el ex canciller que el hecho de haber comparecido a declarar. El letrado recordó que entre las funciones que cumplía Petrella en la ONU figuraba la cuestión Malvinas y consideró que �hubiera significado un desprestigio� someter a una investigación interna al ex embajador.
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