Desde que Jimmy Carter los introdujo como un elemento de política exterior, Estados Unidos siempre ha tenido dificultades en reconciliar los derechos humanos con su seguridad nacional. Confrontado con este dilema, ayer el presidente Bill Clinton tomó la ruta más usual: ignorarlos. El martes había llegado a su escritorio un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, que enviaba 1300 millones de dólares para la lucha �antidrogas� en Colombia. Técnicamente, la ayuda norteamericana estaba sujeta a que Bogotá implementara una serie de medidas para frenar los atropellos del Ejército y los paramilitares. Eran cinco condiciones, de las que el presidente Andrés Pastrana sólo ha cumplido una. Pero la guerra colombiana es cada día más un �interés de seguridad nacional� para Washington. Ayer Clinton no tuvo dudas: aplicó un waiver y firmó la ley. Al intensificar la guerra, los vecinos de Colombia temen que la ayuda norteamericana lleve a enormes desplazamientos de civiles o, incluso, de guerrilleros y narcos. En Estados Unidos, sin embargo, las críticas se centraron en la cuestión de los derechos humanos. Clinton intentó anticiparlas al recalcar que �seguimos muy preocupados sobre los derechos humanos en Colombia�. Pero pocos le llevaron el apunte. El director para América latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, disparó que �ni una sola de las condiciones de derechos humanos se ha cumplido�. Además de las prioridades de seguridad nacional, Clinton tenía un motivo adicional para firmar la ayuda con prontitud: el 30 de agosto comenzará la visita de Estado a su aliado colombiano. Curt Goering, vicedirector de Amnesty International, resumió que �se ignoró el vínculo entre militares y paras, las matanzas y desplazamientos masivos: es una catástrofe humanitaria�. Los países de la región parecen estar de acuerdo, si bien por motivos más prosaicos. Como admitió hace tiempo el delegado especial para las Américas de la Casa Blanca, Kenneth McKay, �nosotros sabemos que si tenemos éxito en Colombia, la presión será mucho mayor en Perú, Ecuador y Bolivia�. También está Venezuela, que ayer criticó abiertamente al Plan Colombia. El canciller José Vicente Rangel subrayó el peligro de una �ola de desplazados� hacia su país. En efecto, para la región el Plan Colombia de Bogotá será problemático tanto si fracasa como si triunfa. Inevitablemente, la ayuda norteamericana intensificará al conflicto, lo que hace posible (al margen de posibles atrocidades) grandes migraciones de civiles huyendo de los combates. Y si el plan tiene éxito, si logra erradicar a la droga y la guerrilla de las selvas del sur colombiano, éstos se replegarán a países vecinos, especialmente Ecuador (por la patética debilidad de sus Fuerzas Armadas) y Brasil (por la extensión de su frontera). Ya se ven reacciones preventivas. Hace poco Ecuador transfirió el grueso de su Ejército a la frontera colombiana, lo que, al desguarnecer el frente peruano, ilustra las nuevas prioridades regionales que está generando el Plan Colombia. Brasil, por su parte, ordenó la construcción de una cadena de bases militares en su frontera e inició una compra de helicópteros franceses para patrullarla. Incluso Perú, con un Ejército y servicio de inteligencia expertos en combatir �narcoguerrillas�, consideró prudente elevar a 2000 su nivel de tropas en la frontera. El gobierno colombiano desestimó estos temores. Consideró absurdo que se hablara de una escalada por parte del gobierno en momentos en que los rebeldes se abastecen a gran escala de armas en el mercado negro. �No se oye de la carrera armamentista de la guerrilla�, se quejó el canciller Fernández de Soto. Sugestivamente, los organismos de seguridad colombianos fueron muy generosos esta semana en filtrar su información sobre este comercio. Según esas versiones, las armas entran a Colombia por 20 rutas internacionales desde Africa, América, Africa, Asia y Europa. Y, una vez dentro del país, se distribuyen por 30 rutas clandestinas a guerrilleros y paramilitares.
|