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MARIA JULIA FUE PROCESADA POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Y ya van dos de los emblemáticos 

Galeano consideró no justificado el incremento patrimonial de la ex funcionaria menemista. Le trabó embargo por tres millones de pesos y estimó �poco probable� que Alsogaray hubiera recibido una donación de su padre. María Julia sigue libre, pero podría ser condenada a prisión.

María Julia Alsogaray en los Tribunales de Comodoro Py. Ayer la procesaron por primera vez. Pero tiene, como corolario de su carrera política, cerca de una veintena de causas abiertas.

Por Irina Hauser

t.gif (862 bytes) �María Julia Alsogaray no cumplió con el deber de justificar suficientemente el aumento apreciable de sus bienes durante el ejercicio de la función pública^.� Con esta y otras explicaciones, el juez Juan José Galeano resolvió procesar a la ex secretaria de Recursos Naturales por haber amasado un enriquecimiento ilícito de 2,5 millones de pesos aprovechándose de los cargos que ocupó entre 1985 y 1998 y por haber falsificado documentos con el afán de aparentar que el origen de su fortuna era legítimo. Además, le trabó un embargo de 3 millones de pesos. Para llegar a estas conclusiones se basó en la investigación impulsada desde 1998 por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
�Teniendo en cuenta el notorio aumento de su patrimonio y nivel de gastos comparando el inicio y el fin de su actividad como funcionaria�, dice la resolución, María Julia es culpable de enriquecimiento ilícito y de falsificación de documento privado. A principios de la década declaraba ante la DGI apenas 10 mil pesos que se fueron inflando abruptamente. Para volverse rica, dice el juez, la ingeniera contó con la complicidad del empresario Martinenghi �amigo del ex presidente Carlos Menem�, a quien también procesó. Sugiere, incluso, que en un sentido similar colaboró su padre, Alvaro Alsogaray, al consignar donaciones de 1.400.000 pesos que, según sus declaraciones de bienes, no podría sustentar. Al ex diputado de la UceDé, sin embargo, Galeano no le adjudicó delito alguno. 
Siguiendo el planteo de los fiscales, el magistrado concluyó que María Julia utilizó todo tipo de artilugios para ocultar su crecimiento patrimonial y �oscurecer el rastreo� de sus operaciones: �Compras en comisión, donaciones, anticipos de herencia, adquisición de mutuos hipotecarios, exteriorizaciones impositivas, constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales, operaciones de significativo valor abonadas en efectivo�, ejemplifica Galeano. 
En realidad este expediente contra la ex interventora de Entel y Somisa data de 1993. Según consigna el juez, ya en 1991, cuando quedó en evidencia el primer dato clave de su enriquecimiento al comprar el petit hotel de 650 metros cuadrados, valuado en cerca de un millón de dólares donde vive en Barrio Norte. La primera denuncia, que fue hecha por un militante radical, le achacaba a la ex polifuncionaria gastos insólitos, desde la fiesta de sus 47 años por 200 mil dólares, pasando por joyas y vestidos carísimos, hasta viajes breves por 30 mil que no podría haber pagado con los 3000 a 5000 pesos que ganaba como funcionaria. 
Por aquella época, cuando la DGI le reclamó una deuda impositiva, María Julia afiló los dientes y acusó a su entonces contador, Ernesto Furlone, de haberse quedado con 320 mil pesos que ella le había confiado para que le pagara lo que debía al ente recaudador. Más aún, en las declaraciones rectificativas de impuestos que entregó en ese momento, justificó la compra de su mansión aludiendo a un pago de medio millón de pesos por supuestas tareas de asesoramiento a la empresa Astilleros Alianza, de Martinenghi. 
Convenio fantasma. Los honorarios de Astilleros Alianza fueron uno de los primeros fundamentos que utilizó Alsogaray para justificar su fortuna. A entender de Galeano, el convenio entre María Julia y la empresa no existió y el contrato es falso. Sostuvo que fue �una maniobra orquestada en el año 1994 por la imputada con la colaboración de Arnaldo Martinenghi� para �justificar el incremento patrimonial�. Por empezar, la empresa del amigo de Menem estaba quebrada. El contrato, dice el juez, �carece del sellado vigente a la fecha en que se habría celebrado, lo cual hubiera permitido acreditar que se confeccionó en 1991�. A eso suma que Alsogaray recién diera cuenta de él en 1994; que el directorio de Astilleros Alianza nunca trató la contratación y que ni sus propios directores la conocían; que no hay registros contables del pago ni documento alguno que informe en qué consistió el trabajo de Alsogaray. Para peor, el astillero consignóque la plata para María Julia provenía de un préstamo de la empresa panameña Zeal International Corporation que jamás reclamó la deuda. 
Gastos reservados. Al ser indagada, María Julia dijo que recibió fondos reservados del Gobierno como una �retribución complementaria�, a través de entregas de dinero en efectivo, al amparo de la ley secreta 18.302 y nunca aprobados como partida para el área de Recursos Naturales. Reconoció que recibió entre 20 mil y 40 mil pesos por mes y que parte los usaba para consumo personal. Pero el juez dice que en este caso tampoco hay respaldo documental que avale que ese dinero le fue entregado como funcionaria. 
Donaciones jugosas. El fundamento de la donación de 863.769 pesos de su padre, parte en efectivo y parte transferido a su cuenta de la sucursal de Montevideo del Banco de la Nación Argentina, también es cuestionado por Galeano, teniendo en cuenta que �de la lectura de la declaración jurada de Alvaro Alsogaray del año 1991 remitida por la Cámara de Diputados (que no tuvo variaciones hasta 1999) no surge que se encontrara en situación económica tal que le permitiera efectuar las donaciones cuestionadas�. María Julia dijo que desconocía el origen de la plata, pero sabía que era dinero exteriorizado. Galeano dice que cree �poco probable que el dinero haya pertenecido a su padre�. En cambio, cree que ella �lo utilizó�. 
Operación blanqueo. Según el juez la firma familiar Pincar, que presidía Alsogaray padre, fue utilizada para blanquear 450 mil pesos �que en realidad no pertenecían a la misma�. Hasta 1996 María Julia tenía el 10 por ciento de las acciones de esa firma y justo cuando se transformó en la accionista mayoritaria, Pincar llevó a cabo una exteriorización de letras de tesorería que la hizo saltar de tener 68.404 pesos a 575.771. Más aún, fue después de esa operación cuando la ex funcionaria retiró 450 mil pesos de ganancias. Esas utilidades le permitieron pagar su suntuoso departamento del Essex House de Nueva York, frente al Central Park. 
Para Galeano, la firma familiar, que administraba tres inmuebles, nunca pudo haber registrado semejante ingreso. La exteriorización impositiva se hizo bajo el amparo de la ley 24.073 que desde 1992 habilitó a quienes tenían dinero oculto a blanquearlo en el exterior sin aclarar de dónde provenía. El juez dice que es éticamente objetable que Alsogaray hija se haya amparado en aquella legislación que da inmunidad a los evasores. 
Tarjeta roja. Los gastos provenientes de las seis tarjetas de crédito de Alsogaray, especialmente los de la curiosa extensión que le concedió a su peluquero Diego Impagliazzo (quien aún podría ser procesado), redondearon la acusación. María Julia llegó a gastar 228.539 pesos con tarjeta en 1998, con montos de hasta 41 mil pesos por mes y su peluquero llegó a 20 mil en 30 días. 
Hasta ahora, la funcionaria más mimada por Menem arrastraba una prohibición de salir del país por esta causa judicial. El enriquecimiento se castiga con 2 a 6 años de cárcel y la falsificación de documento privado, prevé de 6 meses a 2 años de prisión. No está descartado que pueda ir presa en el juicio oral. O que le compliquen la existencia la veintena de causas con que carga. 

 

 

Claves

María Julia Alsogaray fue procesada como culpable del delito de enriquecimiento ilícito con un embargo de 3 millones de pesos. 
También fue acusada por falsificación de documento privado. 
A comienzos de la década declaraba un patrimonio de 10 mil pesos. Su fortuna ahora asciende por lo menos a 2,5 millones. 
Según el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, la ex secretaria de Recursos Naturales no justificó en forma satisfactoria cómo se hizo rica durante los años en que fue funcionaria. 
La resolución dice que utilizó todo tipo de estrategias para disimular el origen ilícito de su patrimonio. 
Mientras dure el proceso no podrá ocupar cargos públicos. 
También fue procesado como cómplice el menemista Arnaldo Martinen- ghi. 
El padre de María Julia, el dirigente de la UCeDé Alvaro Alsogaray, aparece involucrado, pero no se le imputa ninguna falta. 
Sólo en el juicio oral y según la suerte que corra en otros expedientes se definirá si va presa. 

A vos no te fue tan mal

Los 13 años que María Julia Alsogaray pasó en la función pública dejaron una notable huella en su patrimonio. En 1988, a sólo tres años de haber sido elegida diputada por la Unión de Centro Democrático (UCeDé), sólo tenía un departamento en la calle Riobamba 1236, una cochera en el mismo edificio y dos autos, un Mercedes Benz del año �80 y un Renault 18 Break modelo 82. En 1999, después de haberse desempeñado como interventora en ENTel, secretaria de Recursos Naturales e interventora de Somisa, los bienes de María Julia se multiplicaron casi milagrosamente: un departamento en Basavilbaso 1396; otro en Junín 1441; una casa en Junín 1435, más la cochera respectiva; una bóveda en el cementerio de la Recoleta; dos oficinas en Riobamba 1224; un automóvil Mercedes Benz C 180, modelo 1996; bienes del hogar por un valor de 200.000 pesos y un departamento doble en frente del Central Park de Nueva York. En la resolución firmada por el juez Juan José Galeano también se destaca el aumento de los gastos de las tarjetas de crédito a nombre de Alsogaray: mientras que en 1991 los totales sumaban apenas 23.325 pesos, siete años más tarde alcanzaban 228.539 pesos. Todavía hay más. En 1996 invirtió en las sociedades Cadesym SA, Safip SA, Guandacay SA, Gnomo SA, Pincar SA y Purple Cross. Dos años después, María Julia se presentaba como la propietaria de cinco departamentos en Nueva York valuados en 4 millones de dólares. 

 

 

opinion
Por Washington Uranga

Sensación corrupta

Las encuestas, pero también la calle, dicen que a raíz de las denuncias sobre presunta corrupción en el Senado existe en una parte importante de la ciudadanía lo que podríamos llamar �sensación de corrupción�, que es previa, quizá totalmente autónoma, a la comprobación real y efectiva de los hechos que se ventilan. La sensación de corrupción guarda con la corrupción una relación similar a aquella que la sensación térmica tiene con la temperatura.
Esta sensación tiene un costado legítimo: habla del hastío que le produce a buena parte de la gente comprobar que los hechos de corrupción no cesan mientras sus autores permanecen en la más absoluta impunidad. Se agrega a esto que el gobierno actual, que llegó enarbolando las banderas de la lucha contra la corrupción, no sólo ha tenido en sus propias filas claudicaciones en la materia sino que ha hecho realmente poco para castigar a quienes defraudaron y robaron en otro tiempo. Si a todo esto sumamos el desprestigio que hoy acarrean los políticos, se explica por qué ahora esta sensación de corrupción termina depositándose sin atenuantes sobre ellos. 
Es bueno que la ciudadanía demuestre su malestar y lo haga público. Faltaría, sin embargo, que la indignación se transformase en energía positiva para denunciar nuevos hechos, exigir justicia y demandar de los dirigentes pasos eficaces que contribuyan a la construcción de relaciones ciudadanas, sociales, políticas y económicas, saneadas. 
Pero no es éste el único costado a considerar. Esa misma sensación señalada antes tiende a la condena en bloque de todas las acciones políticas y de todos los actores políticos. En esto tienen gran responsabilidad los medios de comunicación y los periodistas que, en muchos casos, prefieren adjetivar o titular a modo de grandes gendarmes de la moral pública en lugar de denunciar informando y colaborando para que las audiencias puedan formar su propio juicio sobre los hechos. Condenar en bloque, sin profundizar en lo sucedido, no ayuda a la justicia y tampoco aporta elementos para superar la situación. Descalificar también en bloque a la dirigencia política no contribuye al mejor ejercicio ciudadano, a la construcción de una democracia más sana y, lo que es más grave, termina favoreciendo a los verdaderos responsables, si los hubiera, porque pueden esconderse en el anonimato que les ofrece la descalificación genérica. Porque más allá de las sensaciones, la corrupción sólo se combate con una justicia eficaz y generando nuevas formas de participación ciudadana.

 

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