Por Victoria Ginzberg
 Ricardo Miguel Cavallo no podrá completar su viaje de México a Argentina, donde pretendía refugiarse para no ser juzgado por los crímenes que cometió cuando era parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. El juez español Guillermo Ruiz Polanco, quien reemplaza a Baltasar Garzón, envió a México la orden de detención con fines de extradición contra el represor. Además, el magistrado francés Roger Le Loire pidió interrogarlo por la desaparición de las monjas francesas y por su vinculación con el Centro Piloto de París. Antes de ser beneficiado por el Punto Final, Cavallo estuvo a punto de ser procesado por 226 violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones de las ciudadanas francesas Alice Domond, Leonie Duquet y la sueca Dagmar Hagelin.
Después de un par de reuniones en las que los dirigentes de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid le manifestaron a Polanco la importancia de capturar a Cavallo antes de que se escapara a Buenos Aires, el magistrado resolvió �decretar la prisión provisional comunicada� del represor, librar �la orden nacional e internacional de búsqueda y captura a efectos extradicionales� y �solicitar a las autoridades de México la detención preventiva� de Cavallo. Desde Interpol, sección México, confirmaron la recepción de la solicitud de la Justicia española. Ahora, el caso pasará a manos de un juez mexicano que tendrá a su cargo el proceso de extradición.
El abogado Manuel Ollé, especialista en este tipo de trámites y abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, explicó a Página/12 que �existe un convenio desde 1980 entre España y México y a partir de que se le notifique a Cavallo la orden de detención, las autoridades españolas tienen 45 días para iniciar formalmente la demanda�. Ante la inicial reticencia de Polanco para tomar una decisión en ausencia de Garzón, diversas agrupaciones de derechos humanos se movilizaron para evitar que Cavallo �que estaba detenido por una violación a la Ley General de Población y no podía quedar en esa situación más de 48 horas� fuera puesto en libertad y huyera hacia Argentina.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos mandaron a Interpol documentación con testimonios de sobrevivientes de la ESMA aportados en el juicio a las Juntas y en la causa por terrorismo y genocidio que lleva adelante Garzón. Escribieron que esperaban que su aporte �sirva para confirmar la necesidad de que este sujeto permanezca detenido a fin de que pueda actuar la Justicia�. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Buena Memoria expresaron mediante escritos a Polanco su apoyo al pedido de extradición contra el represor. La abogada María José Guembe, del CELS, patrocinó a la hija del desaparecido Iván Roqué �que vive en México� en una petición para que Cavallo no quedara en libertad. Pilar Calveiro, sobreviviente de la ESMA, hizo una solicitud similar. Con igual propósito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México abrió una queja de oficio. Finalmente Polanco se decidió a pedir la detención de Cavallo. Según informó la prensa mexicana, Garzón habría participado en la decisión. El juez habría sido localizado por la policía mexicana en el lugar donde está veraneando y se habría interiorizado informalmente del caso. Desde el lunes, Garzón estará nuevamente a cargo del expediente.
Pero Cavallo �hasta ahora director del Registro Nacional de Vehículos de México� también deberá responder ante otros jueces. La abogada Sophie Thonon confirmó que el magistrado francés Le Loire quiere interrogar a Cavallo, que ya confesó ser el mismo que los organismos de derechos humanos tenían en sus listas como Miguel Angel. El represor, que usaba los alias de �Marcelo� o �Sérpico� puertas adentro del horror de la ESMA, fue imputado antes del Punto Final por el fiscal Julio César Strassera por 226 casos.
�Estamos satisfechos pero es un bochorno que estas personas tengan que refugiarse en nuestro país. Demuestra que hay que modificar las leyes de impunidad y que debe cumplirse la orden de arresto contra los 48 represores que envió la Justicia española a Buenos Aires�, manifestó el abogado argentino Carlos Slepoy.
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opinion
Por Daniel A. Stragá * |
| De torturador a �cuadro�
La detención del ex mayor abogado Olivera en Italia, acusado del secuestro, tortura y desaparición de Marie Anne Erize, debe ser analizado como un duro golpe al militarismo que promueve Brinzoni y permite el ministro López Murphy.
Olivera no es un represor retirado cualquiera. No ha optado por irse �a cuarteles de invierno�. Olivera se metamorfoseó en un elegante abogado de la causa militar. Primero, y aún con jinetas, como �carapintada�. Después, ya letrado, como defensor de Suárez Mason, y Erik Priebke.
Olivera es �o ha sido� parte exponencial de la avanzada ideológica castrense tendiente a disputar la lucha de los organismos de DD.HH. en el campo de las ideas. �Inventó� acciones contra el Estado, poniendo en un pie de igualdad a las víctimas de la represión con las víctimas de la �subversión�. A las indemnizaciones que correspondían a familiares de asesinados por las fuerzas armadas, de seguridad y los paramilitares, por ley 24.411, Olivera contrapuso las acciones resarcitorias de los familiares de muertos por Montoneros y ERP. Para su concepción jurídica, la guerrilla es equiparable a la Triple A y a los guerrilleros ratas que había que eliminar de cualquier manera. Presentó 123 causas de este tenor a los tribunales en el mes de junio.
Por añadidura, mientras los familiares de detenidos desaparecidos bregan por saber qué sucedió con los suyos, Olivera los contrapesó con �juicios de la verdad� de la gran familia militar. No dudó en utilizar la jurisprudencia de la causa iniciada por los familiares de Santucho y Urteaga con el mismo maniqueísmo usado por Videla cuando, justamente en esa causa, se amparó en convenios internacionales de DD.HH. para negarse a declarar.
Olivera no era un ordinario represor. No es el Turco Julián. Es un �cuadro de la derecha� que ha diseñado una estrategia que reivindica el genocidio, y coloca a los militares en posición de víctimas, retornando otra vez a controvertir el armazón ideológico de los derechos humanos.
Olivera piensa como sus camaradas que los militares ganaron la guerra contra la insurgencia, pero perdieron la guerra ideológica. El objetivo de su accionar pensante era lograr revancha en ese campo de Marte de las ideas. Más que un peón cayó un alfil, y más que un mayor, un coronel. Más que alegrarse porque cayó un torturador y asesino del pasado, debemos alegrarnos porque cayó un ideólogo del presente, casi tan peligroso con la pluma como con la picana.
* CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). |
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