Por Adriana Meyer
 �A fin de llevar adelante la práctica sistemática (de sustracción de menores), es evidente que el imputado (Santiago Omar) Riveros utilizó a sus subordinados para asegurar el éxito de la misma, a modo de brazos ejecutores sin los cuales la compleja maniobra ilícita pergeñada hubiera fracasado.� El juez federal Adolfo Bagnasco llegó a esta conclusión y resolvió procesar al represor como autor mediato de ese delito, cuando era comandante de Institutos Militares. El magistrado lo embargó en un millón de pesos y transformó en prisión preventiva la detención del general, quien de todos modos seguirá cumpliendo el arresto en su domicilio de Belgrano.
Riveros fue la máxima autoridad del centro de detención El Campito que funcionó en la unidad militar de Campo de Mayo, y se le imputan tres casos de nacimientos que se produjeron en forma clandestina en el sector Epidemiología del Hospital Militar que funciona allí. Las parturientas estuvieron alojadas en ese campo de concentración �bajo la injerencia del imputado�, dice el juez en su resolución. Tanto ellas como sus hijos permanecen desaparecidos.
Liliana Delfino fue secuestrada el 19 de julio de 1976 y, según el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), dio a luz mientras se encontraba en cautiverio en El Campito. Norma Tato fue secuestrada el 14 de abril de 1977 cuando se encontraba embarazada de cinco meses, según la denuncia de su padre Manuel Tato. Según el testimonio de dos sobrevivientes, la mujer tuvo un varón y luego fue llevada al pabellón I sin su bebé. Este nacimiento se produjo a fines de junio de 1977, y los testimonios indican que Tato fue trasladada una semana después. Silvia Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977, cuando estaba embarazada de tres meses. Un testimonio asegura que su hijo nació en el Hospital Militar de Campo de Mayo y que volvió a El Campito sin él.
Las madres que dieron a luz en Epidemiología estaban desnudas, cubiertas apenas con una sábana, con las manos atadas a la cama y los ojos vendados, según declararon en el expediente las enfermeras que las asistieron. Tenían instrucciones de no registrar el nacimiento y de no hablar con las detenidas. Uno de los testimonios más importantes de esta investigación fue el del ex director del Hospital Militar, Agatino di Benedetto, quien reconoció que allí atendieron a mujeres embarazadas que estaban detenidas. El sobreviviente Juan Carlos Scarpatti afirmó que Riveros visitó en dos oportunidades el centro clandestino, mientras que la enfermera María Estela Herrera aseguró que el médico Norberto Bianco le dijo que �cumplían órdenes del Comando de Institutos Militares a cargo de Riveros, quien a su vez las recibía del comandante en jefe del Ejército, por entonces el general Videla�. La testigo agregó que �a dichas mujeres se les aplicaba una inyección para cortar la lactancia porque no iban a amamantar a sus niños�. La enfermera Elisa Martínez declaró que �los bebés no eran colocados sobre el pecho de la madre, ya que les cortaban el cordón umbilical y se los llevaban�.
El otro testimonio al que Bagnasco asignó vital importancia es al del ex jefe del Ejército, general Martín Balza. �Todo lo relacionado con el objeto de esta investigación no responde y no se ha producido como consecuencia de actos esporádicos y aislados entre sí, sino que fue dispuesto por una autoridad con un alto nivel de decisión del Comando de Zona 4�, declaró el militar. Ese sector del país estaba bajo el mando de Riveros.
En su defensa, el represor había esgrimido que fue el autor de la orden de operaciones del Estado Mayor del Ejército con las �normas a seguir en caso de la aparición de menores con motivo de las operaciones contra la subversión�, donde se ordenaba la entrega de los mismos a los familiares. �Justamente se cuestiona que esa norma, como se verificó, de modo alguno fue cumplida�, escribió Bagnasco. Riveros había hablado de �supuestasmadres� para refutar los testimonios que hay en su contra, pero el juez entendió que esos elementos de prueba debían ser apreciados en el marco de la característica de clandestinidad del sistema analizado.
El procesamiento de Riveros �con el cual suman once los represores que serían juzgados en el juicio oral� tiene un significado adicional. Su defensor, el ex funcionario de facto Florencio Varela, elaboró un informe sobre los casos de restitución de menores por las Fuerzas Armadas para intentar invalidar la hipótesis del plan sistemático de apropiación de menores que las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron en diciembre de 1996. Lo presentó en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, el mismo lugar donde se pronunciaron las opiniones más fuertes en contra de este proceso. �Son los mayores exponentes de la batalla ideológica y jurídica que se está librando�, comentó una fuente del caso en relación al letrado de los uniformados y a su cliente.
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