Por Cledis Candelaresi
 Las autotransportistas de larga distancia Flecha Bus, Andesmar y Crucero del Norte podrían ser ya mismo privadas de sus licencias, en tanto que Almirante Brown está en condiciones de ser sumariada, si el Gobierno tuviese en cuenta algunas presuntas irregularidades cometidas por ellas. Esta conclusión es parte de un trabajo que diputados de la Alianza realizaron sobre información que las propias empresas presentaron ante el órgano regulador. El análisis de estos datos abonó en el Congreso la sospecha de que algunos de los pocos transportistas en situación de bonanza violan sistemáticamente la legislación laboral o fundan su prosperidad en actividades totalmente ajenas a este negocio, como el supuesto tráfico de elementos prohibidos.
A través de la resolución 405/99, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte exigió a todas las empresas enviar �en un plazo perentorio� información acerca de sus estructuras de costos, para constatar si ésta era consistente con la actividad que realizaba cada una de ellas. De las 152 empresas obligadas por la norma, 43 (en algunos casos de gran peso relativo) no presentaron ni un papel. Pero según consta en un reciente informe del ente, al que accedió Página/12, muchas de las que sí abrieron sus datos no pudieron demostrar una relación razonable entre sus recursos y el servicio que prestan.
Con una recaudación anual de 28 millones pesos, y el traslado de un millón de pasajeros por año, Flecha Bus es una de las firmas más exitosas. Pero a la CNRT se le hizo imposible desmenuzar su negocio, ya que la empresa omitió sistemáticamente todos los horarios en el que su personal toma y deja un servicio, negándoles a los reguladores información clave para evaluarla. En el caso de Andesmar, los reguladores detectaron superposiciones horarias, un mismo vehículo utilizado en distintos servicios o un mismo chofer saliendo simultáneamente desde distintos lugares, amén de servicios de la extensión Mendoza-Río Gallegos cubierto por un solo conductor, cuando la legislación vigente impone una tripulación más numerosa. Falta semejante a la cometida por Crucero del Norte que, además, estaría utilizando ómnibus no habilitados: sobre 61 unidades tiene declaradas sólo 49.
Almirante Brown, en tanto, habría omitido incluir nada menos que 35 vehículos y, además, también estaría realizando servicios no autorizados. Por esas transgresiones, la CNRT labraría un sumario por declaración jurada falsa, seguido de la correspondiente denuncia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Estas transgresiones la harían pasible de un sumario por declaración jurada falsa y merecedora de una denuncia ante la AFIP.
En rigor, la CNRT sólo analizó una parte de la información recibida, tarea que prevé concluir en dos meses. Pero de las 17 empresas relevadas, sólo 6 demostraron una aceptable estructura de costos. Los diputados aliancistas Ricardo Vago y Juan Carlos Farizano fundaron en estos datos un proyecto de ley para declarar en emergencia a todo el sector y suspender por treinta días la asignación de nuevas licencias. Para los parlamentarios, esto refuerza la presunción que en los últimos años contaminó la actividad: o las firmas evaden aportes patronales (declarando que tienen menos personal del real) o exageran su actividad para justificar ingresos que provienen de una actividad ajena al transporte de personas.
Desde que en 1992 el mercado se desreguló, se multiplicaron las prestadoras y las frecuencias se concentraron en pocas manos. Una treintena de firmas tradicionales se desbarrancó, mientras que unas pocas acumularon licencias. En los considerandos de aquel proyecto legislativo se ofrece un ejemplo de esa concentración. Flecha Bus, Urquiza y Almirante Brown compraron las quebradas Chevallier y Micromar, florecientes en otra época.
LA CRISIS DE LA AFTOSA LLEGO A BRASIL
La teoría del sabotaje
Pese al optimismo acerca de que a partir del 3 de septiembre el problema de la aftosa llegaría a su fin, el gobierno nacional debió prorrogar por 15 días más, hasta el 18 de septiembre próximo, la prohibición del movimiento de hacienda en todo el país.
La decisión fue tomada luego de que el secretario de Agricultura, Antonio Berhongaray, escuchara las sugerencias que en este sentido le hiciera el Comité de Seguridad Sanitaria. También se anunció el apoyo financiero del Banco Nación para los productores y frigoríficos damnificados. Paraguay participará de la próxima reunión de titulares de Agricultura del Mercosur, donde se buscará abordar una solución conjunta al problema.
La aparición de animales con serología positiva también en el sur de Brasil despertó en el vecino país las mismas sospechas de sabotaje que, para la Argentina, deslizó el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, hace una semana atrás. La sospecha del funcionario se funda en que el virus detectado no es del mismo tipo que el reaparecido en la Argentina y existente en Paraguay, lo que descarta la posibilidad de que haya ingresado a través de las fronteras. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde se mira hacia afuera para señalar a los culpables, el funcionario brasileño no dudó en considerar la existencia de una �inoculación criminal del virus�.
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