Por Laura Vales
 La Legislatura bonaerense maneja una caja paralela de más de 40 millones de dólares y una distribución del dinero por la que cada diputado y senador dispone de entre 30 y 40 mil pesos por mes. A través de esta caja negra, los legisladores reciben desde hace años increíbles sumas en efectivo por fuera del presupuesto. La existencia de estos fondos �especiales� ha sido mantenida en secreto por todas las administraciones, cualquiera fuera su color y la época.
En La Plata la llaman �la caja mágica� y su funcionamiento coexiste con un fenómeno: a pesar que desde 1997 la Alianza tiene mayoría en la Legislatura y todos los organismos de control de la provincia están en sus manos, tanto Eduardo Duhalde como Carlos Ruckauf han atravesado sus gestiones de gobierno acunados en las tranquilas aguas de una insólita convivencia pacífica entre el oficialismo y la oposición.
La caja fue creada por una ley �la 10.370� que se sancionó en tiempos en que el radicalismo gobernaba la provincia y fue modificada después, cuando el PJ fue mayoría, para poder reforzarla con nuevos aportes.
Ya en 1998 �con Duhalde como gobernador y el radical Francisco Ferro como presidente la Cámara baja�, el Congreso bonaerense gastó a través de ella 44 millones de pesos. De ese monto, 36.272.443 pesos fueron para los diputados y 8.154.075 para los senadores.
La cifra consta oficialmente en el Tribunal de Cuentas de la provincia. La caja mágica se siguió usando a todo ritmo en el �99, año en que la campaña reforzó las urgencias políticas. Y se sigue usando hoy.
�¿Cuánto recibe ahora cada diputado de estos �fondos especiales�? �preguntó este diario a un legislador de la provincia.
�No todo el paquete es para el financiamiento de la política �fue la respuesta�; a nosotros nos llegan 48 mil dólares por año, por diputado.
El que habla pide reserva de su identidad y asegura que es uno de los �castigados� de la Legislatura, esto es, de los que menos reciben. Del otro lado de la mesa de café, desliza sus sospechas sobre porcentajes de reparto ocultos y habla de internas y campañas pagadas desde las dos Cámaras.
�¿A esos 48 mil pesos ustedes los disimulan como nombramientos de personal político?
�No. Los dan para usarlos directamente. Para pagar el alquiler de los locales del partido, por ejemplo, o para cubrir otras necesidades. Algunos meses tuvimos que dejarlos para el fondo partidario.
Dinero fresco
La ley 10.370 fue sancionada el 28 de noviembre de 1985. En concreto, dispuso la apertura de dos cuentas especiales �una para Diputados y otra para el Senado� en el Banco Provincia. Desde entonces, allí se deposita dinero de orígenes diversos: de la venta de inmuebles, de los sobrantes del presupuesto del año anterior, de los aportes que quiera enviar la Gobernación, del efectivo que llegue desde el Tesoro de la Nación y de organizaciones no gubernamentales.
�¿Cuántos edificios vendió la Legislatura? �preguntó este diario a un funcionario con acceso directo a esas cuentas especiales.
�En realidad muy pocos. Como se imaginará, es raro que haya gigantescos sobrantes del presupuesto del año anterior. ¿Cuánto cree que depositan para el Congreso los organismos no gubernamentales? Digamos que en su mayor parte los fondos de los que hablamos son enviados por el Ejecutivo de la provincia. Y se reparten de manera pareja entre las tres bancadas.
Cada centavo se usa sin dejar rastros en el presupuesto. Los únicos que pueden autorizar estos gastos especiales son el presidente de la Cámara de Diputados �donde desde el �98 se alternan radicales y frepasistas� y el del Senado, en manos del PJ.
Como si se tratara de la bolsa del genio de Aladino, ambos presidentes acceden a dinero fresco de esas cuentas cuando quieren. No tienen quefundamentar para qué lo piden ni están obligados a explicar en detalle en qué lo usan. El único límite en el gasto está fijado por los acuerdos secretos entre el oficialismo y la oposición.
Y están legalmente autorizados para hacerlo: �Los presidentes de cada Cámara Legislativa �dice la ley en su artículo 2� harán uso de los fondos dispuestos por esta ley para satisfacer erogaciones, cualquiera sea su naturaleza y ejercicio�.
De esta manera, diputados y senadores tienen dos fuentes distintas de financiamiento. La primera, como en cualquier otra repartición, es el presupuesto. De allí sale el dinero para pagar las dietas, los sueldos de los empleados, los subsidios, las becas y todo lo necesario para el funcionamiento de las dos cámaras. El monto del presupuesto tiene difusión pública y cada año se conoce a través de los medios. Los fondos especiales de la ley 10.370 están totalmente al margen del presupuesto. Amplían la cantidad de dinero que la Legislatura puede gastar. Se rinden en una cuenta aparte que en los hechos queda oculta al conocimiento público. Y como se vio, el control sobre ellos es una cuestión meramente formal, ya que la propia ley autoriza a usarlos para lo que sea.
La dieta es lo de menos
El lunes 7 de agosto Carlos �Chacho� Alvarez les dedicó un durísimo párrafo a los diputados y senadores de la provincia: �Si desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se financia la política espuriamente, no se puede pretender desde ahí ponerle reglas a quien lleva un arma y siente que tiene poder�, le dijo a Página/12. El vicepresidente llegó incluso a comparar la corrupción de algunos miembros de la Legislatura con la de la policía bonaerense.
La embestida tuvo como respuesta el silencio de los principales dirigentes de la Alianza en el Congreso, y un tibio conato de protesta de los senadores del PJ, que amenazaron con reclamar públicamente una reunión con Alvarez para aclarar los tantos. El radical Francisco Ferro y el frepasista Alejandro Mosquera prefirieron mantener un perfil aún más bajo. Los dos se relevan, desde el �98, en la conducción de la Cámara de Diputados. Ferro la comandó primero. Mosquera lo reemplazó en el �99. Ferro volvió a ocupar la presidencia este año. Los dos manejaron, alternativamente, la llave de acceso a los fondos de la ley 10.370. Dicen los que conocen los secretos del Congreso que lo hicieron controlados de cerca por Osvaldo Mércuri (PJ) desde la vicepresidencia primera de Diputados, un cargo con atribuciones especiales creado a su medida en el �97, cuando debió apartarse de la conducción de la Cámara.
La falta de publicidad sobre estas cuentas tiñe de sospechas toda la administración de los dineros públicos que pasan por la Legislatura y abre interrogantes sobre el destino final del efectivo que todos los meses reciben los legisladores.
Según pudo documentar este diario, los diputados bonaerenses manejan cada mes entre 30 y 40 mil pesos:
 4700 en concepto de dieta, después de la rebaja que voluntariamente hicieron de sus ingresos hace menos de dos meses.
3300 para subsidios (el total es de 40 mil dólares por año).
2250 para becas a estudiantes.
1500 para el pago de su celular, si presiden una comisión de trabajo, cargo que �vale aclarar� ocupa la mitad de los 94 legisladores. Es decir que cada mes se gastan 64.500 dólares en celulares. O cada año 774 mil pesos.
12.570 para contratar a personal temporario. Sobre los sueldos de estos empleados se acaba de hacer un ajuste (ver aparte). Pero el destino de ese ahorro será decidido por los mismos diputados.
500 (en un cálculo magnánimo que se desprende del presupuesto) para pasajes.
4000 de fondos de la ley 10.370 u Una cifra variable �según quién sea el legislador� para hacer contratos de obra. Por ejemplo, para encargar encuestas o estudios encargados por las
comisiones de trabajo.
Los presidentes de las cámaras tienen a su vez una millonaria partida extra para subsidios.
Comisiones
Pero todo indica que existen, además, hay otros extras: �Son pagos en negro por presidir una línea interna partidaria �apuntaron dos asesores que, aseguran, presenciaron su entrega� y por ser presidente o vice de una comisión�. Un lugar que parece ser por demás apetecible.
Tanto que en los últimos tres años el número de comisiones fue creciendo sin pausas. La mitad de los legisladores �hay 92 diputados y 46 senadores� hoy son a su vez presidentes de una comisión: la Cámara alta tiene 29 y la baja, 42. El cargo depara una serie de beneficios adicionales, como el de tener más dinero para hacer nombramientos. Entre el presidente y el vice, de una comisión, según explicó el diputado Alejandro Mosquera a este diario, pueden hacer seis nombramientos por un valor total de 11.261 pesos. Será por eso que todos quieren tener la propia y a nadie parece importar demasiado si en hay dos que hagan el mismo trabajo. A modo de ejemplo, vale repasar algunos casos:
Las dos cámaras tienen una Comisión de Legislación General I y una Comisión de Legislación General II.
Diputados creó una para Asuntos Culturales y otra de Cultura y Educación. Una de Trabajo y otra de Políticas de Empleo. Una de Asuntos del Conurbano y otra para Asuntos Municipales.
�¿Qué diferencia hay entre una y otra?�, le preguntaron a Ferro en una entrevista radial a fines de mayo. �Parecería que fueran lo mismo�, fue la respuesta.
Con tanta comisión dando vuelta, el edificio del Congreso les quedó chico. Sobre todo para los diputados, que tuvieron que salir a alquilar oficinas al por mayor. En esos alquileres �de más de sesenta inmuebles� la Cámara gasta más de un millón de dólares por año, dinero que sale del presupuesto. A juzgar por las cifras que pasan a través de los fondos especiales de la ley 10.370, podrían parecer apenas monedas.
| Un ajuste muy selectivo
Hace menos de un mes, en el marco del ajuste, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Francisco Ferro, y el vicepresidente, Alejandro Mosquera, tomaron una drástica medida para hacer economía: dejaron a casi todos los empleados temporarios del radicalismo sin aguinaldo, sin antigüedad, sin derecho a tener vacaciones pagas y de paso, sin asignaciones familiares.
La medida abarcó a 350 personas, que perdieron su condición de empleados de la planta transitoria para pasar a ser simples contratados por el término de seis meses. En el camino, además de parte del sueldo, el aguinaldo y las vacaciones perdieron también la antigüedad y la bonificación por título secundario y universitario. Los empleados se enteraron de la novedad dos días antes de cobrar sus salarios recortados. |
| Un proyecto de resolución
El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Mosquera, dijo a Página/12 que presentó a mediados de la semana pasada un proyecto de resolución para derogar la ley 10.370. Y aseguró que lo hizo como parte de su larga lucha en favor de la transparencia. Mosquera fue quien manejó estos fondos paralelos cuando era presidente de la Cámara baja, durante todo el año �99.
�¿Cuánto pasó ese año por esa caja? �le preguntó este diario.
�No tengo los números en la memoria.
�Usted usó esos fondos. ¿Por qué recién ahora impulsa su derogación?
�Es parte de una pelea muy dura que tiene sus escalas �dijo Mosquera.
El viernes pasado, este diario pidió a Mosquera una copia del proyecto de resolución y su número. Y también precisiones sobre en qué día lo ingresó por la mesa de entradas del Congreso. El diputado no tenía encima una copia �estaba en la Capital�, no recordaba el número y dijo que la presentación había sido hecha �hace dos o tres días�. Ayer, Mosquera resultó inubicable: Página/12 habló con dos de sus asesores reiterando el pedido. No hubo respuesta. |
Una ex legisladora investigada por su crecimiento economico
El ingenio de Patricia Fernández
Por L. V.
En la Justicia de La Plata avanzan dos investigaciones sobre el nombramiento en la Legislatura bonaerense de ñoquis virtuales, el otorgamiento trucho de subsidios y la entrega de becas que nunca fueron cobradas por sus beneficiarios. Las pesquisas apuntan a dos ex diputados -una del PJ y otro de PAIS� y refleja los mecanismos más tradicionales del financiamiento ilegal de la política y el notable progreso económico de una diputada que hace cinco años vivía con muebles prestados y hoy atesora numerosas propiedades. Dice ella, la ex legisladora Patricia Fernández, que casi todo se explica porque recibió una herencia. Su denunciante, en cambio, corrige que fue por motivos bien distintos.
Silvia Di Donato vive en el partido de San Martín. Tiene cinco hijos. En 1996 comenzó a trabajar como empleada doméstica en la casa de Patricia Fernández, por entonces flamante diputada bonaerense del PJ de San Martín, donde hizo carrera de la mano del ex intendente Antonio Libonatti. Con el correr de los meses, la legisladora empezó a pedirle que, además de limpiar, la auxiliara en algunos trámites personales. Después sus funciones se ampliaron hasta cubrir algunas cuestiones vinculadas a la Legislatura. Dos años más tarde, Silvia se había convertido en una de sus personas de confianza. La diputada Fernández le pagaba por su trabajo 1500 pesos mensuales.
�Necesito que me prestes tus chicos para tramitar unas becas �le dijo una tarde, a mediados del `98.
A partir de entonces, tres de los hijos de Silvia recibieron una beca de 500 pesos cada uno. Pero todo el dinero, sostiene, quedó siempre en el bolsillo de su empleadora. Meses después, dos vecinas de San Martín agregaron sus vástagos a la lista de becarios. El trato habría implicado, esta vez, que recibieran un porcentaje mínimo del dinero.
A mediados del �99, la diputada Fernández le ofreció a Di Donato que pasara a trabajar con ella en la Legislatura. La nombró como relatora del cuerpo, con un sueldo de 1735 pesos. Y le aclaró que, en realidad, su función sería asistirla como una suerte de secretaria privada. Silvia nunca cumplió funciones dentro del edificio del parlamento, por expreso pedido de la legisladora. Pero firmó, junto con su designación, un papel en blanco que resultó ser un poder para que otros se encargaran de retirar su sueldo.
Cuando tuvo que cobrar el primero, la diputada alegó que había problemas con el presupuesto y que los pagos estaban demorados. A partir de entonces, la cuerda empezó a tensarse entre las dos. Al tercer mes de demora y sin cobrar todavía un solo peso, Di Donato le advirtió que iba a denunciarla ante la Justicia.
�Sabía muchas cosas de cómo se venía manejando�, asegura. Por ejemplo, que Fernández había nombrado también a su madre, a su hermano, a su cuñada y a una amiga, y que en realidad ninguno de ellos trabajaba. La diputada -según consta en la denuncia� solía justificarlo con esta frase: �Si la Cámara no puede poner en blanco lo que verdaderamente gano, yo no tengo la culpa�. Ante la Justicia, Di Donato agregó que Fernández se quedaba también con subsidios a través de fundaciones que eran un sello de goma y falsificando firmas de otros supuestos beneficiarios.
La denuncia, patrocinada por el abogado Horacio Carril, está en manos de la Unidad de Investigaciones Complejas de La Plata. El fiscal Esteban Lombardo ya comprobó que los nombramientos apuntados por Di Donato existieron, al igual que la entrega de los subsidios. Y se encamina a chequear ahora si esa gente �como se sospecha� nunca fue a trabajar y si las fundaciones eran en realidad una pantalla. Por lo pronto, como también se investiga si Fernández se enriqueció ilícitamente, la fiscalía reunió documentación que prueba que es propietaria �por lo menos� de cinco inmuebles.
Lombardo tiene a la par una segunda denuncia �formulada con identidad reservada� sobre maniobras similares, esta vez instrumentadas por el exdiputado Miguel Aselles. La denuncia señala que, desde diciembre del �95 a diciembre del �99, Aselles habría entregado subsidios a un grupo de amigos para asegurarse el reembolso de ese dinero. También que nombró a un pequeño ejército de ñoquis. En los dos casos, como se ve, las investigaciones se abrieron a pedido de particulares. Sin que ningún control interno de la Legislatura haya notado nada especial en estos nombramientos y entregas de becas y subsidios.
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