Por Horacio Verbitsky
 Gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de la Alianza, el 10 por ciento más rico de la población aumentó su participación en el ingreso en un 0,9 por ciento, esto es un ritmo de crecimiento de la concentración 12,5 veces mayor que el promedio de la década menemista, que fue del 0,088 por ciento anual. Como quien dice, a 180 por hora en 4 x 4. Estos datos oficiales de mayo de 2000 (*) desmienten la idea generalizada de que el presidente Fernando De la Rúa, el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro José Machinea sólo continúan la obra del ex presidente Carlos Menem y su superministro Domingo Cavallo. El progresismo que Alvarez y el ex presidente Raúl Alfonsín atribuyen a Machinea y su jefe de gabinete Pablo Gerchunoff tampoco resiste el cotejo con sus actos en la renegociación de los contratos con las empresas transportistas y distribuidoras de gas. Además de aceptar la ilegal indexación de acuerdo con el índice de precios mayoristas de los Estados Unidos, el decreto 669 firmado por De la Rúa, Machinea y el jefe de gabinete Rodolfo Terragno, implica una nueva estatización de deuda dolarizada por 300 millones de dólares en dos años, similar a la que hace dos décadas produjo Cavallo desde el Banco Central de la dictadura militar. Al margen de la caracterización ideológica y ética que merecen, estas bochornosas decisiones tornan ilusorio el mantenimiento a largo plazo de la convertibilidad, porque deterioran aún más la competitividad de la economía argentina. Sólo el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien denunció este ajuste ilegal, y la jueza federal en lo contencioso administrativo Clara Do Pico, que lo dejó cautelarmente en suspenso, impidieron por ahora la consumación de esta nueva escalada en la marcha forzosa hacia Guatepeor.
La peor de todas
En el mismo lapso (mayo 1999/mayo 2000, a caballo de los dos gobiernos) cayó la participación en el ingreso de los sectores medios en general y de los medios/bajos en particular, es decir la propia base electoral de la Alianza. Sólo quedaron a salvo los últimos orejones del tarro. Gracias a los programas nacionales y provinciales de empleo precario, becas y ayuda alimentaria, la población con ingresos menores a 150 pesos mensuales mantuvo su desmedrada situación anterior: 1,5 por ciento del ingreso, la peor desde que se mide. Como resultado, la brecha de ingresos entre la base y la cúpula de la estructura social es hoy la mayor del último cuarto de siglo: 24,8 veces, aún peor que la del hiperinflacionario 1989, cuando fue de 23,1 veces, y más del doble que en 1974, el último año de gobierno y de vida de Juan D. Perón, cuando fue de 12,3 veces. Los datos mencionados del INDEC se refieren a los 12 millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ese universo abarca un tercio de la población y la mitad del ingreso del país, lo cual le confiere una abrumadora representatividad nacional.
El único logro que el gobierno de la Alianza puede mostrar es una ligera disminución de la cantidad de hogares y de personas que quedan por debajo de la línea de pobreza. Eran el 25,1 por ciento de los hogares en mayo de 1999 y descendieron al 24,4 por ciento en mayo de este año. O dicho en porcentajes de población, disminuyó del 33 al 32,2 por ciento. �Esta situación no debe llamar a equívocos. La caída leve en la pobreza que se proyecta no es producto de una redistribución progresiva del ingreso�, señala Artemio López, quien ha sido consultado sobre estos temas tanto por De la Rúa como por Alvarez y por Graciela Fernández Meijide. Como se ve, las cifras son menos severas con la ministra de Desarrollo Social que sus compañeros en el gobierno y que el humor social, donde su imagen se ha ido a pique de un modo que torna improbable cualquier regreso, no por su gestión sino merced al indefendible caso Tonietto.
Santos abstenerse
Es cualquier cosa menos casual que el vicepresidente Alvarez, que apoyó sin dudas ni murmuraciones las medidas económico-sociales, haya elegido el momento en que sus efectos se reflejaban por primera vez en estadísticas oficiales para desencadenar su ofensiva sobre la clase política. La corrupción de los representantes es un dato estructural del sistema. Lo que la ha tornado intolerable es la extensión y profundidad de la crisis. No es un hecho menor que la ley cuya aprobación se sospecha obtenida mediante el pago de favores personales haya sido la reforma laboral. Su aspecto positivo era la simplificación de trámites para el registro de cada trabajador nuevo por parte de las empresas, lo cual tendía a reducir el negreo, pero aún no ha sido reglamentado. La cuestión fue puesta por el gobierno en manos de Osvaldo Giordano, el candidato al sillón de Alberto Flamarique si Domingo Cavallo hubiera sido electo presidente. Tampoco se reglamentó la convocatoria a paritarias, por temor al conflicto social. Lo que sí se reglamentó y está funcionando a pleno es la extensión del período de prueba dentro del que puede despedirse a un trabajador sin costos, a doce meses en las empresas pequeñas y a seis en las restantes. Cuando el gobierno se anime a someter a discusión los convenios colectivos vigentes se habilitará además la baja de los salarios nominales.
El trabajo en negro en el promedio del conurbano bonaerense llegó en mayo último al 40,6 por ciento y se acerca al 45 por ciento en los partidos más castigados. La cifra exacta del INDEC para Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, JosÉ C. Paz, San Miguel, Matanza (2º cordón), San Fernando y Tigre, donde habitan 3,3 millones de personas, es de 43,7 por ciento de trabajadores con empleos en negro.
Las prácticas corruptas aparecen entonces como un componente necesario para la aprobación de políticas que contradicen las posiciones históricas de los partidos de lejano origen popular que hoy se reparten el gobierno y la oposición. Aunque en público mantiene un aire circunspecto, en la intimidad el licenciado Alvarez está exultante. Ha vuelto a caminar por la calle y tomar café en los bares sin temor a confrontaciones con ciudadanos iracundos. Siente que ha recuperado las viejas banderas con las que el Frepaso llegó hasta donde está. La diferencia es que desde el llano no impugnaba sólo la corrupción, sino la política económica a la que aquella es funcional. Este modelo no necesita ni admite santos. Cualquier denuncia de sus bordes corruptos que no ponga al mismo tiempo en cuestión el núcleo duro regresivo y concentrador es frívola y marketinera. La renuncia de Alvarez a la vicepresidencia que ya insinúan sus allegados, explicitaría el oportunismo electoralista de su estrepitoso despegue respecto de lo que había descripto como �el sistema de corrupción delarruista�. Ello ocurrió en 1998, en vísperas de otra elección, por la candidatura presidencial de la Alianza. Sólo que ahora se trata de un área cuya responsabilidad corresponde a un ministro del Frepaso, el segundo (sobre un total de dos) cuyos actos no acreditan la tan pregonada transparencia. �En aquel momento denunciamos el Plan Canje: a cambio de la sanción de la ley laboral, se aprobó en el Senado una partida de más de cien millones de dólares de Planes Trabajar para las provincias. Después, la Cámara de Diputados cajoneó ese proyecto y nadie protestó. Ahora entendemos por qué�, afirma el abogado laboralista Héctor Pedro Recalde.
La presencia de Alvarez junto a Flamarique en una reunión de la mesa de conducción del Frepaso ilustra el inconsistente chisporroteo de la jugada vicepresidencial: si existieron las prácticas turbias que Alvarez denuncia para la sanción de aquella ley, es impensable que el ministro de Trabajo no haya sido uno de sus protagonistas. De allí el improbable diálogo entre cómplices que propuso en el Congreso, al pedir que le dijeran en la cara�si hay algún senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con algún funcionario de este gobierno de alguna transacción horrorosa para aprobar una ley�. La carrera de Flamarique ha sido fulminante. Principal colaborador de José Luis Manzano, se arrojó en brazos de José Octavio Bordón cuando éste enfrentó a su jefe. Táctico insustituible de Bordón, lo abandonó por Alvarez cuando ambos se separaron. Mano derecha del vicepresidente, que lo promovió al gabinete nacional, se convirtió en consejero privilegiado de De la Rúa. El drama del Operador es que llegó al último casillero y, sin vida política propia, no le queda adonde saltar. Game over.
Los progresistas
La defensa de las medidas económicas adoptadas por la Alianza se basó en el carácter supuestamente progresista del esquema impositivo, que no gravó a los sectores de menores ingresos. Un semestre más tarde es posible medir el impacto real de esas decisiones políticas sobre los ingresos de la población, tal como se aprecia en el cuadro 1. La población que percibe ingresos se ordena en diez casilleros, según el nivel de esos ingresos. En el primer casillero están todos los que ganan hasta 149 pesos mensuales, y así sucesivamente hasta el décimo casillero, donde se ubican todas las personas físicas que perciben ingresos superiores a 1300 pesos mensuales. El cuadro incluye el ingreso mensual máximo, mínimo y promedio de cada decil. A su vez, los deciles están agrupados según estratos sociales: bajo, medio bajo, medio pleno, alto, lo que brinda una radiografía detallada de la situación social respecto de ingresos.
Los dos deciles inferiores, aquellos cuyos integrantes perciben menos de 200 pesos mensuales, no han variado su participación en el ingreso total. Carne de planes Trabajar, constituyen el estrato social bajo, en el que se han concentrado todos los programas de asistencia del Estado, tanto de la Nación cuanto de la provincia de Buenos Aires. La pérdida de ingresos comienza en el estrato medio bajo, formado por el tercero y el cuarto decil, es decir personas que perciben entre 200 y 349 pesos mensuales. Cada uno de esos deciles perdió 0,1 por ciento de su participación en el ingreso total, o un 0,2 por ciento para el estrato. La caída fue del doble (0,4 por ciento) en el estrato medio pleno, correspondiente a los deciles 5, 6, 7 y 8, integrados por personas cuyos ingresos van de 350 a 839 pesos mensuales. En cambio en el estrato social alto la participación en el ingreso total se incrementó en un 0,7 por ciento. El efecto concentrador es aún más acentuado si se discrimina por deciles dentro del estrato alto: los que perciben de 840 a 1299 pesos mensuales retrocedieron en su participación del ingreso total, del 16 al 15,8 por ciento. En cambio, aquellos del último decil, cuyos ingresos van de 1.300 a 14.000 pesos mensuales incrementaron su participación en el ingreso total en el 0,9 por ciento, del 36,3 al 37,2 por ciento.
El cuadro 2 compara este incremento del decil más alto, con el desempeño durante la década menemista. Sus conclusiones son desoladoras. En el primer semestre de gobierno de la Alianza el vértice de la pirámide mejoró su participación en el ingreso casi tanto como en toda la denostada década menemista.
Por último, el cuadro 3 muestra cómo evolucionó la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre desde 1974. En el largo plazo, la caída del primer decil es tan constante como el ascenso del décimo. En el corto, la brecha entre ambos ha pegado un nuevo salto en el primer año de gobierno de la Alianza.
Dicho en otros términos, el proceso de concentración se aceleró en forma espectacular desde que los oropeles fueron reemplazados por sobrios ocres y tonos pastel en el ex Polideportivo de Olivos. La diferencia es que, antes, ello ocurría a expensas de la participación en el ingreso del estrato más bajo, y ahora a costillas de los sectores medios. Que cada gobierno golpee sobre su propia base social es un buen tema de reflexión para politólogos interesados en la correlación entre el consenso deWashington y el descrédito del sistema político. Este es el único contexto política, social, económica y éticamente aceptable para considerar los episodios de corrupción. Las mismas políticas reaccionarias que en un pasado trágico se imponían a punta de bayoneta, hoy requieren de los untos apropiados en las partes convenientes.
(*) Todos los datos sobre distribución de ingreso provienen de la onda de mayo de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. La elaboración de esos datos según deciles de ingresos pertenece al sociólogo Artemio López, de la consultora Equis. Las conclusiones son del autor de la nota.
Abrir el gas y cerrar la ventana
Por H.V.
El ajuste de las tarifas del gas por la inflación importada de los Estados Unidos condena a muerte por asfixia a la convertibilidad. Aprobado por el decreto 669/00, el incremento fue suspendido por la jueza Clara Do Pico a solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La ley de Convertibilidad prohíbe toda actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas. Al violar ese mandato el gobierno privilegia las ganancias extraordinarias de los consorcios prestadores por sobre la competitividad de la economía, torna insostenible la paridad cambiaria y se obliga a seguir ajustando sobre el empleo y el salario. También reanuda la perversa práctica iniciada por Domingo Cavallo hace dos décadas, de ofrecer seguros de cambio gratuitos y endosar deuda privada al conjunto de la sociedad.
La desprolija publicación en el Boletín Oficial del martes 8 supera hasta las marcas de la década menemista. Junto con el decreto se publican:
* como Anexo I, el Acta de la negociación.
* como Anexo II, el borrador del mismo decreto.
* como Anexo II (sic, el decreto incluye dos Anexos II), la estatización de deuda privada por unos 300 millones de dólares en dos años.
No se priva ni siquiera de un lapsus antológico, cuando menciona al instrumento que otorgó la indexación por el Indice de Precios Mayoristas estadounidense (PPI) como �reverenciado�. El fundamento de este acuerdo se encuentra en un artículo de Pablo Gerchunoff, que absuelve como positivas las privatizaciones del menemismo y compara cualquier opción distinta con una �vendetta�. El jefe de asesores condujo las negociaciones con las compañías, de lo cual quedó huella en el proyecto de decreto, pero tuvo la astucia de borrarla en el texto final. Quien figura es el ex Secretario de Energía Daniel Montamat: hace 48 horas fue eyaculado del gabinete a solicitud de legisladores de la Alianza.
El decreto, suscripto por De la Rúa, Rodolfo Terragno y Machinea, fue una exigencia de las licenciatarias para robustecer su endeble posición. Sus considerandos pretenden que el ajuste por el PPI �importa un derecho legítimamente adquirido� por las concesionarias; el Acta añade que no constituye la indexación prohibida por la ley de Convertibilidad. Se previene así contra la eventual sanción de alguno de los proyectos de ley que ratifican la prohibición indexatoria o reemplazan el PPI por un mix de indicadores locales. También alega que el ajuste y su diferimiento parcial que aceptan las licenciatarias, no modifica las reglas previstas en el �marco legal�. Si ello fuera así, hubiera bastado con una resolución ministerial.
El decreto describe un confuso �marco legal aplicable�, en el que incluye como si formaran una �integridad jurídica� tanto la ley 24.076, que fijó el marco regulatorio para la privatización del gas, como los decretos de 1992 que dolarizaron las tarifas y autorizaron a su ajuste semestral por el Producer Price Index norteamericano. El decreto sostiene que ese mecanismo de ajuste por el PPI ya estaba previsto en el artículo 41 de aquella ley, lo cual constituye una falsedad ideológica que podría llevar a sus firmantes ante la justicia. El ajuste previsto por ese artículo se basaba en �una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional, que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestadores�. A su vez, tales indicadores �serán ajustados en más o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones�. Según el diputado nacional del Frepaso Alejandro Peyrou, algo tan específico �como los precios de los bienes y servicios del transporte o distribución de gas� fue sustituido por los precios mayoristas estadounidenses por �arte de prestidigitación�. De este modo se verifica la perfecta complementación entre el anterior gobierno, que firmó eldecreto autorizando ese disparatado mecanismo pero que luego no permitió su aplicación, y el actual, que lo lleva a la práctica envuelto en sofocante retórica sobre la pretendidamente unidireccional seguridad jurídica. Sólo para el año 1998, el impacto de la dolarización e indexación de las tarifas del gas sobre los usuarios es de 140 millones de dólares, según cálculos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El artículo 6 del Acta obliga al Estado a garantizar que el diferimiento �no altere ni se constituya en una contingencia en los estados contables de las licenciatarias�, lo cual las protege contra eventuales condenas en causas judiciales iniciadas por los usuarios. El artículo 7 afirma que los montos diferidos y devengados �constituyen una deuda legítima� que �deben recuperar�. El artículo 9 del Fondo de Estabilización del PPI afirma que podrán hacer figurar esos montos en sus balances �como compromiso de pago y cobro avalado por el Poder Ejecutivo�, lo cual encubre el seguro de cambio y la nueva estatización de deuda privada. El 10 deja en manos de las propias empresas el cálculo de esos montos. El 3 garantiza que el dinero depositado en el Fondo les rendirá un interés anual del 8,2 por ciento. Aunque los ajustes tarifarios son semestrales, estos intereses se computarán en forma mensual, con lo cual la tasa efectiva será del 9 por ciento anual, cuando Repsol consiguió financiamiento internacional para comprar YPF a poco más del 3 por ciento. Por último, el artículo 3 del Fondo asegura a las empresas �el efecto financiero� de los impuestos exigibles, es decir una utilidad sobre ganancias no efectivizadas. Suerte que el gobierno y las licenciatarias declaran en los fundamentos su preocupación por la �delicada crisis� que atraviesa el país�.
Un estudio aprobado por el Consejo Académico de la Unión Industrial, sobre la base de un informe del economista Jorge A. Gaggero, asesorado por el investigador Daniel Azpiazu, señala que en el último lustro la deflación de los precios minoristas fue del 0,2 por ciento acumulado y el crecimiento de los mayoristas de apenas el 1,6 por ciento, mientras los indicadores equivalentes en los Estados Unidos se incrementaron un 13,9 y un 8,2 por ciento. Estas cláusulas indexatorias (en algunos servicios incluyen además un seguro de cambio, por la previa dolarización de las tarifas) contradicen los fines de la Ley de Convertibilidad al trasladar �la inflación externa a los precios locales y tienden a desincentivar, mediante la concesión de indebidos ingresos rentísticos, la búsqueda de mayor eficiencia a través de la inversión�. La Junta Directiva de la UIA todavía no asumió el estudio, que reclama la suspensión de �los ajustes ilegítimos�, la revisión de la legalidad de lo actuado por el anterior Poder Ejecutivo, y la sanción de leyes que compensen �la asimétrica distribución de costos y beneficios, privados y sociales, en el marco de una equilibrada y sustentable seguridad jurídica�. Este sería �un modo practicable de lograr la deflación de precios de los bienes y servicios no transables�. Se opusieron a su aprobación los representantes de la trasnacional italiana Techint, la misma que acaba de ubicar a Javier Tizado en la secretaría de Industria.
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