Por C. R.
 La decisión de un tribunal de Paraná de entregar una beba en �guarda provisional� a una mujer que admitió haber comprado a la pequeña en la suma de 22.400 pesos fue criticada duramente por la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. �Este proceder está prohibido por la ley y viola los más esenciales derechos humanos�, dijo Conti refiriéndose al caso protagonizado por la psicoanalista Rita Pérez, divorciada, con 20 años de residencia en Nueva York, que viajó a una pequeña localidad de Entre Ríos para comprar a la niña, tal como informara Página/12 en su edición de ayer.
�La compraventa e incluso el trueque sólo tiene por objeto cosas; cosificar al ser humano es deplorable, indignante, la máxima enajenación de lo que es eje de la persona humana�, afirmó Conti por medio de un comunicado en el que alude a la noticia publicada por este diario.
Luego de resaltar que tratándose de humanos �recibir o dar dinero es la expresión mayor de indignidad�, la funcionaria dijo que el procedimiento avalado por el fallo del Tribunal Oral de Paraná, integrado por los jueces David Chaulet, Lilia Carnero y Eduardo García Vitor, �está prohibido por la ley y viola los más esenciales derechos humanos�.
Conti subrayó que �más allá de la ilegalidad, tipificación penal o no eticidad de quien paga o recibe dinero, el estigma de la cosificación denigra al ser humano de por vida�. Para la funcionaria nacional, �la reducción a la servidumbre, esto es, tratar al ser humano como un objeto sin derechos, es delito en la Argentina y quien ha sido comprado o vendido, más allá de los afectos en juego, no queda libre en su configuración psicofísica-social�.
La camarista Liliana Carnero, en diálogo con Página/12, justificó la decisión del tribunal, cuyos miembros sostuvieron que �hay indicios suficientes que indican que el móvil que guió la conducta ilícita de la señora Pérez fue su deseo de tener un hijo, lo que, salvados los procedimientos ilegales utilizados, debe ser facilitado en el caso concreto, en aras del interés prioritario del menor�.
Rinoscopías en Tucumán
En etapas, comenzando por los comisarios y subcomisarios, los 5.000 efectivos de la Policía de Tucumán serán sometidos a rinoscopías y otros controles antidrogas, en el marco de un plan del gobierno provincial destinado a reformar la fuerza, que desde hace años se caracteriza por las cíclicas apariciones de hechos de corrupción, violencia policial o acuartelamientos donde se cuestiona a las autoridades políticas.
Los análisis serán realizados por médicos forenses de la Justicia provincial, de la Universidad Nacional de Tucumán y de entidades privadas. El ministro de Gobierno, José Falú, aclaró que los únicos que serán excluidos de los exámenes serán �los médicos policiales, para que no haya sospechas en el manejo de los informes�.
Falú recalcó que �la depuración de la policía no tiene plazo, sino que será permanente�. El control interno para detectar el consumo de cocaína, forma parte de una serie de medidas tomadas con el propósito de mejorar la seguridad en la provincia, comenzando con el operativo de limpieza interna. �El eje pasa por aplicar una especie de mano dura a la tucumana, con resguardo de los derechos individuales�, comentó Falú.
El plan de reorganización tiene algunos puntos que son cuestionados por los parlamentarios y también por los jueces. La objeción fundamental es el proyecto de restituir a la policía la facultad de detener por averiguación de antecedentes hasta un plazo máximo de 12 horas. Esta potestad había sido derogada por el ex gobernador Antonio Bussi.
|
