Por Javier Lorca
 El Ministerio de Educación está por tomar una decisión que definirá la postura del gobierno de la Alianza frente a uno de los mayores legados del menemismo en materia educativa: la Ley de Educación Superior, la norma que abrió las puertas al arancelamiento de los estudios. El Consejo Interuniversitario Nacional �que nuclea a los rectores de las 37 universidades públicas� acaba de reclamarle al ministerio que desista de proseguir las causas judiciales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem contra las universidades que defienden la gratuidad absoluta de la enseñanza y que no adecuaron sus estatutos a la ley. Los rectores también quieren que el Gobierno se abstenga de ejecutar las sentencias que resultaron desfavorables para las casas de estudios. En diálogo con Página/12, el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi, admitió que se está preparando una resolución y anticipó que sería favorable al reclamo de los rectores. Pero la última palabra la tiene el ministro Juan Llach. Y todavía no se decidió.
La Ley de Educación Superior (LES), sancionada allá por 1995, contempla que las universidades nacionales podrán contar con recursos �que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado�. Tras la sanción de la ley, las casas de estudios debían adecuar sus estatutos a la nueva norma y someterlos a la revisión de Educación. Algunas casas lo hicieron y fueron aprobadas. Pero la mayoría entró en conflictos legales: o directamente se abstuvieron de hacer cambios amparándose en la autonomía que les concede la Constitución, o hicieron reformas que luego la cartera educativa rechazó porque no se había introducido en los estatutos la palabra �equidad� junto a �gratuidad� para permitir el arancelamiento. Cuando se dieron los dos últimos casos, el ministerio �siempre bajo el anterior gobierno� abrió causas judiciales contra las universidades. En algunos casos, ya hubo fallos de la Corte Suprema, siempre desfavorables para las instituciones educativas, gracias a la mayoría automática de la que gozó el menemismo (ver Caso por caso).
Ahora, el conflicto resurgió por el caso de la Universidad de General Sarmiento (UNGS). El año pasado reformó su estatuto y, en su artículo 1º, asentó que su propósito fundamental es garantizar �la gratuidad de los estudios en las carreras de pregrado y de grado. Los recursos económicos del individuo o de la familia no pueden ser el factor que determine la realización de las inteligencias y capacidades�. Por eso, Educación le inició un juicio. La presentación que hizo el ministerio ante la Justicia evidenció que su reclamo sólo pretendía habilitar el arancel: �¿Es equitativo que la enseñanza universitaria sea gratuita? La respuesta no es unívoca, ya que en algunos casos esa gratuidad será equitativa, mientras que en otros será una verdadera inequidad... Será la autoridad universitaria la responsable de repartir las cargas según la posibilidad de pago que tenga el estudiantado... Según establece la LES, no es lo mismo gratuidad que dejar de cobrar en aquellos casos que la universidad lo determine�. Clarito.
El rector de la UNGS, José Luis Coraggio, dijo a este diario que �la tremenda inequidad en la Argentina no se resuelve con medidas marginales de pretendida redistribución como el arancelamiento, que ni siquiera tiene sentido en términos económicos. En la zona de mi universidad, sería mayor el costo de su gestión que el resultado obtenido. Además, se incentivaría que más alumnos con recursos se pasen a universidades privadas. Y la universidad pública debe jugar su papel de integrador social�. Con esos argumentos, el rector y la universidad le reclamaron al Presidente y a Llach que se desistiera del juicio contra la UNGS. Pero hasta hoy no obtuvieron respuesta. El juicio sigue.
Como el conflicto alcanza también a muchas otras universidades, los rectores tomaron el reclamo desde el Consejo Interuniversitario (CIN) y pidieron que el ministerio dejara sin efecto todos los juicios, así comola ejecución de las sentencias contra las universidades. Memoriosos, los rectores no olvidan que, antes de las elecciones del año pasado, en agosto, cuando aún era candidato, Fernando de la Rúa les envió una nota donde decía: �Propiciamos la sanción de una nueva Ley de Educación Superior, que respete los principios de autonomía, tanto académica como de gobierno, y la gratuidad en los estudios de grado de las instituciones públicas�. Por otro lado, el Foro de la Alianza para la Educación Superior también concluyó en octubre que �el gobierno de la Alianza debería ordenar al servicio jurídico del Ministerio de Educación el desistimiento de toda acción judicial o apelación en causas que se relacionen con los intentos del actual gobierno de vulnerar la plena vigencia de los principios constitucionales de autonomía y autarquía de las universidades y de gratuidad de la educación pública�.
En ese contexto, la decisión está en manos de Llach. El ministro ve a la Universidad de General Sarmiento como un caso testigo, mientras la Secretaría de Educación Superior apoya el reclamo de los rectores. �El conflicto es absurdo. Todas las universidades otorgan becas con sus presupuestos. La equidad la tienen incluida en su forma de trabajo. Ninguna viola la ley �dijo Gottifredi�. El ministerio está proyectando una resolución, pero hay que estudiar cada caso. En los casos en que todavía no falló la Corte Suprema, el ministerio podría desistir�, anunció.
| Caso por caso
La situación de las universidades públicas con respecto a la Ley de Educación Superior (LES) y a los juicios iniciados por el Ministerio de Educación es muy variada. Aquí, el detalle:
 Las causas llegaron a la Corte Suprema (que siempre falló que las casas de estudios deben incluir la fórmula �gratuidad y equidad�) en los casos de las universidades de Catamarca, Córdoba, Cuyo, Jujuy, Litoral, Salta, Nordeste, La Plata y del Sur.
Mientras, siguen en diversas instancias judiciales las causas contra las universidades de Buenos Aires, Comahue, Centro, Sarmiento, San Juan Bosco, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Rosario, San Juan, San Luis y Tucumán. Sólo la de Entre Ríos cuenta con una medida cautelar a su favor.
Las únicas universidades que adecuaron sus estatutos a la LES y fueron aprobadas por el ministerio (durante el menemismo) son las de Formosa, San Martín, Lanús, La Matanza, Quilmes, La Pampa, Patagonia Austral, La Rioja, Misiones, Río Cuarto, UTN, Tres de Febrero, Villa María, Santiago del Estero y el IUNA. |
PROTESTA EN EL RECTORADO DE LA UBA
Científicos con bronca
Unos 200 científicos, docentes y alumnos irrumpieron ayer, con bombos y pancartas, en el rectorado de la UBA, donde sesionaba el Consejo Superior, para mostrar su rechazo a la reforma del sistema de ciencia y técnica que impulsa el Gobierno. No consiguieron que el tema se discutiera y hubo insultos para las autoridades, por lo que la sesión se suspendió. Las protestas seguirán el martes: habrá un paro nacional de docentes universitarios y de científicos, con una marcha a Plaza de Mayo.
Al mediodía, estudiantes de Ciencias Exactas, Sociales, Ingeniería y Filosofía y Letras, junto con docentes y científicos del Conicet, forzaron la entrada del edificio de Viamonte 430 y accedieron adonde estaba por sesionar el Consejo Superior. La sesión comenzó sin demasiados problemas. El decano de Exactas y ex titular del Conicet, Pablo Jacovkis, solicitó que se tratara el proyecto de reforma impulsado por Dante Caputo. �El consejo directivo de mi facultad pidió que el rector informara si su apoyo al plan Caputo fue personal o de la universidad. Y que el Consejo Superior se expidiera sobre el plan�, contó Jacovkis a Página/12. Varios decanos contaron que en sus facultades había inquietudes similares y, por iniciativa del decano de Agronomía, Fernando Vilella, la discusión fue pasada a comisión. Y se debatirá, a puertas cerradas, la semana próxima.
La postergación desató la ira de los manifestantes, que increparon a las autoridades. Ante el bullicio, el rector Oscar Shuberoff dio por concluida la sesión. Al retirarse, fue empujado por los opositores.
�Vinimos a pedir que la UBA rechace el plan. Queríamos que se discuta públicamente �dijo a este diario Rafael González, de Exactas-. Los consejos de las facultades se oponen a la reforma y el único que se manifestó a favor es Shuberoff�, siguió. �Si pasa este plan, se desmantela el Conicet y se juega el destino del 70 por ciento de la ciencia del país�, dijo Jorge Geffner, investigador. �No sé de dónde sacan que esto destruirá la carrera del científico�, se quejó Shuberoff, que calificó de �inadaptados� a los manifestantes. Y aseguró que la reforma de Caputo busca �devolverle al Conicet la misión de ser el órgano de la política científica del Estado�. Además de Shuberoff, una veintena de rectores respalda el plan.
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