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Por Horacio Verbitsky
 Desde
la asunción de la fórmula Carlos Rückauf-Felipe Solá
se triplicaron las torturas a chicos en comisarías policiales de
Buenos Aires. Así se desprende de un informe remitido a la Suprema
Corte de Justicia provincial por el asesor de menores de San Isidro Carlos
Eduardo Bigalli, quien comunicó a la Subsecretaría del Patronato
de Menores su "profunda preocupación" por lo que está
sucediendo en el departamento judicial de San Isidro. La semana pasada
este diario publicó datos coincidentes, en casos de adultos detenidos
en medio centenar de comisarías de cuatro partidos distintos del
Gran Buenos Aires, en otro departamento judicial. Según esos datos,
recopilados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de
cada cinco detenidos es torturado. En letra bastardilla se reproducen
algunos testimonios recogidos por Bigalli, transcriptos en primera persona,
omitiendo los nombres de las víctimas y la identificación
de las dependencias policiales.
Por un pan
"Estaba deambulando por la calle. En un momento decidí pedir
algo para comer en una panadería. Me dieron pan y cuando salía
aparece un móvil policial y me dan la voz de alto. Sentí
el ruido típico de cuando se carga una [escopeta] Ithaka. Me dieron
un fuerte golpe en el hombro, aparentemente con la culata del arma. Me
ordenaron que me pusiera contra la pared. Me quitaron el pan y lo arrojaron
al piso mojado por la lluvia. Me tomaron de los pelos mientras me pegaban
rodillazos en la boca del estómago. Me metieron en forma violenta
en el patrullero y me llevaron a la comisaría mientras me seguían
pegando en distintas partes del cuerpo. En la comisaría aparecieron
otros tres policías y me preguntaron por qué estaba. Cuando
les contesté que sólo había ido a buscar pan a la
panadería me siguieron pegando. Uno me hizo parar contra la pared
y apoyar las manos. Se colocó detrás mío y simulaba
mantener relaciones sexuales conmigo. Otro policía me llevó
al baño de la seccional. Como no quería ir vinieron otros
dos, me pusieron las manos detrás de la espalda y me llevaron pegándome.
Me obligaron a arrodillarme. Los dos que lo ayudaron a llevarme se fueron
y me quedé sólo con el primero. Se bajó los pantalones
y los calzoncillos y me dijo: ¡Cuento hasta tres y abrí la
boca!. Como yo no quería hacerlo me pegaba. Volvió a llamar
a los otros y de nuevo me pusieron las manos detrás de la espalda
mientras el que se había bajado las prendas me acercaba el pene
a la cara. Como me seguía resistiendo, uno me pegó una patada
en la nuca y me hizo apoyar la boca en el pene del policía".
Intuición policial
Bigalli presentó su informe el viernes 18. El viernes 25, en un
reportaje concedido al matutino platense El Día, el virtual jefe
de la policía de Buenos Aires, comisario mayor Eduardo Raúl
Martínez dijo que había ofrecido su renuncia al ministro
de Seguridad, comisario general (R) Ramón Oreste Verón,
porque "intuyo que ahora puedo estar mirado con otros ojos. Intuyo
que, por ejemplo, la madre de [Miguel] Bru puede llegar a decir ¡mirá
el que está dirigiendo la policía! Intuyo que todos los
que luchan por los derechos humanos pueden decir que el máximo
referente de la policía es un torturador". Se refería
a la investigación publicada aquí el domingo 20, sobre el
procesamiento y la orden de detención dispuestos en su contra en
abril de 1978 por las torturas a palos y con corriente eléctrica
a un ciudadano alemán, en la comisaría 2ª de San Isidro.
Esa dependencia es una de las treinta y tres mencionadas por el asesor
de menores Bigalli como escenario del "incremento de denuncias de
torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se habrían
infligido a personas menores de edad por parte de personal policial".
Tiros
1 "El policía que me detuvo me disparó con su
arma de fuego a las piernas y no recibí ningún tipo de atención
médica. Yo estaba detenido, tirado en el piso de tierra, boca abajo,
con ambas manos sobre la nuca. De costado vi cómo se me acercaba
el policía. Escuché un ruido y sentí un ardor en
la pierna. Así me di cuenta que me habían disparado. Me
dejaron un buen rato tirado en el piso con la pierna ensangrentada".
2 "En una esquina había dos chicos peleando y me paré
a ver la pelea. Uno de civil me llamó por mi apodo y salí
corriendo hasta meterme en una casa que tenía la puerta abierta.
Me siguieron dos de civil gritándome ¡quedate ahí
hijo de puta que te vamos a matar! Me agarraron, me tiraron al piso y
caí de espaldas. Me dijeron que me la tenían jurada y que
me iban a matar. Estaba boca arriba y me dispararon. Uno de los tiros
me dio en el brazo derecho y otro en el abdomen. Tuve suerte de que no
me mataran. Nunca se dieron a conocer como policías, pero me di
cuenta cuando me pusieron las esposas y me dijeron que me llevaban a la
comisaría. Cuando estaba esposado uno me puso el revólver
en la nuca y gatilló, pero no salió el disparo. La dueña
de casa gritó que no me mataran y no me pegaran. Entraron otros
dos de civil y me subieron a una camioneta blanca, que no estaba identificada
como policial. Cuando me trasladaban dijeron que me iban a pegar un tiro
en la cabeza y que iban a poner un arma para simular que me quise escapar".
3 "Fuimos interceptados por un móvil policial del cual
bajaron varios uniformados. Sin previo aviso abrieron fuego contra todos.
Me tiraron a matar. En la ambulancia los policías me golpeaban.
Cuando estaba tirado en la calle luego de ser herido un policía
me dijo, ¡no te matamos, negro, porque hay gente!. Cuando me pegaron
el tiro estaba en el piso, con las manos en la nuca y entregado a la autoridad.
El resto de los chicos le pedía a los policías que no dispararan".
Tres por uno
En el informe a la doctora María Estela Testoni, a cargo de la
subsecretaría del Patronato de Menores, el asesor Bigalli recuerda
que en los dieciocho meses transcurridos entre julio de 1998 y diciembre
de 1999 comunicó a la Corte provincial 129 denuncias de torturas,
tratos crueles, inhumanos o degradantes a menores. Esto es, un promedio
de 7,16 casos por mes. Añade que en los siete primeros meses de
2000, hasta el 31 de julio, las denuncias treparon a 159, es decir una
media de 22,71 casos por mes, o un caso por día hábil. Es
decir que las denuncias se triplicaron desde el cambio de gobierno en
la provincia. El cuadro muestra cómo se distribuyen los casos denunciados:
Bigalli explica que "la característica común
que poseen los niños víctimas de la violencia institucional
es la de pertenecer a un hogar pobre. Como consecuencia de la perversa
selectividad del sistema penal, las cárceles están pobladas
de pobres y los institutos de menores por los hijos de los pobres. El
Estado, salvo casos excepcionales vinculados al resultado de una puja
de poder, encarcela sólo a aquellos que constantemente ha desatendido".
Maraca
"Al llegar a la comisaría uno de los oficiales me abrió
las piernas con un golpe para palparme. Me golpeó con manotazos
en las costillas y en la espalda y dijo que me pegaba todo lo que quería.
Me sacaron un reloj y cincuenta pesos y no me los devolvieron. Cuando
otro oficial me interrogó no supe darle la altura de la calle donde
vivo, porque no tiene numeración. Se ofuscó y me dio un
puñetazo en la cabeza. Me llevó a un pasillo, al fondo de
la comisaría, por donde pasaban otros policías que me llamaban
Maraca o Caco y me cacheteaban. Uno me aplastó la cabeza con un
pie contra la pared. Mientras se burlaban me tiraron el contenido de un
mate sobre el cuerpo, a propósito. Otro oficial que también
me interrogó, cuando le dije que mi domicilio era sin número
me dijo que no me hiciera el vivo y me pegó un cabezazo en la frente".
Satisfacción
Verón rechazó la renuncia de Martínez, mientras
Rückauf se declaraba satisfecho por el desempeño del jefe
policial y negaba que alguna vez hubiera sido procesado. Luego de tal
desmentida en esta página se reprodujo el auto de procesamiento
de Martínez, firmado por el entonces titular del juzgado en lo
penal Nº 2 de San Isidro, Juan Carlos Dillon. Martínez reconoció
haber indagado al ciudadano alemán y su firma está al pie
del acta de la indagatoria. Frente a las fotos de 64 efectivos policiales,
la víctima de las torturas señaló a Martínez
como uno de los autores. Tres meses después el juez Dillon lo sobreseyó,
aduciendo que Martínez no figuraba en la lista del personal de
guardia aquella noche, que la picana eléctrica (cuya búsqueda
encomendó a la misma policía) no había aparecido,
y que otros presos en la comisaría dijeron no haber oído
quejarse al ciudadano alemán. Sin embargo, el mismo juez consideró
probadas las torturas por dos coincidentes peritajes médicos. Este
diario también publicó un facsímil del dictamen del
forense Héctor Campero quien certificó las lesiones provocadas
por los golpes a palos y la electricidad en distintas partes del cuerpo
de la víctima. El ciudadano alemán había sido acusado
por su esposa por abuso deshonesto contra la hija de ambos, pero también
fue sobreseído, debido a "la acreditación de los apremios
a que fuera sometido", lo cual pone en duda incluso la utilidad investigativa
de los castigos a detenidos.
Madre e hijo
"Mi hijo fue detenido cuando venía a visitarme al hospital
donde estaba internada. Me contó que en la comisaría lo
desnudaron y le pegaron, le intentaron hacer como que tenía porros,
pero mi hijo les dijo que iba a buscar testigos de que no tenía
nada. Además lo amenazaron con un cuchillo y le dijeron ¡por
culpa de vos, hijo de puta, casi perdimos el trabajo nosotros!".
"Cuando iba a visitar a mi mamá que estaba internada me detuvieron,
me pusieron contra la pared y me revisaron. Me hicieron abrir bien las
piernas y me dijeron que me iban a poner porros, que después iban
a traer dos testigos y me iban a poner un fierro como si fuera que me
desacaté. Después me llevaron a la comisaría. Tenían
una soga arriba de la mesa. Le hicieron un nudo en la punta que agrandaban
y desagrandaban y me lo mostraban. Cuando terminaron de requisarme y me
estaba vistiendo el policía me empujó y me pateó
toda la ropa. Mientras me ponía la remera había un cuchillo
contra la mesa. El policía lo agarró y amenazó con
clavármelo haciendo todo el ademán. Cuando estaba por clavármelo
lo dio vuelta y me golpeó con el mango. Después me pusieron
de nuevo contra la pared y me pegaron en las costillas y me dejaron esposado
en el patio de la comisaría. Cuando me llevaron al médico
no le dije nada porque allí había otro oficial de la comisaría".
Nada inquietante
Cuando este diario consultó a Verón acerca del caso de
Martínez, el ministro de Seguridad dijo que había estudiado
su legajo y no había encontrado nada inquietante. Ante una pregunta
específica sobre la causa de 1978, respondió que "es
común que los delincuentes denuncien como argumento de defensa,
por enemistad hacia el policía que los detuvo o por alguna cuestión
personal". Esa sigue siendo la descalificación más
usual de las denuncias a que acude la policía. Gustavo Palmieri,
quien dirige el programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana
del CELS refuta esa coartada: "Sólo uno de cada 10 o 15 casos
de tortura es denunciado". El resto se reconstruye a partir de conversaciones
confidenciales con los detenidos y con personal judicial o policial. Ante
una pregunta sobre esa habitual excusa policial, Bigalli respondió
que al menos en San Isidro las denuncias de torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, no mejoran la situación procesal de los
chicos. "La mayoría de ellas se efectúan en ocasión
de la declaración indagatoria ante el tribunal y en tal acto la
Asesoría les aconseja que se nieguen a declarar hasta tanto puedan
hablar libremente con su defensor". Las denuncias tampoco podrían
perseguir el propósito de obtener un traslado. Ya antes de declarar,
los chicos han sido alojados en la comisaría de Victoria, la única
del departamento judicial contra la cual no existe denuncia alguna de
torturas. A raíz de las permanentes denuncias de Bigalli y a la
actuación de la Cámara de Apelaciones y Garantías
de San Isidro, esa es la única comisaría en la que actualmente
se alojan chicos. Uno de los jueces de esa Cámara, Juan Carlos
Fugaretta, fue el fiscal en la causa contra Martínez de 1978.
Una zanja
"Allanaron la casa de madrugada sin ningún tipo de orden
judicial. Les dije que mi hijo no estaba pero me revolvieron toda la casa.
A las cuatro de la mañana, cuando estaba en la puerta de la comisaría
porque me habían requerido, escuché a mi hijo que bajaba
del patrullero y me decía: ¡Mami, me están pegando.
Mami, deciles que no me peguen!. A raíz de eso me descompuse y
la policía me dejó ahí, tirada en el piso de la comisaría.
Le había llevado ropa a la comisaría porque a mi hijo lo
habían tirado a una zanja y estaba todo mojado. La policía
dijo que la jueza había dispuesto que no podía cambiarse,
por lo que pasó toda la noche empapado".
Instigadores, encubridores o cómplices
En plena dictadura militar, Martínez obtuvo un rápido sobreseimiento,
como si las lesiones a la víctima comprobadas por los médicos
pudieran atribuirse a obra del espíritu santo. Dos décadas
después, el discurso de mano dura de políticos que buscan
el voto de una población atemorizada por la inseguridad tiene como
consecuencia directa el incremento de los castigos a detenidos. Jueces
y gobernantes son así instigadores, encubridores o cómplices
de la barbarie.
Torturas
o apremios
Por
H.V.
Una de las formas
más habituales de condescendencia judicial con las prácticas
brutales de la policía es la calificación de los delitos
contra los detenidos. De ello depende que, aun probado el crimen, sus
autores conserven la libertad. Un caso juzgado en La Plata ilustra la
situación.
El día de la primavera de 1989 Shirley Zapata fue detenida mientras
esperaba a su compañero, quien era investigado por la circulación
de dólares falsos. Al ingresar a la comisaría 1ª fue
revisada por el forense Eduardo Ibarlucía, quien no observó
lesiones. Horas más tarde las policías femeninas que debían
retirarla de allí testimoniaron que lloraba, padecía convulsiones
y tenía marcas evidentes. Como temían que padeciera un infarto
solicitaron una nueva revisión médica. El médico
forense Ricardo Zufriategui comprobó entre 25 y 30 contusiones
escoriativas, alteración de la arquitectura del hombro derecho
con probable subluxación, dificultades para mantenerse de pie y
caminar. Dictaminó que se habían producido entre cuatro
y seis horas antes y ordenó que la internaran. La mujer identificó
como responsables al oficial inspector Gerardo Domingo Sibilio, al oficial
Alfredo Di Marzio, a los cabos Alberto Manuel Rueda y Adolfo Darío
Vilches y a un subcomisario, todos de la policía provincial. La
llevaron a una pieza de la comisaría que no se solía usar
para recibir detenidos. La esposaron, le tiraron de los pelos, le orinaron
en la cara, se pararon sobre sus pies descalzos, la golpearon con palos,
trompadas en el vientre y en la cara hasta hacerle saltar una prótesis
molar. Le dieron rodillazos en la espalda mientras tiraban de sus hombros
hacia atrás, le colocaron una correa en el cuello que le dificultaba
la respiración, una venda sobre los ojos y una bolsa de polietileno
en la cabeza, y la amenazaron de muerte. Por último le mojaron
los pies y dijeron "vamos a darle máquina", momento en
que perdió el conocimiento.
El 3 de octubre el juez federal Manuel Blanco dictó la prisión
preventiva de todos, menos del subcomisario, como autores de torturas,
delito que el articulo 144 del Código Penal castiga con prisión
de 8 a 25 años. El 16 de noviembre los camaristas Juan Manuel Garro
y Leopoldo Schiffrin confirmaron la decisión pero además
ordenaron investigar la responsabilidad de los subcomisarios José
María Orlando y Juan Héctor Basualdo, quienes ordenaron
el interrogatorio y, al menos uno de ellos, estuvo presente mientras ocurría.
Cuatro años más tarde, Blanco condenó a los cuatro
policías a ocho años y seis meses de prisión e inhabilitación
absoluta y perpetua para ocupar empleos públicos. No fue tan severo
con los superiores: las actuaciones contra Orlando y Basualdo que había
ordenado la Cámara se perdieron, por lo que la Cámara ordenó
sumariar al juez. Pero el delito ya había prescripto por lo que
Orlando nunca fue procesado. Basualdo ya había muerto.
El 22 de agosto de 1995 la Cámara Federal de La Plata modificó
la calificación y en vez de torturas consideró que habían
infligido a Zapata severidades, vejaciones o apremios ilegales, delito
que el artículo 144 bis del Código Penal castiga con prisión
de 1 a 5 años. La pena se redujo entonces a dos años de
prisión, que era el tiempo que ya todos los condenados habían
pasado en la cárcel, por lo que quedaron en libertad. El autor
del voto fue Alberto Ramón Durand, a cuyos fundamentos adhirió
Jorge Jaime Hemmingsen. Durand mantiene una antigua odiosidad con el juez
Blanco y, en cambio, es amigo de otro de los defensores, Fernando Burlando.
Su curioso texto encomia el "ingenio y sagacidad" del defensor
Carlos Alberto Mazaroni en "el meduloso y elogiable trabajo realizado".
El argumento central para considerar lo ocurrido como apremios y no como
torturas fue que no se había comprobado el paso de corriente eléctrica,
pese a que el propio Durán escribió que Zapata fue sometida
a comportamientos "aberrantes y abominables", y considera probada
"la gravedad de las lesiones físicas y psíquicas padecidas"
mediante "acciones deshumanizadas tendientes a oprimir, agobiar y
maltratar". Sólo el tercer juez, Carlos Alberto Nogueira insistió
con la calificación anterior. Mencionó la Convención
contra la Tortura, constitucionalizada en la reforma de 1994, según
la cual tortura es "todo acto por el que se inflija intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales"
con el fin de obtener una confesión". No sólo la electricidad
sino "cualquier otro medio deleznable" puede servir para esa
finalidad, por lo que es irrelevante "que se dude o se niegue el
uso de la picana eléctrica".
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