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Por
Laura Vales
Los senadores dicen que van a eliminarla. Los diputados prefirieron
llamarse a silencio. Después de que Página/12 revelara que
la Legislatura bonaerense maneja una millonaria caja de financiamiento
paralelo, en La Plata hubo reacciones diversas. El vicegobernador Felipe
Solá decidió reunirse con los senadores del justicialismo,
del radicalismo y del Frepaso bonaerense para discutir las medidas a tomar.
Lo hará este mediodía. Según anticiparon sus allegados,
su postura será la de “terminar con el manejo de fondos especiales”.
En el mismo sentido se pronunció el senador del Frepaso, Eduardo
Sigal. Entre los diputados, en cambio, el panorama parece incierto.
Tal como publicó este diario, la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires tiene –al margen de su presupuesto– una caja mágica.
Se trata de dos cuentas especiales en el Banco Provincia donde se deposita
dinero enviado por la gobernación. Los presidentes de las dos Cámaras
están habilitados –por la ley 10.370– a usar cada centavo
para cualquier tipo de gastos (ver aparte). El monto del dinero que se
maneja a través de estas cuentas depende enteramente de los acuerdos
entre el oficialismo y la oposición.
Ya en 1998, cuando el radical Francisco Ferro presidía la Cámara
de Diputados y Eduardo Duhalde era gobernador de la provincia, a través
de esas cuentas el Congreso bonaerense gastó 44 millones de pesos:
36 los diputados y 8 los senadores. Estos fondos especiales se siguen
usando hoy.
 “A
nosotros nos dan cada año, a través de esa ley, 48 mil dólares”,
reveló a este diario un diputado en ejercicio. “Los usamos
para pagar el alquiler de los locales del partido y para cubrir otras
necesidades. Algunos meses tuvimos que dejarlos para el fondo partidario.”
Aunque casi todos los fondos que integran esta caja paralela salen del
Ejecutivo bonaerense, ayer el gobernador Carlos Ruckauf aprovechó
la oportunidad para reprochar a los legisladores de la Alianza de estar
haciendo “gastos innecesarios”. “Me parece que lo que denuncia
Página/12 revela que hay un error desde el punto de vista del conjunto”,
opinó.
Estos “fondos especiales” que maneja la Legislatura parecen
encerrar más de un misterio hasta para los propios diputados y
senadores. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto se gastó a través
de esta caja paralela el año pasado. Cuando este diario consultó
sobre el punto al frepasista Alejandro Mosquera, quien manejó la
“cuenta especial” de los diputados durante todo el ‘99,
el diputado dijo no recordarlo. Ayer, cuatro de sus pares aseguraron que
ese tipo de información les está vedada y que a pesar de
sus reclamos nunca lograron conocer el monto total del dinero que maneja
por esta vía el presidente de la Cámara.
Desde hace tres años, la llave para acceder a estas cuentas estuvo
en manos, alternativamente, de Francisco Ferro y Alejandro Mosquera. El
primero fue el titular del cuerpo en el ‘98. Mosquera lo reemplazó
en el ‘99 y Ferro volvió a comandar la Cámara este
año. En el edificio del Congreso aseguran que Osvaldo Mércuri
(PJ) es en los hechos la tercera pata en el manejo de estos fondos, desde
la vicepresidencia primera de Diputados, un cargo con atribuciones especiales
que se creó a su medida en el ‘97, cuando debió apartarse
de la conducción de la Cámara.
Esta caja mágica, que constituye una segunda fuente de financiamiento
para la Legislatura, tiene sus particularidades: se rinde al margen del
Presupuesto –convirtiéndolo en una ficción–, no
se da a publicidad y la misma ley que la creó hace muy difícil
su control. Simplemente porque estipula que el dinero puede gastarse en
lo que fuera.
Para pedir más fondos al Ejecutivo, según explicaron funcionarios
con acceso a esa documentación, alcanza con un escrito de cinco
líneas y la sola mención de la ley. Es decir, sin aclarar
para qué va a ser usado el efectivo. Para justificar su uso, agregaron,
se suelen presentar recibos de locación de obra en la que no se
detalla el trabajo por el cual sepagó, y por lo tanto nadie puede
controlar después si efectivamente fue realizado.
Es decir que, en los papeles, cada centavo gastado puede tener su documentación
respaldatoria, sea o no real. Aun así, acceder a esos documentos
hoy no es posible. Son enviados al Tribunal de Cuentas, pero sólo
pueden ser consultados con una autorización especial del Poder
Legislativo.
“Creo que es conveniente avanzar en su derogación y terminar
con el uso de estos fondos”, dijo a Página/12 Eduardo Sigal.
“Es real que es un mecanismo que se puede prestar a un uso ilegítimo
de dinero del Estado. Hay que transparentar todo el funcionamiento del
Congreso: derogar esta ley, pero también dar a publicidad la lista
del personal político, cuáles son sus roles y cuánto
ganan.”
Los senadores aseguran que en los últimos años destinaron
el grueso de estos fondos a otorgar subsidios a entidades de bien público.
“Los números que publicaron son correctos. Pero quiero aclararle
dos cosas: primero, que el Senado recibe muchísimo menos que Diputados
y existe la decisión de abrir nuestras cuentas para que el que
quiera pueda revisarlas”, señaló a este diario un legislador
cercano a Solá. “En segundo lugar, que de los ocho millones
que recibimos, cinco fueron destinados a subsidios a hospitales.”
Este diario accedió a una serie de órdenes de pago realizado
en base a la ley 10.370. Y, al menos en lo que hace a la Cámara
de Diputados, reflejan algo muy distinto. Ellas indican que de esta caja
de financiamiento paralelo salieron, en apenas cinco meses del ‘98,
medio millón de dólares para cancelar facturas de publicidad.
Los gastos fueron autorizados por Ferro, quien ayer estuvo inubicable.
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Un modelo de discrecionalidad
La caja mágica de la Legislatura bonaerense fue creada
en 1985, cuando el radicalismo gobernaba la provincia. Desde entonces
fue utilizada y mantenida en secreto por todas las administraciones.
La modificaron en el ‘93, luego de que el PJ obtuviera la mayoría.
Pero sólo para potenciarla. Esto es lo que señala
la ley que ahora, después de 15 años, parece ir en
camino de su derogación:
 En su artículo
primero estipula que “los sobrantes de las Partidas del Presupuesto
de la Honorable Legislatura, Dietas y Gastos, provenientes de leyes
especiales, de venta de inmuebles de propiedad de las respectivas
cámaras se depositarán en Cuentas Especiales que abrirá
cada una de ellas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, las
que se mantendrán abiertas permanentemente con sus respectivos
saldos, a pesar del vencimiento de sus ejercicios”.
La modificación
del ‘93 amplió el origen de estos fondos: permitió
que en esas cuentas especiales también se pudiera depositar
aportes del Estado provincial, del nacional y de organismos no gubernamentales.
En su artículo
dos la ley faculta a “los presidentes de cada Cámara
Legislativa” a hacer “uso de estos fondos para satisfacer
erogaciones, cualquiera sea su naturaleza y ejercicio, independientemente
de los créditos asignados por el Presupuesto”.
En la práctica, según aseguraron a este diario diputados
y senadores, en estas cuentas especiales del Banco Provincia sólo
se deposita dinero de la gobernación. “Hace años
que la Legislatura no vende edificios y que sobre dinero del presupuesto
es muy inusual”, señalaron. “Lo mismo con respecto
a los aportes de organismos no gubernamentales”.
Cada año, tanto los diputados como los senadores deben enviar
una rendición de los gastos hechos en base a esta ley al
Tribunal de Cuentas. Pero la ley es tan discrecional que en realidad
lo que queda por controlar es poco y nada.
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