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Por
Adriana Meyer
Trabajar en el ámbito público y privado a la vez puede
tener su costo. Es el caso del subsecretario de Coordinación del
Ministerio de Educación, Raúl Mariscotti, quien actuó
como perito de parte de la empresa LAPA en la causa que investiga el accidente
ocurrido hace un año, cuando un avión de esa empresa se
estrelló en la Costanera y provocó 67 muertes. La Oficina
Anticorrupción puso en conocimiento de esta situación al
ministro de Educación, Juan José Llach; al jefe de gabinete,
Rodolfo Terragno, y al presidente Fernando de la Rúa "respecto
a lo que pueda corresponder en función de las incompatibilidades
de la ley de Ministerios", según la resolución a la
que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Como perito, Mariscotti había
impugnado una importante pericia del caso elaborada por la AFIP. Además
de integrar el gabinete de Llach, es primo hermano del ministro.
La investigación del juez federal Gustavo Literas y los fiscales
Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial apunta más allá
del error de los pilotos como causa del accidente. Para ellos, el sistema
de aeronavegación en la Argentina debiera ser revisado ante la
evidencia de que hay graves fallas en las estructuras de control que ponen
en riesgo la seguridad de los pasajeros. En tal sentido es que pidieron
a la técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) una pericia que no sólo analizó los aspectos contables
de LAPA sino que avanzó sobre la gestión empresarial, la
estructura de sueldos y la inversión en instrucción de personal
y en seguridad que realizó la empresa de Andrés Deutsch,
entre otros aspectos. El informe de la Dirección de Inteligencia
Fiscal de la AFIP determinó que en los últimos cinco años
los balances de LAPA demostraron que la empresa dio pérdidas. Incluso,
las proyecciones para este año también dan saldo negativo.
La empresa, cuyos directivos son los imputados del caso, aduce que en
realidad no hubo pérdidas sino inversiones, pero éstas no
pudieron ser comprobadas en el expediente. Los investigadores del caso
se preguntan cómo afrontó la compra de los nuevos y modernos
aviones que adquirió este año con las finanzas tan dañadas.
Raúl Esteban Pablo Mariscotti fue el perito contador que --en nombre
de LAPA-- impugnó el informe de la AFIP. Cuando los fiscales detectaron
que su otro despacho funcionaba en el Ministerio de Educación,
le pidieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que se expidiera sobre
la posible incompatibilidad entre el cargo público y sus tareas
como perito de parte. El Fiscal de Control Administrativo (titular de
la OA), José Massoni, señaló que no hay conflicto
de intereses respecto de la Ley de Etica Pública, pero afirmó
que "la actividad del señor Mariscotti como perito de parte
de LAPA estaría alcanzada por el impedimento del artículo
24 de la ley de Ministerios (ver recuadro), puesto que se trataría
de una actividad vinculada indirectamente con el Estado, toda vez que
se desarrolla en el ámbito de uno de sus poderes --el Judicial--
más aún cuando una de las partes del proceso judicial está
integrada por la Fuerza Aérea, y en su dictamen analizó
un informe técnico de la AFIP". Massoni agregó que
"dada la situación, se hace necesario poner en conocimiento
esta resolución a la autoridad política del Ministerio de
Educación, al jefe de Gabinete de ministros y al presidente de
la Nación, a fin de que tomen las medidas que estimen correspondientes".
Si bien la OA lo expresó como una "opinión no vinculante",
el juez Literas podría disponer la nulidad de la impugnación
de Mariscotti.
Las críticas que expuso Mariscotti en su impugnación del
informe de la AFIP fueron consideradas "poco sólidas"
por los investigadores del accidente. La impugnación --que ahora
podría caer-- no trababa el desarrollo de la causa, pero se enmarcó
en la estrategia de ataque a cada elemento de la causa por parte de LAPA.
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