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Por
Martín Granovsky
Tanto altos funcionarios de la Cancillería como el Ministerio
de Defensa debieron desmentir ayer que el Gobierno esté cambiando
de posición sobre la detención de ex represores en el exterior.
Las dudas surgieron luego de que Ricardo López Murphy hablara por
primera vez después de la detención del marino Ricardo Cavallo
defendiendo lo que definió como "principio de territorialidad".
El Presidente Fernando de la Rúa también lo reivindicó,
pero dijo que el Gobierno no pasará de la obligada asistencia consular
a presos como Cavallo o el mayor retirado Jorge Olivera.
López Murphy dijo que la Argentina "siempre va a defender
el principio de territorialidad". Remarcó que la cuestión
de Olivera y Cavallo está en manos de los ministerios de Justicia
y de Relaciones Exteriores y recordó que los delitos cometidos
durante la dictadura "ya se han juzgado y sancionado".
El ministro habló al salir de un ámbito que interpretó
como relacionado con los temas militares, el Primer Simposio de Investigación
y Producción para la Defensa en la sede de la Escuela Superior
Técnica del Ejército.
En otro acto industrial, aunque químico, De la Rúa dijo
que la Argentina defiende el "principio de territorialidad",
comentó sobre Cavallo que veía "en los diarios que
no es clara su identidad" y aclaró, de todos modos, que "se
presta asistencia consular".
La última parte de la declaración es clave, porque significa
que el Gobierno sigue la política que se impuso cuando detuvieron
a Olivera en Roma. La asistencia diplomática implicaría
que el Estado argentino, a través de su embajador en Italia o México,
asume la detención de alguno de los militares retirados como un
problema de Estado a Estado. Así lo hizo Chile cuando el Reino
Unido arrestó a Augusto Pinochet. La asistencia consular, en cambio,
no va más allá de la obligación de los cónsules
de supervisar que esté garantizado el debido proceso tras la detención
de un argentino en el exterior.
--¿Qué significa adherir al principio de territorialidad?
--preguntó este diario a un alto funcionario de Relaciones Exteriores.
--Que en otros países gravitan principios como el de la nacionalidad
pasiva, lo cual supone la aplicación de la ley nacional propia
a delitos sancionados con pena de prisión cometidos por un nacional
o un extranjero fuera del territorio. La víctima, por supuesto,
debe tener la nacionalidad del país que los defiende por lo menos
en el momento en que sufrió un delito a manos de otra persona.
Un vocero del Ministerio de Defensa explicó su alineación
con esa postura:
--Insistimos en que en este tema debe haber una sola voz, que es la que
ha expresado la Cancillería desde el principio.
--¿Por qué el ministro, que callaba sobre Cavallo, cuando
se decidió a hablar eligió como tema el principio de territorialidad?
--Fue una posición procesal, no política.
--¿Cómo procesal?
--Sí, una explicación de los principios jurídicos
por los que se rige la Argentina. Porque en términos políticos
el ministro López Murphy no tiene una posición diferente
a la del resto del Gobierno.
Cuando Olivera fue detenido en Roma, el Gobierno decidió que no
se haría cargo de su suerte, y evitaría así correr
con un costo internacional difícil de tolerar. Una actitud aún
más silenciosa acompañó, después, el arresto
de Cavallo en México.
Oliveira pregunta
La defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira,
le solicitó información al Ejecutivo de la ciudad
acerca de un contrato firmado con la empresa Seal Lock, a la que
se encontrarían vinculados dos ex integrantes del grupo
de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante
la dictadura. Uno de ellos es el detenido en México, Ricardo
Miguel Cavallo, y el otro es Jorge Carlos Rádice, según
versiones periodísticas. La Defensoría inició
una investigación de oficio con el envío de una
nota al secretario de Obras y Servicios Públicos de la
ciudad, Abel Fatala, a quien le pidió "el contrato
suscripto con esa empresa para la provisión de plásticos
para la confección de las licencias de conducir".
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