LAS CONSTRUCTORAS LOCALES GANAN LA PULSEADA
Las obras quedarán en casa

El Plan de Infraestructura se adjudicará por licitaciones nacionales. Triunfo del titular de la CAC, Baglietto, de Techint.

Por Cledis Candelaresi

  El grupo Techint está de parabienes, y no sólo por los recientes cambios en el gabinete de José Luis Machinea que ubicaron en la Secretaría de Industria a Javier Tizado, uno de sus ejecutivos más encumbrados en el rubro siderúrgico. Antes de esta designación, la constructora del holding tuvo al menos otras dos satisfacciones. Primero, el ministro de Infraestructura decidió sostener el peaje –negocio en el que la organización tiene participación destacada– haciéndolo extensivo a rutas que hoy no lo tienen. Segundo, modificó el proyecto de ley para financiar parte de su megaplan de infraestructura, de modo tal que las obras sólo sean concursadas entre empresas nacionales, algo por lo que batalló cuanto pudo Eduardo Baglietto, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y vicepresidente ejecutivo del grupo de los Rocca.
Nicolás Gallo siempre estuvo convencido de la necesidad de instrumentar alguna forma de compre nacional, uno de los puntos del plan procompetitivo oficial que Economía se dispone a anunciar a los industriales. Pero cómo priorizar los intereses de las firmas locales en el Plan Federal de Infraestructura, caballito de batalla de su gestión, resultó una definición vidriosa.
El 31 de mayo, durante el almuerzo anual de la Cámara Argentina de la Construcción, los dueños de casa reclamaron en público a Gallo un lugar prioritario en el ambicioso plan de obras. El ministro prometió buscar una fórmula que permitiese hacer lo mismo que ya había resuelto con los trabajos pendientes de Yacyretá: reservar el trabajo para las postulantes argentinas.
El 17 de julio, Infraestructura envió al Congreso un “borrador de trabajo” sobre el proyecto para crear el Fondo de Garantía del Plan Federal, con el que prevé costear obras por unos 7000 millones de pesos. El mecanismo previsto consiste en que las empresas privadas hagan la obra con recursos propios y, una vez concluidas, el Estado las comienza a pagar en cuotas, que incluyan el monto de la inversión y un cierto interés.
Según aquel papel, la selección de las constructoras se haría a través de una licitación pública nacional e internacional. Sólo después, a través de la reglamentación a redactar en el futuro, el Gobierno fijaría “una preferencia” para las empresas nacionales. Esto significa que si cotizaran hasta cierto porcentaje por encima de sus competidoras extranjeras, tendrían derecho a igualar la oferta de éstas (bajando la cotización) y quedarse con el negocio.
Sin embargo, el proyecto que finalmente enviaron al Congreso Economía e Infraestructura resultó bastante más ventajoso para las empresas locales, ya que su artículo 15 directamente prevé realizar un concurso nacional, excluyendo de movida a cualquier competidor extranjero. Esta regla tendría una excepción: que las obras requieran financiamiento de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que nunca permitirían un concurso tan restrictivo.
Entre un criterio y otro hubo muchas conversaciones entre los funcionarios con Baglietto (Techint) y Aldo Roggio (de la empresa homónima), entre otras figuras del clan constructor, acerca de cómo darles a las empresas nacionales un lugar de privilegio. “No habrá ninguna preferencia”, sostuvo en público Gallo el día que presentó en público el plan ante la prensa y empresarios. Lo que el titular de Infraestructura omitió es que ésta ya no haría falta, porque se habían borrado los competidores extranjeros.
El criterio oficial desató en el Congreso críticas de algunos diputados frepasistas, comandados por el díscolo Ricardo Vago. El cuestionamiento central es que existe el riesgo de que las grandes constructoras locales “se cartelicen”. Es decir, que se repartan las obras más grandes en lugar de competir ofreciendo precios más bajos.
Los legisladores sugieren realizar una licitación internacional, pero fijando una preferencia de entre el 10 y el 15 por ciento a favor de lasempresas argentinas. “Así, se verían obligadas a bajar sus cotizaciones”, especula Vago, quien descuenta que las firmas foráneas siempre pretenderían cobrar un menor precio, en parte porque pueden acceder al financiamiento más barato. Desde el Ejecutivo ya lo llamaron al orden.
Gallo y Machinea enfrentaron el dilema de promover una baja en el costo argentino –incluyendo el que paga el Estado por sus contrataciones– y, al mismo tiempo, estimular la actividad local. Para resolverlo, los ministros apuestan a que las constructoras argentinas consigan financiamiento más barato gracias a las garantías de pago que ofrece el Estado. Esta ventaja sería reflejada en las cotizaciones de las obras para las que el grupo de los Rocca es firme candidato.
Al margen de la suerte que corra este Plan Federal, Techint también mejoró sus perspectivas de negocios como proveedora de chapa a los autopartistas. El acuerdo automotor con Brasil fomenta la producción local de autopartes, para las que Siderar puede aportar el insumo básico.

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