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Diez policías y tres inspectores en el negocio de la prostitución
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La Justicia está a punto de cerrar una investigación sobre
una red de prostitución urbana en la que hay involucrados policías
de la Federal y funcionarios del gobierno porteño. En total son diez
los policías –de rango superior a subcomisario– imputados
hasta ahora en la causa que lleva adelante el juzgado de Pablo Bruno desde
el ‘98. Los implicados, que serán citados a declarar la semana
próxima, están sospechados de cohecho. Según fuentes
del juzgado, son responsables de encubrir un negocio que terminó
con cinco particulares y tres inspectores porteños ya procesados.La investigación iniciada hace dos años comenzó con operativos de oficio hechos en Partener, un local que funcionaba en el subsuelo de Santa Fe 1130. A partir de allí se sucedieron tareas de inteligencia sobre los tres soportes del negocio: locales nocturnos, hoteles alojamiento y departamentos privados. Este mes de agosto, parte de ese trabajo concluyó con el allanamiento a 31 locales; entre ellos, más de veinte eran departamentos privados. En esos operativos se hallaron 173 mujeres y fueron detenidas 17 personas, incluidas regentes y encargados del negocio. El mapa donde se concentraba la información fue presentado ayer en conferencia de prensa por la Policía Federal. El anuncio tuvo una peculiaridad: participaron los responsables de Asuntos Internos, con lo que dieron pistas del alcance que podría tener la investigación hacia adentro de la fuerza. “Hay personal policial sospechado que surgió desde el comienzo de la causa”, anunció el comisario inspector Oscar Sayago, del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos, la encargada de investigar a los propios policías. El dato fue confirmado por fuentes del juzgado a Página/12. “No son sólo con rango de oficiales –explicó la fuente–, son todos de cargos subcomisario hacia arriba”. Esos policías pertenecen a comisarías con jurisdicción en las zonas de Flores, Floresta y el centro. “Están imputados y serán llamados a declarar la semana próxima porque existen pruebas que los involucran en cohechos –continuó la fuente–, y esos diez iniciales pueden ampliarse”. Aunque la mayoría aún sigue en actividad, el comisario Edgardo Aoun, del Departamento de Seguridad Pública, aseguró que uno de ellos está en disponibilidad. Sobre este dato agregó que “un oficial principal retirado que murió hace unos meses regenteaba como propio el local Sheik, sobre la calle San Pedrito”. Detrás de Sheik existe otro nombre, el de Roberto Mirasoles, otro de los empresarios de la noche que será citado por el juez Bruno la semana entrante. Con ellos aparecen Gabriel Conde, por Shampoo, y Raúl Martins. También Alberto Perciavalle y su padre, con control sobre las mujeres de La Saison, de Pueyrredón 1070, y Partener, el local de Santa Fe, que disparó la investigación. Pero no son los únicos involucrados. La causa tiene como procesados a tres inspectores porteños: Víctor Emilio Cassarino, Héctor Monzón y Ernesto Girón. Los tres estuvieron detenidos el año pasado y ahora están en libertad. Su participación surgió a raíz de un allanamiento frustrado ordenado por el juzgado: “Interfirieron los allanamientos que se habían ordenado sobre dos o tres locales”, explicó a este diario una fuente de la causa. Los teléfonos intervenidos de los boliches captaron las comunicaciones donde se daba el alerta y la pista de los soplones. Fueron las mujeres que declararon durante el ‘98 las que permitieron hallar los indicios de una estructura donde las extranjeras se calculaban como el 40 por ciento del total de prostitutas. Aunque esos datos, indicó Aoun, fueron modificándose, sirvieron para trazar el mapa de tráfico de dominicanas que fue presentado ayer. De acuerdo con esa cartografía, sobre 4000 mujeres llegadas –generalmente por Ezeiza–, 4 por ciento lo hicieron vía Río de Janeiro, 22 por ciento desde San Pablo, 15 por ciento de Chile y 10 por ciento de Guyana holandesa. De un 49 por ciento se desconoce la vía. Sobre esta variable de la investigación y la posible vinculación de personal de Migraciones con estos ingresos avanza ahora lacausa, aunque hasta ahora “no hay ningún funcionario del área implicado”, dijo Aoun.
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