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Por
C.R.
“Lo que decidimos es pedir la colaboración del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que nos ayude a controlar la
situación”, anunció a Página/12 la interventora
en el Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, refiriéndose a la
nota publicada por este diario respecto de que se triplicaron las denuncias
sobre torturas a chicos en las comisarías de la zona norte del
Gran Buenos Aires. Por su parte, el gobernador Carlos Ruckauf le pidió
públicamente al virtual jefe de la Bonaerense, Eduardo Martínez,
denunciado a su vez por otro caso de torturas ocurrido hace dos décadas
en la misma zona, que “se ponga a disposición del juez que
sea pertinente” para responder por las nuevas acusaciones contra
personal policial que se conocieron a partir del artículo publicado
ayer. Los datos proporcionados por el asesor de menores de San Isidro,
Carlos Eduardo Bigalli, citados en la nota, precisaron que en los primeros
siete meses de 2000 hubo 159 denuncias, lo que significa 22,71 casos por
mes.
La doctora Lima, que como jueza de menores denunció más
de una vez hechos similares, reconoció ayer que “la primera
situación grave, eterna, que lamentablemente no podemos darle solución
inmediata, es la presencia de menores en las comisarías”.
En diálogo con este diario, la interventora en el Consejo Provincial
del Menor precisó que cuando asumió el cargo, en junio pasado,
“había 150 chicos en comisarías y a pesar de los esfuerzos
realizados todavía quedan 114”. Sobre la tétrica estadística
confeccionada por Bigalli, sostuvo: “No me caben dudas sobre la veracidad
de los datos publicados por (Horacio) Verbitsky”. De todos modos
aclaró que ella, en el Consejo, no recibió “ninguna
denuncia de San Isidro y sí algunas del partido de La Matanza,
en donde ordenamos una investigación”.
Estimó que “es difícil que los jóvenes se animen
a denunciar casos de torturas o malos tratos” y por eso tal vez “no
hay denuncias generalizadas en toda la provincia”. Comentó
que algunas veces “la policía produce detenciones de menores
y ni siquiera se le da intervención al juez, de manera que mal
podrían hacer las denuncias”. Precisó que esto suele
suceder “cuando hay detenidos en los partidos de fútbol”.
Respecto de lo ocurrido en San Isidro, se mostró un tanto sorprendida
porque desde que asumió dice haber impartido directivas a las delegaciones
del Consejo “para que realicen un control diario en los lugares de
detención donde hay menores, para saber si están bien atendidos,
si reciben comida y atención médica adecuada”.
Ante la publicación de la nota en Página/12 resolvió
pedir un informe a la delegación San Isidro y tomar contacto directo
con el CELS “para lograr información, asesoramiento y ayuda
directa para buscar una solución a los problemas denunciados”.
Una de las precisiones que quiere tener es “cuántos casos
ocurrieron desde junio, cuando comenzó mi gestión, porque
a mí no me llegó ninguna denuncia concreta”.
Sobre la situación de los 114 chicos que siguen en comisarías,
dijo que “se ha podido avanzar en la reducción del tiempo
en esos lugares, dado que ahora ninguno pasa de los 90 días y apenas
hubo dos casos de más de cien días, cuando antes solían
estar años”. De todos modos, insistió en que no duda
acerca de la veracidad de los datos señalados en el artículo
periodístico y coincidió en que “es un hecho muy grave
que hay que solucionar de inmediato”.
Por su parte, el gobernador Ruckauf dijo que le había pedido al
denunciado jefe de la Bonaerense, Eduardo Martínez, “que se
ponga a disposición del juez que sea pertinente, al igual que todo
el personal que sea denunciado”. Y puntualizó al respecto:
“Yo no quiero que existan torturas” en la provincia de Buenos
Aires, aunque el CELS ya había denunciado que uno de cada cinco
detenidos, entre los mayores de edad, son torturados en las comisarías
bonaerenses. A pesar de los datos que indican lo contrario, Ruckauf sostuvo:
“Creo que se ha modificado muchísimo el accionar policial
y que se ha logrado detener a mucha gente que cometía ilícitos
denunciados por la propia policía”.
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Más
delitos, más sumarios
En 1999 se abrieron en total 2328 sumarios a policías,
a un promedio de 194 por mes, mientras que en lo que va de este
año ya se superó ese número y el promedio mensual
es de 293 sumarios mensuales, es decir un 50 por ciento más.
La cartera de Seguridad provincial, que dio a conocer estas cifras,
reconoció también que aumentaron los pases a disponibilidad
de policías sospechados de estar implicados en ilícitos
o de cometer irregularidades en su accionar. En los primeros ocho
meses del año 2000, 191 agentes fueron pasados a disponibilidad
preventiva, mientras que a lo largo de todo el año pasado
223 corrieron la misma suerte. Un total de 36 sumarios fueron ya
elevados al Tribunal de Etica, 12 más de los que pasaron
a estudio en todo 1999. Las faltas más graves por las que
se investiga a los policías son apremios ilegales y extorsiones,
aunque también abundan violaciones, tenencia y consumo de
drogas, malversación de caudales e irregularidades con el
manejo de las horas de vigilancia adicional.
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