El expediente colectivo más grande contra el ajuste, que impulsan cuatro gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), está en medio de un brutal tironeo, pero cada vez más cerca de ser resuelto por la Corte. Mientras ayer a la mañana el juez laboral Miguel Angel Pirolo declaró en esa causa la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia con el que el Poder Ejecutivo dispuso un recorte del 12 al 15 por ciento sobre los sueldos estatales, los ministros del alto tribunal discutían el tema en su acuerdo ordinario y una mayoría daba señales de que podría fallar a favor del Estado y disponer que se ejecute la quita salarial. Para abordar el tema, la Corte le había pedido a Pirolo los autos principales. Pero en la CTA objetan que ese gesto equivale a �interrumpir la vía ordinaria y saltear instancias aplicando el procedimiento del per saltum�. Un vocero replicó en nombre de los supremos que �el trámite es totalmente normal�. 
A fin de junio, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una medida cautelar dictada por el juez Pirolo en el expediente de la CTA que ponía en suspenso el recorte de sueldos dispuestos por el decreto 430/00 que firmó el presidente Fernando de la Rúa. El cuerpo principal de la causa quedó en manos de Pirolo. El Estado apeló la decisión de no innovar de los camaristas y esa parte de la causa pasó a la Corte Suprema. La semana pasada el máximo tribunal le pidió al magistrado del fuero laboral que le enviara todos los cuerpos, según fuentes judiciales.
Pirolo mandó el expediente a la Corte ayer junto con la resolución que había firmado a las 10 de la mañana en la que se expedía sobre el fondo declarando la inconstitucionalidad del decreto de recorte. Si bien no es el primer juez que falla en ese sentido, se trata de un expediente que tiene la particularidad de afectar a todos los afiliados a los cuatro gremios que lo suscriben �la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y la Administración General de Puertos (APDFA)�.
�Lo que le cuestionamos a la Corte es que haya pedido la totalidad del expediente, ya que sólo debe resolver el incidente de la medida cautelar. Eso viola el derecho al juez natural e implica aplicar el procedimiento de per saltum (que el alto tribunal aplicó en casos históricos como la privatización de Aerolíneas Argentinas)�, protestó Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de CTA. �Por todo eso �añadió Meguira- mañana (por hoy) nos presentaremos ante la Corte para solicitar que remitan el expediente principal al doctor Pirolo. Si la Corte no lo hace y dicta sentencia sobre el fondo, estará incurriendo en una irregularidad.�
Los supremos trataron el tema del ajuste en la reunión de acuerdos de ayer, pero un encumbrado funcionario del tribunal aseguró que no tomaron ninguna decisión. Sólo enviaron las actuaciones al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, para que elabore un dictamen. El mismo vocero dijo: �Es imposible hablar de un per saltum puesto que hay un recurso de queja del Estado ante la Corte y no se estaría salteando ninguna instancia; la parte de las actuaciones que no sea necesaria se devolverá�. Aclaró que el tribunal no pidió todas las causas sobre el tema (que son cerca de un centenar) sino sólo tres que llegaron a esa instancia por apelaciones. 
Un funcionario cercano al gabinete de ministros le dijo a Página/12 que �no hay ninguna razón política ni interés del Gobierno para que la Corte aplique un per saltum�. En principio, el tribunal sólo se expediría sobre la medida cautelar y según una fuerte versión que circulaba ayer en el Palacio de Justicia, la mayoría votaría por revocar la decisión de la cámara laboral y dar vía libre a la aplicación de la tijera sobre los sueldos de los empleados públicos. Pero por el momento, a menos que reciban algún recurso extraordinario, no se meterían con el tema de fondo. Probablemente, el fallo del juez Pirolo tarde o temprano llegará a los supremos. Lo que ha dicho este magistrado en su resolución no es menor. Sostuvo que el decreto del recorte viola abiertamente garantías constitucionales y pactos internacionales que establecen el derecho a una �retribución justa� y �a un nivel de vida adecuado� para los trabajadores �y para su familia�. Que afecta las disposiciones salariales fijadas por ley y los convenios que prohíben limitar la libertad del trabajador de disponer de su salario. Además, redondea, el Poder Ejecutivo no ha dado ninguna �razón de urgencia excepcional que evidencie la imposibilidad de tratamiento de esa cuestión por el Congreso� y que justifique saltear el trámite de sanción de una ley y reemplazarla por un decreto.

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