Por Victoria Ginzberg
 Al juez español Baltasar Garzón no le pueden quedar dudas de que el directivo de la empresa Talsud, Ricardo Miguel Cavallo y el represor Miguel Angel Cavallo son la misma persona. El magistrado recibió ayer de la Acusación Popular y de querellantes particulares, pruebas de la identidad del marino detenido en México el jueves pasado. Entre esa documentación le llegó parte del prontuario policial publicado el viernes por Página/12. En las presentaciones que se hicieron ayer ante Garzón se solicitó el procesamiento de Cavallo, que ya estaba imputado por genocidio, terrorismo y torturas como Miguel Angel, alias �Marcelo� y �Sérpico�.
El procesamiento es el paso previo que debe cumplir Garzón antes de solicitar formalmente la extradición del represor, cosa que haría entre esta y la próxima semana aunque tiene un plazo de sesenta días. El magistrado español escuchará hoy la ampliación de los testimonios del periodista Juan Gasparini, de Susana Burgos y Alicia Milia, todos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Mañana se presentará Cristina Muro, esposa del desaparecido Carlos Alberto Schiappolini (ver aparte).
Cavallo estaba imputado en la causa que investiga Garzón desde julio de 1998 pero debido a las dudas sobre su identidad el magistrado español no había dictado la orden de captura correspondiente. Las vacilaciones alrededor de Cavallo concluyeron cuando fue reconocido por varios ex detenidos desaparecidos y con el prontuario policial. En los escritos presentados ayer se mencionó que:
 El fiscal Strassera acusó en el Juicio a las Juntas a Cavallo como responsable de la zona denominada �La Pecera�, el lugar de la ESMA donde las personas privadas de libertad eran reducidas a servidumbre y obligadas a realizar trabajos forzosos; de la tortura de Thelma Jara de Cabezas, de Nora I. Wolfsom y de una mujer identificada sólo como �Rosa�.
Cavallo fue identificado por varios ex detenidos desaparecidos �entre ellos, Enrique Mario Fuckman, Víctor Basterra, Arturo Osvaldo Barros, Susana Beatriz Lerirecha de Barros, Graciela Daleo� como el oficial responsable de �La Pecera�.
Juan Gasparini lo señaló como miembro del �grupo de tareas�, comandado por el teniente de navío Juan Carlos Rolón, que asesinó a su esposa Mónica Edith Jáuregui y a Elba Delia Adaya.
Por la Acusación Particular, Guillermo Valera adjuntó en su presentación las copias de una credencial a nombre de Miguel Angel Cavallo que Basterra logró sacar clandestinamente de la ESMA y del prontuario policial, documento en el que constan los datos de filiación auténticos. Tal como informó este diario, en ambos papeles coinciden las fotografías, las firmas y la numeración de la cédula de identidad y pasaporte.
Por otra parte, el juez francés Roger Le Loire �el mismo que solicitó la extradición desde Italia del militar Jorge Olivera� mandó el exhorto en el que confirmó que a partir del 15 de setiembre viajará o mandará una comisión a México para interrogar a Cavallo.
A partir de la detención de Cavallo se planteó entre las autoridades mexicanas un debate acerca de la legalidad de la aplicación de la jurisdicción internacional. Sin embargo, desde la Procuraduría mexicana no se criticó públicamente la posible extradición y se informó que el trámite podría demorarse unos 18 meses. Juan Antonio Vega, de la acción cristiana para abolir la tortura, manifestó que grupos de derechos humanos de México pedirán una entrevista con el presidente Fernando de la Rúa, que tiene planeado visitar ese país la semana próxima. La Cancillería mexicana será finalmente la que tomará o no la decisión de entregar al represor a la justicia española. El arresto de Cavallo provocó que la Comisión Permanente del Congreso mexicano solicitara la cancelación de la concesión por la que la empresa que dirigía el represor opera el Registro Nacional de Vehículos (Renave). Además, el diario azteca Reforma informó que varios colaboradores de Cavallo en la empresa argentina Talsud abandonaron México en los últimos días.
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Testimonio de otra víctima |
CRISTINA MURO
�Me abrieron los puntos del parto�
Por V.G.
Cristina Muro terminó de darle el pecho a su bebé, Carlos Miguel, que tenía seis días. Se acomodó el camisón y se asomó por la ventana.
Estaba ansiosa porque su marido, Carlos Alberto Schiappolini, ya debía estar en la casa. En ese momento sintió una voz que le dijo: �Quieta. Arriba las manos�. Eran las tres menos cuarto de la tarde del 26 de febrero de 1977. Cristina, que tenía 25 años, se dio vuelta y vio �a un hombre rubio, de piel muy blanca, muy buen mozo y joven�. Era Ricardo Miguel Cavallo. �Me impactó porque se parecía mucho a mi marido. Al principio pensé que era una broma�, narró a Página/12 Muro. La sensación le duró poco. La mujer se dio vuelta y quedó cara a cara con el represor que le preguntó su nombre. Ante la respuesta el hombre gritó: �es acá�. Luego se acercó a la puerta y ordenó: �procedan�. En ese momento entraron entre cuatro y seis personas más. �Fue la locura total. Daban vuelta todo, revoleaban la ropa y me tiraron al piso boca abajo. Como gritaba mucho un tipo me pegaba con lo que creo era la punta del botín�, describió la mujer. Los golpes le abrieron los puntos del parto. Cristina gritaba cada vez más fuerte, tirada en el piso con la cabeza de costado. En medio de la confusión y el terror pudo divisar a su hijo de menos de una semana de vida, agarrado por un militar de los pies, con la cabecita abajo y una pistola en la boca. �Yo gritaba tanto que en un momento me levantaron y me empezaron a hacer preguntas sobre las fotos de mi familia. Me llevaron a tomar agua y cuando volví vi al tipo rubio en la puerta�, relató Muro, miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. La mujer preguntó por su marido y Cavallo le informó que �lo tenían detenido�. Carlos Alberto Schiappolini fue secuestrado ese día y conducido a la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 23 años y medio y era trabajador manual. Su mujer buscó, durante años, datos sobre el paradero de su marido e hizo las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y la Justicia argentina. Muro declarará mañana por primera vez ante el juez español Baltasar Garzón, quien en pocos días pedirá a México la extradición de Cavallo, detenido la semana pasada cuando intentaba volver a refugiarse en Argentina. �Durante años, cuando yo describía al tipo rubio que comandó el operativo en mi casa me decían que debía ser (Alfredo) Astiz. Pero al ver las fotos en seguida supe que no. Recién en el �96 un ex detenido me dijo que debía ser Cavallo y lo reconocí por fotos, supe que sus alias eran �Sérpico� o �Marcelo� y que se hacía llamar Miguel Angel�, aseguró Muro. Cuando el jueves de la semana pasada� el mismo día de su aniversario de casamiento� vio la imagen del hombre en la tele no tuvo dudas: �Es el mismo porte, la misma manera de caminar. Fue patente�. |
SASSIAIÑ NO
DECLARO EN EL JUICIO POR LA VERDAD
La mira sobre la jueza Garzón
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
Los querellantes en una de las causas por la verdad histórica que se tramitan en Córdoba se cansaron y patearon el tablero. Ayer realizaron una presentación en el Juzgado Federal 3, recusaron a la jueza Cristina Garzón de Lascano con duras críticas hacia su accionar durante la dictadura. La acusaron de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento, por haber participado de la indagatoria de una ex detenida en 1976. �Esta causa, como ninguna, tiene a la justicia comprometida�, señaló el abogado Rubén Arroyo en el escrito. En el marco de la misma investigación, la de los 30 asesinatos cometidos en la Penitenciaría 1, ayer no fue a declarar Juan Bautista Sassiaiñ, convocado como testigo por haber ordenado �traslados� de presos mientras era jerarca del Tercer Cuerpo de Ejército.
La presentación de ayer fue el epílogo de una situación que ya se perfilaba tirante entre querellantes y jueza. El punto máximo en la evolución de la causa de la cárcel de San Martín ocurrió en abril pasado, cuando altos militares retirados (entre ellos Luciano Benjamín Menéndez) desfilaron por Tribunales y quedaron detenidos al negarse a testimoniar. Después de eso, los Hijos habían pedido un juicio oral que la Cámara Federal les negó, adjudicándole a la jueza de instrucción la potestad de �dictaminar sobre la verdad histórica�.
A partir de allí, Garzón de Lascano siguió escuchando testimonios, en este caso de sobrevivientes, ex detenidos y familiares de las víctimas. Dora Caffieri, esposa de Raúl Augusto Bauducco (el estudiante de periodismo que el cabo Miguel Angel Pérez reconoció haber asesinado de un disparo en el rostro), fue una de las que declaró en los últimos días.
No fue un testimonio más para la jueza. Hace 24 años tuvo a la misma mujer enfrente suyo, contando, quizá en otros términos, las mismas vejaciones, denunciando el mismo genocidio. Por entonces Garzón de Lascano era secretaria del juzgado de Adolfo Zamboni Ledesma, el magistrado que oyó, sin escuchar, decenas de testimonios de presos políticos durante la dictadura, que cajoneó sus expedientes y que hizo expirar sus dibujadas causas por �muerte�, sin investigar nada.
Eso le valió ahora a la jueza que varios de los hijos y familiares, algunos representados por Arroyo y otros por derecho propio, soliciten su recusación y la acusen de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. �La juez se encuentra inhibida de informar con objetividad sobre la verdad real de lo acontecido durante el accionar terrorista de estado; resulta elemental que no puede juzgar sus propios actos�, señalaron en el escrito. En diálogo con Página/12, Arroyo sostuvo que con las pruebas incorporadas al proceso �fueron apareciendo nuevos elementos que involucran a magistrados y funcionarios de la justicia federal de aquella época�, a cuya disposición estaban los presos de la cárcel.
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