Por Cledis Candelaresi
 El Compre Nacional con el que José Luis Machinea planea seducir a los empresarios locales podría llevar la norma a los tribunales arbitrales con sede en Washington, cuya competencia específica es dirimir conflictos internacionales en materia de inversión. El gobierno decidió hacer extensivo el régimen a las empresas privatizadas, pero éstas podrían ampararse en algunos de los tantos tratados de garantía recíproca que Argentina firmó con otros países para eludir las nuevas reglas y seguir importando libremente su equipamiento. La clave es que la mayor parte de los grupos adjudicatarios están integrados o liderados por firmas europeas y estadounidenses.
El flamante secretario de Industria, Javier Tizado, confirmó ayer que tanto el Estado como los concesionarios de servicios públicos estarán obligados a optar por un proveedor local, si éste le ofrece productos al mismo precio y calidad que otro del exterior. Economía ni siquiera planea imponer una preferencia, es decir, un margen de precio que le permita a una firma argentina cotizar por encima de otra extranjera, con la posibilidad de igualar la oferta de ésta en una segunda instancia. Pero el compre, aún en esta versión atenuada, promete ser muy polémico.
Si aquella imposición se limitara al Estado, los proveedores locales tendrían para festejar, ya que el poder de compra del sector público es millonario. Y el nuevo régimen revertiría la actual tendencia estatal a sustituir provisión local por importada, especialmente en el equipamiento de sus oficinas. Pero si se extiende a las empresas privatizadas, las perspectivas del negocio mejoran drásticamente, ya que según los propios cálculos oficiales, las empresas concesionadas invertirían cerca de 7000 millones de pesos en los próximos cinco años.
Sin embargo, este alcance sólo parece posible si resulta de un acuerdo entre el Gobierno y cada una de las empresas, más que como una imposición. Ya existió un ensayo oficial en este sentido, cuando el Ministerio de Infraestructura se sentó a renegociar el contrato de TBA, adjudicatario de los trenes urbanos Mitre y Sarmiento. El borrador del acuerdo no sólo reformuló el plan de inversiones, que la empresa propuso bajo la gestión menemista, en cuanto al monto (el plan de obras se redujo unos 1000 millones), sino que condicionó el origen del nuevo equipamiento con la intención de que la mayor parte sea comprado o armado, según los casos, localmente.
Pero los más de treinta acuerdos bilaterales de garantías a la inversión que Argentina firmó con países tan diversos como Estados Unidos o Panamá, podrían ser un obstáculo para que de ahora en más se fuerce a las concesionarias a comprar adentro lo que hasta hoy pueden conseguir afuera, muchas veces importando de empresas vinculadas. Ni siquiera las cláusulas incluidas en los contratos de Aguas Argentinas o en el de las telefónicas para que prioricen a proveedores argentinos consiguieron sujetar a estos concesionarios a esa imposición.
Los acuerdos internacionales firmados por Argentina garantizan a los capitales extranjeros un tratamiento igualitario y estabilidad de normas, y tienen rango superior a las propias leyes locales. Invocándolos, las privatizadas que quieran seguir comprando libremente podrían recurrir a la justicia local, a la presión diplomática o a los tribunales arbitrales con sede en la capital estadounidense para denunciar dos posibles transgresiones argentinas: un cambio en las reglas de juego o la presunta discriminación en su contra.
Un argumento semejante podrían invocar no ya las empresas instaladas en el país sino los potenciales inversores extranjeros, interesados en el millonario Plan de Obra Pública. De acuerdo al proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, sólo se realizarán licitaciones �nacionales� para definir quiénes ejecutarán las obras, excluyéndose de ese modo a cualquier contrincante extranjero. En una situación muy diferente estáBrasil que, a diferencia de Argentina, prácticamente no celebró tratados con otros países, conservando una mayor autonomía para preferir a los suyos.
| Proyecto con antecedentes
Con la intención de reglamentar el Compre Nacional, el Gobierno pretende resucitar un mecanismo vigente hasta el comienzo del gobierno de Carlos Menem. Desde 1963 existe en Argentina una ley que obliga al Estado a comprar a los proveedores argentinos si éstos ofrecen los mismos precios, calidad y condiciones de entrega que los extranjeros. Diez años después se promulgó la de Contrate Nacional, que extendió esa prerrogativa a la contratación de obras públicas, incluido su diseño y los trabajos de consultoría asociados. Pero la ley de Emergencia Económica sancionada en 1989, la misma que habilitó la privatización de las empresas públicas, suspendió el régimen, encomendando al Poder Ejecutivo enviar un nuevo proyecto de ley en seis meses. Esa iniciativa nunca fue girada al Parlamento. En cambio, se emitió un decreto reglamentario atenuando considerablemente el régimen de Compre que quedó en suspenso, sólo de hecho. Desde entonces, las empresas privatizadas quedaron en una zona gris, de la que José Luis Machinea se dispone a rescatarlas con el decreto reglamentario en ciernes. |
NUEVA SUCURSAL DE COTO, QUE SEGUIRA SIENDO NACIONAL
Resistiendo a la tentación
El empresario Alfredo Coto, dueño de la única firma nacional que integra el �top five� de las grandes cadenas de supermercados, pidió por un mayor ajuste del gasto público �para que disminuyan las tasas de interés que paga el empresariado�. Por otra parte, consideró que �hasta principios del año próximo no habrá reactivación�. Esas declaraciones las realizó en el marco de la presentación del mega local inaugurado en Temperley.
Sin embargo, a pesar de los no tan positivos augurios, Coto afirmó que �hay que seguir invirtiendo, la Argentina es un gran país y hay que ponerse a trabajar, hay que ir para adelante�. En otro orden, el empresario señaló que el escándalo por las supuestas coimas en el Senado �me cae mal�.
Hoy la firma Coto inaugurará al público una nueva sucursal en la localidad bonaerense de Temperley, la que forma parte de un complejo construido en etapas que incluye salas cinematográficas y 40 locales comerciales y que demandó una inversión de 30 millones de dólares. El empresario volvió a ratificar su voluntad de seguir siendo el dueño de la única gran cadena de supermercados de capital nacional. �Constantemente recibimos ofertas de cadenas internacionales, pero no venderemos�, subrayó.
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