Lo primero que debe hacer el Gobierno es demostrar una clara voluntad política de investigar hasta el fondo. Y debe hacerlo tanto en la vía judicial como en la vía política. Lo segundo, es unificar la relación entre el Presidente y el vicepresidente. Porque hay una maniobra del justicialismo, de Alasino, que pretende generar una disputa entre el Presidente y el vicepresidente. En ese sentido, el Gobierno debe demostrar claramente una unidad monolítica entre el Presidente y el vice. El soborno implica dos partes, así como hay sospechas en el justicialismo, hay sospechas que también rozan a hombres del Gobierno. En el caso de que se confirme la existencia de la coima, alguien la pagó. Por eso el Gobierno debe prestar atención a su comportamiento político porque el impacto sobre el equipo económico puede llegar a debilitarlo. De la Rúa debe abstenerse de utilizar los decretos de necesidad y urgencia. Esta crisis tiene una solución política, no una solución judicial. Seguramente va a haber cambios en la conducción del bloque del justicialismo. Esto también puede implicar cambios en el Gobierno: habrá que prestarles mucha atención al Ministerio de Trabajo y a la SIDE. Además, va a haber remezones en el bloque de senadores de la Alianza, porque hay senadores del oficialismo que han quedado descolocados, que se enojaron con el vicepresidente Alvarez. Parecería que se mostraron más de acuerdo con el bloque del justicialismo que con la investigación que se estaba realizando. De Santibañes es un hombre que al Gobierno no le sirve absolutamente para nada. Le ha generado un montón de problemas internos y externos. La situación de Flamarique, en tanto, va a depender de cómo siga la investigación. Ante las evidencias, a pesar de no ser judiciales, aunque sí políticas, hay que desprenderse de aquellos hombres que generan dudas. Si el Gobierno persiste teniendo hombres que lo han dañado, se debilitaría enormemente.

* Periodista

La actual crisis de las instituciones no puede disociarse del agotamiento del modelo económico y social iniciado en el país hace una década, que en sus etapas finales �las actuales� está haciendo estallar su fusible, que es el sistema político del país. Cuando los legisladores de la Nación sólo pueden votar una ley quebrados en sus convicciones o, en su defecto, 
si son corruptos, aceptando dinero a cambio, se pone en crisis todo el sistema de representación política. Y eso es lo que
está sucediendo en la Cámara alta: pone luz sobre las 
miserias de un orden político al servicio del modelo de exclusión. Lo que pasa es que acá hay alguien que sobornó y alguien que fue sobornado. Para ello, entonces, la única forma en que este tema de los sobornos que está afectando al Senado puede encontrar oxígeno es que se sepa la verdad: caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Esto es todo lo que yo quiero decir sobre el tema.

* Diputada nacional Alianza-UCR. 

¿Se puede gobernar en la Argentina con escrupuloso apego a la ley? El día que haya que devaluar el peso, ¿enviarán al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Convertibilidad? Nadie cree en semejante ingenuidad. Devaluarán derecho viejo y el Parlamento deberá luego convalidar la decisión, so pena de sumir al país en el caos. Ya ocurrió con el Plan Austral, con el Bonex y con la Convertibilidad misma. Un país cuya economía vive en emergencia se traga todos los semáforos republicanos.
Si además hay legisladores de la oposición �de ésta u otra� que antes de votar una ley preguntan cuánto hay para ellos, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Rechazar la extorsión, sin poder aportar pruebas de su existencia y resignarse a no avanzar con sus políticas? Lo normal para la hipócrita cultura política imperante es que el gobernante pague y siga adelante. Ahora bien: a medida que el ajuste reduce la posibilidad de otorgar favores fiscales, el medio de pago es sencillamente plata negra de la que también maneja el Estado.
Este mecanismo aberrante remite a un problema estructural, que es el de la financiación de la política en este país, base del tráfico de influencias y el poder de impulso o bloqueo que ejercen las grandes empresas. Como esta vinculación espuria entre poder económico y poder político consolida la preeminencia de los grandes partidos tradicionales, muy poco es el interés de éstos por transparentar el juego. Por algo ha tenido que ser un dirigente del Frente Grande, el vicepresidente Alvarez, quien embistiera contra el sucio engranaje tradicional.
El mismo ocultamiento impide que la AFIP (DGI más Aduana) sea confiada a manos realmente independientes, resueltas a no aceptar presiones de arriba. De otro modo, los recaudadores detectarían los incrementos patrimoniales injustificados de políticos y funcionarios corruptos, sacando a la luz todo el circuito. O cargarían contra la evasión y la elusión de impuestos de las grandes corporaciones, sin importarles si aportaron a la campaña. Pero ni siquiera la Alianza, con su proclamada vocación de transparencia, se privó del vicio de colocar en ese puesto a un radical dócil, que no parece el hombre llamado a patear el tablero.
El escándalo del Senado puede llegar a representar para la corrupción política lo que la guerra de las Malvinas significó para la dictadura militar: un Waterloo del cual no hay retorno (perdón por el término). Pero el hecho de que necesariamente el corruptor, si lo hubo, habita en el Ejecutivo, vuelve incalculables las consecuencias del affaire. 

El gobierno de la Alianza tiene ya que producir un gesto, y mucho más desde que el presidente Fernando de la Rúa cambió de opinión casi de la noche a la mañana. Al principio respaldó a los senadores, y ahora afirmó que mandará a la Justicia a eventuales funcionarios implicados. El gesto del que hablo debería ser apartar a los funcionarios implicados en estado de sospecha, porque el grado de credibilidad ante la opinión pública se vio afectado. En un país relativamente serio uno confiaría en el accionar de la Justicia, pero no es éste el caso. El propio juez federal Carlos Liporaci está dando testimonio de ello desde el momento en que habla de la debilidad de las pruebas. Yo desde ya descarto la posibilidad de que se produzca una intromisión del Poder Ejecutivo en la Cámara de Senadores, porque creo que De la Rúa no lo va a hacer, no porque yo crea que no correspondería hacerlo. Aunque no puede gobernarse por decreto en función de un episodio, sino y sólo circunstancialmente. Pero uno de los puntos preocupantes es que la situación pueda llegar a ser aprovechada para un retorno a los peores tiempos del menemismo. La relación entre el Presidente y el vice no tendría por qué sufrir mella si realmente se sienten en consonancia con lo que está ocurriendo. El problema aquí es que, evidentemente, �Chacho� se cortó solo con el objetivo de reposicionarse él, y también a su partido, el Frepaso; mientras que De la Rúa es un practicante activo de los viejos modos de hacer política en el sentido de la negociación y la vista gorda permanentes. Esto es lo que ha provocado el conflicto entre ellos. Sólo el tiempo dirá cómo se resuelve esto. 

* Periodista.