Por Mariana Carbajal
 Luego de conocerse que desde su asunción se triplicaron las denuncias por torturas a chicos en comisarías de la provincia, Carlos Ruckauf buscó ayer deslindar la responsabilidad de su gobierno en esos hechos. A pesar de que los únicos acusados son policías bonaerenses �que dependen de él�, Ruckauf le tiró la pelota a la Justicia: el mandatario instruyó a la interventora del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, para que actúe como parte querellante cada vez que se conozcan apremios ilegales contra menores. �El anuncio es insólito. Las torturas en las comisarías son una consecuencia de la política de �mano dura� promovida por Ruckauf. El gobernador tiene la facultad administrativa para separar de la fuerza a los agentes que corresponda, pero en lugar de acelerar las investigaciones internas, propone que la investigación la hagan otros�, objetó Gustavo Palmieri, director de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). La entidad solicitará una entrevista con el Auditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad para conocer los sumarios administrativos iniciados a los agentes sospechados de cometer los abusos.
Ruckauf salió así al cruce de un informe que el asesor de menores de San Isidro, Carlos Eduardo Bigalli, remitió a la Suprema Corte el viernes 18 de agosto. Tal como publicó Página/12 el lunes, Bigalli precisó que en los primeros siete meses de 2000 hubo 159 denuncias sobre torturas a chicos en momento en que eran detenidos por policías de la zona norte del Gran Buenos Aires, lo que significa 22,71 casos por mes. Mientras que en los 18 meses previos a diciembre de 1999, se habían reportado 129 denuncias, es decir, un promedio de 7,16 hechos por mes. En su estremecedor informe, el asesor de menores describió la aplicación de puñetazos, patadas, cabezazos, simulacros de fusilamiento, disparos de armas de fuego, amenazas de muerte y vejaciones sexuales a los chicos detenidos en el departamento judicial de San Isidro.
�Todo acto de tortura tiene que ser investigado y sancionados los responsables, la lucha contra el delito no admite la tortura�, declaró ayer el gobernador. Cuando se le preguntó sobre la situación de los policías sospechados de cometer torturas, Ruckauf aseguró que �es un tema que tiene que decidir el ministro (de Seguridad, Ramón Verón) a partir de cada una de las investigaciones que le dé el fiscal�. Ayer Página/12 intentó entrevistar a Verón, pero el funcionario no respondió ningún llamado.
En su intento por despegarse del informe de la Asesoría de Menores de San Isidro, Ruckauf anunció que le dio �expresas instrucciones� a Lima para que se presente como parte querellante por parte del Estado provincial en cada uno de los casos donde sea afectado un menor, tanto por torturas o por incitación a la prostitución.
�El aumento de la tortura en las comisarías bonaerenses es una consecuencia de la propia política de �mano dura� del gobernador. También subió entre un 70 y 80 por ciento el número de muertes en enfrentamientos entre delincuentes y policías con respecto al año anterior�, observó Palmieri, director del CELS. Palmieri cuestionó el anuncio de Ruckauf. �El gobernador tiene facultades administrativas para separar de la fuerza a los policías que correspondan. En lugar de acelerar las investigaciones internas, propone que la investigación la haga otro. Además, podría destinar más personal a las DDI que investigan bajo las órdenes de los fiscales y estén abocadas a estos casos.�
LO QUE NO SE HIZO EN EL CASO BORDON
La cadena de errores
Por Cristian Alarcón
Uno de los misterios del caso Bordón es por qué el chico que tuvo una crisis nerviosa en su viaje de egresados quedó al cuidado de un policía alcohólico en un perdido destacamento; aún después de acusar a sus profesores de querer inyectarlo y matarlo, a los gritos, y desesperado de miedo. Ayer, en el juicio oral por el crimen del estudiante, cinco testigos abundaron sobre la desidia y los gruesos errores de los adultos -docentes y policías� que rodearon al chico en la antesala de su muerte. Un agente involucró a sus superiores de la comisaría 24 de Malargüe al contar que por orden de ellos no revisaron el micro en el que viajaba Sebastián, a pesar de que el chico decía que alguien tenía un arma. Otro policía declaró que luego ordenaron el retiro de las actuaciones sobre el incidente para que nunca llegaran a manos de la Justicia y sí a las del comisario Hugo Trentini, acusado por el homicidio.
El 1º de octubre del �97 el contingente de estudiantes de Moreno salió en excursión hacia Las Leñas. Cuando regresaban, frente al destacamento de El Sosneado, Sebastián llegó a sacar la mitad del cuerpo por la ventanilla del colectivo. Gritaba. Sus compañeros intentaron bajarlo tirándolo hacia adentro pero él resistiéndose rompió uno de los asientos. Al final lo sacaron hacia afuera, por la ventana. El revuelo hizo que se acercara un policía del destacamento, Juan Carlos González. �¡Me quieren inyectar, me quieren matar!�, le dijo Bordón. �¿Quién te quiere matar?�, le preguntó. �¡En el colectivo hay un arma!�, le dijo el chico.
Lo que Sebastián Bordón estaba denunciando, supuestamente presa de un delirio persecutorio, era un hecho grave. Sin embargo, por órdenes de sus superiores, el policía nunca subió a revisar el ómnibus de la empresa Turismar, donde viajaba el contingente. Así lo reconoció ayer el agente ante el tribunal del juicio cuando dijo que el comisario Escobar, de la seccional 24 de Marlargüe, le dijo que revisar el ómnibus sería tener �problemas con los periodistas y los políticos�.
Cuando al día siguiente Bordón se escapó de un destacamento en El Nihuil, Escobar y el oficial Oscar Mendoza enviaron esas actuaciones -irregulares� a la comisaría 38, de Trentini, en lugar de a la fiscalía de turno. Con ello se evitó la supervisión de la Justicia durante la desaparición del joven y se armaron las primeras pistas falsas.
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