Por Cristian Alarcón
 ¿Qué tal un lagarto overo, nativo de la Reserva Ecológica de Costanera Sur, viajando en remise? ¿O una garza falsamente operada en un hospital privado, ajena a que la podrían atender gratuitamente en el zoo de la ciudad? ¿Qué tal un lugar donde se puede pagar por el cumplimiento trucho de los trabajos comunitarios que impone una probation? Son apenas tres ejemplos de los delitos por los que el director de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Sergio Recio, y ocho empleados del área fueron procesados ayer por el juez Juan Mahdjoubian. Recio, quien sobrevive en su puesto desde la administración de Saúl Bouer, presentó ayer su renuncia provisoria al cargo �hasta que la Justicia se expida definitivamente�. �El destino del resto de los empleados será decidido por la Procuración General del Gobierno�, le dijo ayer a Página/12 el secretario de Medio Ambiente de la ciudad, Norberto La Porta.
Esta historia de animales salvajes, facturaciones ilegales y desvíos de los fondos de la caja chica de la Reserva comenzó con la denuncia presentada por Matías Mazzeo, un ecologista que trabajó allí como voluntario entre 1995 y 1998. En abril de ese año Mazzeo expuso una serie de irregularidades al entonces ombudsman porteño, Antonio Cartañá. Casi inmediatamente dos desconocidos le tajearon la cara a la vuelta de su casa. Mazzeo reiteró sus denuncias, esta vez ante la Justicia penal. Luego dijo que fue amenazado de muerte por el auxiliar de la Dirección de la Reserva, Juan Carlos Grillo.
Sergio Recio, reiteradamente defendido por la anterior administración del gobierno porteño, hasta ayer a la tarde seguía en sus funciones. El juez en su resolución consideró probado que Recio y un nutrido grupo de colaboradores �participaron en la desviación en beneficio propio o de terceros� de �distintas sumas de dinero de la caja chica� de la Reserva, desde 1995 a mayo de 1998. El método que en su momento denunció Mazzeo era sencillo. Según el juez se facturaron decenas de traslados de animales de la reserva en autos de �Remises R y M�. Los viajes silvestres casi siempre se pagaron con el dinero de la caja chica. Del mismo fondo salían los montos abonados por alimentos y por supuestas intervenciones quirúrgicas a los animales del lugar realizadas en el Centro Veterinario Max de la médica de la Reserva, Mónica Contrino. Esas dos modalidades de �desviación de fondos� se complementaban a la perfección.
Allí donde había una operación a un ejemplar de la reserva, se necesitaba un remise. Las facturas que figuran en el expediente son de montos siempre superiores a los 35 pesos y, en promedio, la mayoría de los viajes �con espera� va hasta los 150. El juez Mahdjoubian detalla en su resolución que se consultó con otras empresas de remise el costo de los viajes entre la Reserva y la Veterinaria Max y nunca superó los 11 pesos.
Más allá de las cifras, al juez le resultó �sospechoso y poco creíble� que los animales silvestres hayan sido trasladados en remises sin dispositivos de seguridad e higiene adecuados cuando �es de suponer que luego de cada viaje el automóvil debería haber sido higienizado para poder desempeñar también la tarea de traslado de personas�.
Los pasos de los animales viajeros fueron seguidos a través de la comprobación en los registros de �la permanente asistencia veterinaria externa�, a pesar de que en la Reserva existe personal médico de planta: entre ellos Contrino. En su declaración adujo que las operaciones eran derivadas a su veterinaria justamente por la confianza que le tenían sus superiores al ser empleada del lugar. Claro que la Justicia no encontró constancias en los libros oficiales de las intervenciones en el hospital de Contrino y mucho menos explicaciones sobre por qué no fueron hechas por el personal especializado. Según se lee en la resolución nada fue tan determinante para derrumbar las justificaciones de los acusados como el hecho de que existe en la ciudad un Jardín Zoológico que cuenta con un�Hospital Veterinario con instalaciones aptas para la intervención no arancelada de animales salvajes o silvestres�.
Capítulo aparte merece la probation del remisero Enrique Rivarola, quien a partir del 6 de octubre de 1997 debía cumplir con 8 horas de tareas comunitarias semanales en la Reserva Ecológica, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Nro 5. La probation es una manera de evitar con trabajos comunitarios o sociales los juicios orales, cuando los delitos imputados tienen penas menores a tres años. En este caso se comprobó que al remisero en el primer mes y medio se le certificaron 122 horas semanales y al 31 de diciembre 148, todo un record cuando sólo concurría los sábados. Para el juez está claro que Rivarola consiguió la comprobación de sus asistencia �a cambio de beneficios o dádivas�.
PENAS EN SUSPENSO POR LA MUERTE DE UN PRESO
Un homicidio con condenas muy leves
En medio de expresiones de rechazo a la sentencia, el Tribunal Oral 11 de la Capital Federal condenó a penas de dos y tres años en suspenso �sin aplicación efectiva� a tres miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaban acusados por el homicidio de un preso, ocurrido el 21 de noviembre de 1992 en la cárcel de Caseros. El tribunal consideró que uno de los guardias, el alcaide Miguel Mir, condenado a dos años en suspenso, fue coautor del delito de �homicidio en riña�. Los otros dos, Leoncio Galarcia y Sergio Tacayuk, fueron hallados culpables de encubrimiento y sentenciados a dos años de cárcel simbólica. Los tres fueron imputados por el asesinato del detenido Rodolfo �Fito� Ríos, quien murió apaleado en la prisión �un mes antes de la fecha en la que iba a salir en libertad�, recordó ayer Delia, de 55 años, la mamá del recluso asesinado.
En el juicio, el fiscal Eduardo Marazzi pidió la absolución de los tres acusados por entender que no habían surgido elementos que permitieran establecer �quién le había pegado al interno�. Sin embargo, los jueces Enrique Posse, Floreal de Laurentis y Enrique Alvarez Aldana consideraron que eran culpables de �homicidio en riña�, aunque aplicaron penas que no dejaron satisfechos ni a los familiares y amigos de Ríos ni a los abogados de la querella, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá.
Los querellantes habían solicitado que se cambiara la carátula del hecho por la de �homicidio simple� y que se condenara a los tres a 15 años de prisión. Señalaron que, en caso de mantenerse el rótulo de �homicidio en riña�, se aplicara el máximo de la pena prevista, que es de seis años.
En la última audiencia hubo una fuerte presencia policial, dado que se temía un enfrentamiento entre los familiares de Ríos y los tres acusados, que estaban y siguen libres. Los miembros del SPF fueron abucheados cuando se retiraban y alguien les pronosticó una libertad condicionada: �No van a vivir en paz porque van a ser perseguidos siempre�.
La mamá de Ríos fue la única, entre los familiares, que no lloró y se mantuvo tranquila. Sólo recordó que su hijo había empezado a trabajar a los 14 años y a los 17 cayó preso por robo. �A mi hijo lo mataron cuando estaba por salir en libertad y los autores no estuvieron ni un solo día presos�, se lamentó la mujer.
El tribunal le otorgó a la familia una indemnización de 50.000 pesos por la muerte. �Si no es una cuestión de clase ¿cómo se entiende que por la muerte del ingeniero que cayó en una fosa de Edesur se haya pagado un millón de pesos y apenas 50.000 por un pobre chico de 21 años?�, se preguntó la doctora Verdú.
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