Por Marcelo Justo
 En Gran Bretaña la fórmula cash for questions (dinero por preguntas) es sinónimo de corrupción parlamentaria. La ecuación se originó durante los escándalos que sacudieron el gobierno de John Major a mediados de los 90, cuando una investigación periodística reveló que los parlamentarios estaban dispuestos a recibir �cash� a cambio de formular �questions� que orientasen los debates de la Cámara de los Comunes en la dirección deseada por poderosos empresarios. En la mayoría de los casos el �cash� no era desorbitado (entre 1500 y 3000 dólares) y la cantidad de diputados implicados no pasaba de un puñado, pero el escándalo se convirtió en una de las razones de la derrota electoral de Major, a pesar de que durante su gobierno se sancionó un estricto código parlamentario para regular los vínculos comerciales de los legisladores.
El lío se desató en 1994, cuando periodistas del diario Sunday Times se hicieron pasar por empresarios y ofrecieron a dos diputados conservadores, David Tredinnick y Graham Riddick, mil libras esterlinas a cambio de que formularan preguntas en los debates parlamentarios. En el centro del escándalo sobresalió pronto la figura de Ian Greer, uno de los más poderosos lobbistas de Gran Bretaña, que representaba a poderosas compañías como British Gas y British Airlines y se jactaba de su influencia en el entonces gobernante Partido Conservador y la Cámara de los Comunes. Entre sus clientes se hallaba Mohammed Al Fayed, el polémico egipcio dueño de Harrod�s, quien salió al ruedo para acusar a otros funcionarios y diputados conservadores de recibir sobres amarillos con tres mil dólares a cambio de formular preguntas en el Parlamento o avanzar sus intereses en el seno mismo del gobierno. Con curiosa desvergüenza, el mismo Al Fayed se quejaba de que el sistema estaba podrido y que por lo menos desde 1987 se podían pagar los servicios de un diputado �como se pagan los de un taxi�.
El escándalo sacudió la fe que los británicos profesaban por su clase política y despertó temores de que el mercantilismo de la era thatcherista estuviera socavando el código ético que tradicionalmente gobernaba la conducta pública de diputados y funcionarios. Dos viceministros y dos subsecretarios debieron renunciar a sus cargos aunque conservaron su escaño parlamentario y el gobierno nombró una comisión independiente, encabezada por el prestigioso juez Lord Nolan, para rever las viejas normas parlamentarias de 1974, que exigían que los legisladores declarasen en el Registro de Intereses de la Cámara de los Comunes cualquier pago que se les hiciera fuera de sus honorarios públicos como diputados. En mayo de 1995 la comisión formuló 50 recomendaciones, entre las que se destacaba la creación de un organismo independiente, encargado de supervisar la conducta de los diputados y una definición mucho más precisa de los conflictos de interés que podían suscitarse a raíz de los trabajos extraparlamentarios, sin la cual no había técnicamente nada ilegítimo en recibir una pila de �cash� por un puñado de �questions�. El gobierno de John Major adoptó estas recomendaciones a tiempo para las elecciones de mayo de 1997, pero para entonces su suerte estaba echada.
Un papel especial en su catastrófica derrota electoral correspondió a los escándalos sexuales de la época que convirtieron a los conservadores en la tapa preferida de los salaces y amarillos tabloides británicos. En un intento de revertir la declinante popularidad tory, John Major lanzó en 1994 una campaña moralizadora que denominó back to basics (de vuelta a los valores tradicionales) y que consistía en una vaga reivindicación de la familia, el orden y los buenos modales. Una sucesión de infidelidades conyugales, hijos extramatrimoniales, trágicos episodios de travestismo y ménages à trois de diputados conservadores convirtieron al back to basicsen una parodia más digna de los enredos libidinosos de un teatro de revistas que de los sueños de un alma victoriana. El gobierno conservador, que había comenzado en 1992 con uno de sus más influyentes políticos, el ministro de Cultura David Mellor, fotografiado en calzoncillos y camiseta del Chelsea en el departamento de su amante, terminó con el romance extramarital de uno de sus legisladores con una chica de 18 años. La cara de la tragedia afloró a la mitad de los cinco años de gobierno de Major, con la muerte por asfixia del diputado Stephen Mulligan, en medio de un juego autoerótico que simulaba un estrangulamiento con una media de nylon femenina.
A más de tres años de la espectacular victoria electoral de Tony Blair, el gobierno laborista tiene su propia cosecha de escándalos, aunque el consenso es que todavía está lejos de la incontenible proliferación que reinó en los últimos tramos del gobierno tory. En el centro de los dos casos más sonados se encuentra la �política de seducción� que desarrolló el nuevo laborismo hacia los empresarios y centros de poder. A sólo meses de asumir el gobierno y en flagrante contradicción con su propia política sanitaria, el gobierno autorizó que hubiera propaganda de tabaco en las carreras de la Fórmula Uno, cuyo jefe máximo había sido uno de los principales contribuyentes de la campaña electoral laborista. En diciembre de 1998, uno de los ministros más influyentes de su gobierno, Peter Mandelson, se vio obligado a renunciar junto al multimillonario secretario del Tesoro, Geoffrey Robinson, que le había prestado más de medio millón de dólares para adquirir una casa en un barrio de moda en Londres.
Entre tanto, la encargada de vigilar la ética parlamentaria, Elizabeth Filkins, no ha dudado en ejercer su poder y exigir a ex primeros ministros, como John Major y Edward Heath, y a actuales funcionarios y prominentes diputados, que declaren los distintos pagos que han tenido por sus actividades extraparlamentarias para examinar si existe conflicto de interés con su trabajo parlamentario. Por su parte, el ministro del interior, Jack Straw, presentó hace dos meses una propuesta de ley que derroga el artículo 9 de la Bill of Rights (declaración de derechos) de 1689 que, con el trasfondo de la guerra civil que concluyó en 1649 con la ejecución del rey, otorgaba inmunidad a los parlamentarios para protegerlos del poder real, situación hoy anacrónica y que sirve para proteger los actos de corrupción. �El problema�, aclaró a Página/12 Graham Rodwell, experto británico de Transparencia Internacional, la ONG que lucha contra la corrupción internacional, �es que esta ley no es una prioridad y por lo tanto difícilmente se sancionará antes de la próxima elección�.
Por Eduardo Febbro
Desde París
Un presidente de la República, un primer ministro, un ministro de Economía, intendentes y diputados al por mayor: la corrupción �a la francesa� no ha dejado casi ningún cargo de la República sin la corona de �presunto culpable�. Ni la izquierda ni la derecha se quedan atrás a la hora de escándalos y comisiones. En los 80, los socialistas franceses, metidos hasta el cuello en una gigantesca red de falsas facturas que servían para alimentar por debajo de la mesa las cajas del partido, empujaron la osadía política hasta el límite de votar en el Parlamento una ley de amnistía que fue como un perdón generalizado por todas las faltas cometidas. Recién llegado al poder con la presidencia del difunto François Mitterrand, el llamado �caso URBA� le costó al socialismo francés su aura de santidad y de honestidad, al tiempo que produjo en la sociedad una reacción de indiferencia y de rechazo hacia la política en general.
Los dos casos más sonados de este año implican al actual presidente francés, el conservador Jacques Chirac, y quien fuera su mano derecha durante varios años, el hoy intendente de París Jean Tiberi. Entre muchos otros delitos y coimas extrañas, la Justicia le reprocha a Tiberi haber montado un implacable sistema de falsos electores en el distrito número cinco de la capital francesa. El dispositivo consta de varias cabezas y consistía en domiciliar en el distrito a personas que vivían en otro lado o en �pagar el voto� a cambio de algún favor, en especial el otorgamiento de domicilios pertenecientes a la municipalidad. El escándalo saltó con las últimas elecciones municipales en las cuales Tiberi ganó por una diferencia aproximadamente similar al número de votantes falsos domiciliados en el distrito.
El intendente de París también aparece implicado en un vastísimo chanchullo de falsas facturas. Este caso, que asciende a varias decenas de millones de dólares, compromete a muchos hombres políticos de la derecha e instituciones ligadas a la gestión del patrimonio inmobiliario de París y sus alrededores. La Justicia sospecha con sobradas pruebas que los gestores del patrimonio inmobiliario recurrieron a empresas amigas para realizar trabajos y refacciones en los edificios y que los montos pagados eran mucho mayores a lo real. En suma, las facturas eran �infladas� y la diferencia entre lo real y lo ficticio iba a parar a las cajas del partido. Como presidente del partido, el actual mandatario francés también se vio implicado en este sistema pero su inmunidad presidencial le evitó por ahora pasar ante la Justicia.
Sin embargo, las investigaciones continúan y esta semana el Tribunal de Casación se negó a convocar la Alta Corte de Justicia para �interrogar� a Jacques Chirac en lo que atañe a la financiación oculta del partido. Con todo, un elemento fortuito encontrado hace poco por la Justicia coloca al mandatario en una postura delicada. Los jueces dieron con una carta firmada por Jacques Chirac cuando era intendente de París. En ella se establece que el hoy presidente de la República estaba al corriente de una práctica bastante común y que consiste en hacer que las instituciones públicas, en este caso la misma Municipalidad, paguen el salario del personal que trabaja en los partidos políticos.
El ex primer ministro liberal Alain Juppé conoció las mismas aventuras cuando la Justicia descubrió que los �arreglos� del lujoso departamento en el que vivía habían sido pagados con fondos públicos. Tras una decisión de la Justicia, Juppé tuvo que elegir entre renunciar o mudarse. Evidentemente, optó por lo segundo. En cuanto al actual primer ministro socialista Lionel Jospin, su principio gira en torno de este enunciado: cualquier ministro o diputado de su bloque que se vea acuciado por la Justicia debe renunciar. Tal es la suerte que corrió en 1999 uno de lospilares de su gobierno, el ex ministro de Economía y Finanzas, Dominique Strauss-Kahn. Implicado en el cobro ilegal de un salario, el titular de la cartera tuvo que renunciar a su cargo.
La compra de votos en el Senado es algo casi inexistente en Francia. Con todo, hay antecedentes de �compra indirecta� de parlamentarios. En época de mayorías estrechas, algunos primeros ministros negociaron el voto de una ley a cambio de favores consentidos a los diputados. Sin embargo, esos favores no estaban destinados al bolsillo del diputado sino al aumento del presupuesto para la comuna que éste representaba.
Frente a semejantes escándalos, la respuesta de la sociedad acarreó consecuencias políticas mayores en Francia. No se trató de manifestaciones sino de un sordo rechazo a la clase política en general que fue capitalizado por la extrema derecha del Frente Nacional de Jean Le Pen. El auge electoral de los neonazis franceses coincide con las épocas en que el descrédito de la clase política, salpicada por los escándalos de corrupción, era más notorio. El discurso de la extrema derecha se orientó a acusar a los partidos tradicionales de �corruptos y ladrones�. El impacto de los años de cajas negras fueron tanto más notorios cuanto que, a la par del incremento electoral de la extrema derecha, la abstención electoral fue la segunda sanción.
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