Por Irina Hauser
 El juez Martín Silva Garretón aseguró en un fallo que la Policía Federal realiza tareas de espionaje político, algo que está prohibido por la Constitución y que contraría a la propia Ley de Seguridad Interior. En la resolución que firmó el jueves pasado y a la que tuvo acceso Página/12, el magistrado le ordenó al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la fuerza policial que pongan �fin a toda actividad de servicios de inteligencia� sobre partidos políticos. Ratificó así que el Partido Nueva Dirigencia, que comanda Gustavo Beliz, tuvo una agente secreta infiltrada durante los últimos siete años.
La evidencia clave sobre estas actividades ilegales de espionaje que realizan los azules quedó al descubierto a fines de abril, el día en que el legislador Miguel Doy �mano derecha de Beliz� tuvo la mala suerte de enterarse de que su mujer y jefa de despacho en la Legislatura porteña era una espía de la Policía Federal desde 1983. Mónica Amoroso, de 44 años, concubina de Doy desde 1997, cobraba 1300 pesos como auxiliar primero de inteligencia y 1800 por su trabajo en la Legislatura. Se había acercado a Nueva Dirigencia en 1994, cuando empezaba a conformarse como partido. Desde ese año, recibió calificaciones de sus superiores policiales por su actuación en el Departamento de Asuntos Nacionales y la indicación de �la conveniencia de que continuara en su actual destino�, como reseña la resolución del juez, dejando en claro que su presencia en el partido no era inocente.
Aunque Amoroso negó todo, Doy, indignado, le tiró sus pertenencias por la ventana. Y Beliz decidió iniciar acciones judiciales para esclarecer el asunto, representado por el abogado Abel Fleitas Ortiz de Rosas. Una de las denuncias, que además de apuntar a Amoroso acusaba al Gobierno y la Federal por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, quedó radicada en el juzgado federal de Jorge Urso (ver aparte). La otra, un recurso de amparo y un pedido de hábeas data, le tocó a Silva Garretón. La semana pasada este juez en lo contencioso administrativo hizo lugar a la acción de amparo y ordenó el cese del espionaje sobre Nueva Dirigencia, dejando en claro que puede tratarse de una práctica generalizada sobre otros partidos u organizaciones.
Lo que había llamado la atención en un principio fue que el escándalo estalló cuando faltaban pocos días para las elecciones de jefe de gobierno porteño, en las que Beliz se postulaba para vicejefe acompañando a Domingo Cavallo. A la larga quedó en claro que la cuestión era alarmante más allá del caso puntual de la espía Amoroso. Cuando los azules dieron sus explicaciones ante Silva Garretón, no sólo admitieron que la mujer de Doy era una agente encubierta con número de legajo 1592. También aseguraron que está dentro de sus facultades �la realización de tareas de búsqueda de información sobre las actividades y propósitos de personas, grupos, entidades y organizaciones con actuación en el ámbito político, a fin de prevenir toda acción tendiente alterar, afectar o violar el orden constitucional�.
Todas esas actividades, dijeron, están inspiradas y basadas no sólo en la Ley de Seguridad Interior, sino en normas todavía vigentes sancionadas bajo gobiernos de facto: la Ley Orgánica (secreta) del Cuerpo de Informaciones 9027/63, que firmó de José María Guido, y en su decreto reglamentario 2322/67, firmada por Juan Carlos Onganía. A sus vez, ambas se apoyaban sobre una ley de 1958 que suscribió el entonces presidente provisional, el también golpista Pedro Aramburu. Con el mismo argumento afirmaron que la agente instalada en Nueva Dirigencia tenía como función �la obtención de distintas legislaciones aprobadas por el Cuerpo, como asimismo fechas de tratamiento de algunas en especial, que por sus características pudieran tener algún tipo de concentración popular a favoro en contra de su sanción para prever en consecuencia medidas adecuadas con personal uniformado�.
Beliz había pedido que se declarara la inconstitucionalidad de las dos normas específicas sobre espionaje. Pero en su resolución, el magistrado no pasó por alto que él conocía o debía conocer esa legislación ya que estaba vigente cuando se desempeñó �como ministro del Interior�. Rechazó entonces el planteo de inconstitucionalidad, porque además, apuntó, no fue debidamente presentado ni explicado el agravio concreto que se producía en el caso. El hábeas data corrió la misma suerte, también por errores de formulación. Con todo, al avanzar en el tema del amparo el juez analizó y cuestionó los argumentos de la Federal y las normas que invocó.
 Para Silva Garretón, no es creíble que Amoroso hubiera estado en la Legislatura, como dice la fuerza policial, meramente para conseguir legislaciones �por cuanto estos datos son públicos y pueden ser recabados por cualquier interesado en principio, por el personal policial o de seguridad destacado en la Legislatura�. Además, los espías no pueden, por las propias reglas policiales, trabajar para partidos políticos aunque sí en otro empleo en la Administración Nacional. Amoroso, sin embargo, empezó militando y llegó a ser jefa de despacho, algo que �era sabido para su superiores y en función de eso recibió calificaciones�.
Aunque la Policía dijo que no tenía informes elaborados por la mujer, �resulta evidente que la agente Amoroso presentaba �escritos� a sus superiores respecto de las funciones encomendadas�.
La decisión de infiltrar una espía en un partido político �resulta cuanto menos arbitraria y obviamente violatoria de la finalidad perseguida por la Ley de Seguridad Interior No. 24.059� que prevé, entre otras cosas, resguardar �la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal�. Al respecto, analizó que no es consistente que la Policía diga que Amoroso trabajaba en la Legislatura para prevenir atentados contra el orden constitucional porque, como reza el artículo 38 de la Constitución, �los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático�.
A pesar de la novedad que viene a introducir este fallo, lo cierto es que las leyes secretas que legitiman estas actividades de los espías policiales siguen vigentes y el Congreso no atendió los proyectos de ley presentados, incluso desde sectores de la Alianza, proponiendo su derogación. Tal vez hasta pueda considerarse un milagro o un fruto de la gran publicidad que tuvo el �caso Amoroso� que la Federal haya respondido a la Justicia en esta causa porque las leyes en cuestión prevén aberraciones tales como que �ante requerimientos judiciales o de otra autoridades, el jefe de la Policía Federal estará autorizado a no revelar la existencia del personal del Cuerpo de Informaciones�.
| En contra del Consejo
Las normas secretas que invoca la Policía Federal no violarían apenas garantías constitucionales. Según pudo establecer Página/12, también contradicen una disposición que suscribió el Consejo de Seguridad Interior en julio de 1993, ratificando una circular que ya había emitido el Ministerio del Interior en junio del mismo año. Fue después de que se supiera que la Policía y la Gendarmería Nacional efectuaban actividades de vigilancia ideológica sobre estudiantes, docentes y organizaciones gremiales. En aquel entonces, cuando el propio Gustavo Beliz era titular de Interior, el Consejo resolvió prohibir �la búsqueda y reunión de información, así como la elaboración de inteligencia relativa a los habitantes del país, por el mero hecho de su raza, fe religiosa u opinión política, o de su adhesión a principios de movimientos sindicales, juveniles, estudiantiles, cooperativos, asistenciales y culturales así como por la legítima actividad que desarrollen con integrantes de organizaciones que actúen legalmente en los sectores indicados�. |
| En cámara muy lenta
�Se están utilizando los organismos del Estado para investigar a los adversarios políticos�, denunciaron Gustavo Beliz y Miguel Doy ante el juez federal Jorge Urso, patrocinados por Alfredo Castañón. También dijeron que la Federal, �en vez de trabajar en inteligencia criminal para detectar organizaciones criminales, lo hace para favorecer al poder de turno�. Responsabilizaron al actual ministro del Interior, Federico Storani, al jefe de la Policía, Rubén Santos, al secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, a toda la cadena de policías jerárquicamente responsables y por supuesto a la agente Mónica Amoroso. El expediente no muestra demasiada celeridad. Los fiscales Guillermo Marijuán y Oscar Amirante le pidieron a Urso que indague a la mujer como sospechosa, lo que todavía no se resolvió. La pesquisa, informaron fuentes judiciales a este diario, apunta a responsabilizar a la agente pero no se metería con los funcionarios nacionales ni policiales. |
HEBE DE BONAFINI ACLARO LO QUE DIJO EN RAWSON
�No les dije guerrilleros�
El 22 de agosto, Hebe de Bonafini, Vicente Zito Lema y otros integrantes de Madres de Plaza de Mayo participaron de un acto en homenaje a las 19 víctimas de la masacre de Trelew de 1972. Pero lo que tuvo repercusión no fue el recuerdo sino los dichos que se le atribuyeron a Bonafini. De acuerdo con lo informado por Clarín, la presidenta de Madres habría comenzado su disertación dirigiéndose a los alumnos secundarios con la frase �mis queridos guerrilleros�, algo que habría reafirmado al explicar que �siempre saludo así a los chicos. Guerrilleros es una palabra dulce, que lamentablemente se dejó de utilizar. Es un mensaje de esperanza�.
Sobre la base de las supuestas declaraciones de Bonafini, la ministra de Educación de Chubut, Graciela Albertella, anunció que iniciaría acciones legales por apología del delito. Bonafini aseguró a Página/12 que las cosas sucedieron de una manera muy diferente. �Yo no les dije guerrilleros a los chicos, sino en referencia a los héroes asesinados en Trelew�, afirmó. La demanda, de la que no hubo novedades desde su anuncio, se basó según Bonafini en �una falsedad, una mentira� que sirvió como excusa para restar relevancia a una reunión que mantuvo con la ministra Albertella.
Al día siguiente de su charla en Rawson, Bonafini dio otra en Trelew. �Cuando terminó, los alumnos me cuentan que habían sumariado a la vicedirectora de la escuela porque los había acompañado cuando hicieron una sentada en reclamo por la falta de calefacción. Les dije a los chicos �vamos a ver a la ministra a preguntarle por qué la sancionó si no hizo nada��. En el ministerio, Albertella recibió a Bonafini, Vicente Zito Lema y un grupo de profesores y alumnos. �Albertella me dice que lo que hizo la vicedirectora estaba mal, porque a los niños hay que cuidarlos, y yo le contesté �pero usted no lo hacía, sino no les hubieran cortado la calefacción��. Albertella, entonces, sugirió a Bonafini que leyera una resolución en la que se justifica el sumario iniciado. �Yo no voy a leer nada�, contó Bonafini que contestó, �porque esa resolución incluye términos como �controlar� y �vigilar��. Y abandonó el despacho.
Bonafini anunció a la prensa local que enviaría una carta al ministro de Educación de la Nación para ponerlo al tanto del tema, �para decirle que ella es peor que él y que no puede ser ministra de Educación sino carcelera�. Pero, �al día siguiente, a la ministra la llama un periodista, una especie de Neustadt local, y es entonces cuando ella dice que yo dije �guerrilleros� a los niños, y siguieron hablando de mí�. A partir de esa nota, Albertella anunció su demanda por apología del delito y solicitó a las autoridades de la escuela las grabaciones del discurso de Bonafini. �Es que, en ese momento, hablando con ese periodista, ella dijo eso porque le pareció que quedaba bien decirlo, pero yo no les dije �revolucionarios� a ellos, sino a los asesinados. Y hablé de la valentía de estos hombres, que los mataban y los remataban después, y les dio bronca, porque a los radicales, el hecho de que vos recuerdes que un ministro radical mandó a matar a tanta gente les dio bronca�. Las repercusiones fueron varias. Gente publicó un editorial donde afirma que �(fue) una frase provocadora y dañina en cualquier momento, pero mucho más cuando fue lanzada ante chicos que poco o nada saben del sangriento episodio sucedido en la década de los 70 en una prisión naval de Trelew. Que poco o nada saben, y que ninguna responsabilidad histórica tienen al respecto�.
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opinion
Por Federico Gómez * |
Conrado Gómez, mi padre, fue secuestrado y continúa desaparecido desde la noche del 10 de enero de 1977, cuando fue trasladado a la ESMA por los marinos asesinos de Massera, como Cavallo, Whamond, Astiz, Radice, Rolón y Pernías. Después del juicio a las juntas, que no resolvió nuestra angustia y aportó escasa verdad y justicia, luché por saber de su paradero y presenté habeas corpus. El 31 de marzo de 1997 fui hasta el juzgado de Garzón y luego abrí una causa aquí para hacer efectivo el castigo. En esa causa el 4 de mayo pasado la Cámara Federal porteña emitió un fallo que niega la aplicación de las leyes de la impunidad. Es la sentencia más trascendente que hemos logrado arrancar al Poder Judicial argentino.
Tras esta titánica lucha, apoyado por mis cuatro hermanos y mi valiente madre, hemos debido soportar desde 1988, 1996, y 1999, dos libros escritos por Juan Gasparini, ex secretario de organización de Montoneros, y luego sus omisiones ante el juez Garzón.
Conrado Gómez, abogado penal que no pasó a la clandestinidad, no tuvo jamás querella ni causa alguna en su contra. Fue secuestrado de su estudio jurídico, que incluso en la seudo legalidad de la época ostentaba una matrícula. Según donde hable Gasparini, dice que o le �alquiló� o le �intermedió� un departamento. También asegura que bajo la tortura �que en su versión con él no pudo y con Gómez sí� mi padre entregó a sus secuestradores la dirección del departamento en el que, supuestamente, la familia Gasparini residía en la clandestinidad. Dispongo de pruebas en contrario, originadas en sobrevivientes y en represores. Dispongo de las cartas enviadas a mi madre por Gasparini y luego contrariadas por él mismo en su libro �Montoneros, final de cuentas�. Todas las pruebas demuestran exactamente lo inverso de lo que Gasparini afirma en sus libros y repitió los últimos días.
El viernes 24 de agosto en Clarín, al ser reporteado por la detención del asesino Cavallo, expresó Gasparini: �El 11 de enero, luego de unos días de interrogarme, me llevaron hasta mi domicilio, donde asesinaron a mi esposa y a una amiga�. El sábado amplió, injuriando a Gómez, que al igual que otros mendocinos secuestrados con él no están para oponerle veraz testimonio. La verdad es que Conrado no sabía el domicilio de Gasparini y jamás le rentó un departamento, que además nunca tuvo. Ofrezco los elementos a cualquiera para que por sí mismo saque sus conclusiones de la memoria y la conducta de Conrado Gómez, ausente por desaparición forzosa. Quiero decir que desde hace un año tengo preparada la querella contra Juan Gasparini para llevarla a Tribunales. Pero aguanté en silencio su injuria porque siempre pensé, al revés de Gasparini, que nuestra energía huérfana solo debe ser utilizada contra los represores. Contra quienes torturaron, y no contra las víctimas de la tortura.
* Periodista. |
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