Por Cledis Candelaresi
 Una reciente denuncia elevada ante la Oficina Anticorrupción puede ser la punta de un ovillo para desenmascarar una red corrupta integrada por funcionarios que pertenecieron a ex empresas públicas y a la Justicia. Según el documento elevado por el actual liquidador de Ferrocarriles Argentinos, Juan Carlos Vázquez, para finiquitar juicios laborales el Estado celebró más de trescientos acuerdos transaccionales por los que pagó un monto que superaba el reclamado, más costas y actualizaciones. A este despropósito se suma otro no menos llamativo: hasta el momento se detectaron al menos 36 casos en los que el fisco pagó dos veces el monto ordenado por una sentencia.
Actualmente, en la órbita del Ministerio de Economía se acumulan miles de causas judiciales contra el Estado, fundamentalmente por demandas laborales de ex empleados públicos. Se trata de acciones legales iniciadas contra empresas que fueron privatizadas y que ahora subsisten en el sector público como entes residuales. La principal función de sus liquidadores es, precisamente, atender la resolución de esos pleitos, que sólo en el caso de Ferrocarriles suman más de 18 mil.
La revisión de algunas de esas causas, en la etapa de sentencia, deparó algunas sorpresas, como las que fundaron la presentación que Vázquez formuló a Anticorrupción. Su denuncia, que será ampliada en los próximos días, solicita al fiscal José Massoni que investigue la posible comisión de un delito de acción pública cometido por los abogados de los demandantes �en connivencia dolosa con ex apoderados o patrocinantes de F.A.�.
En los casos aludidos, la maniobra habría consistido en sellar un acuerdo con quien iniciaba un juicio, sin esperar a la sentencia. Aparentemente, el objetivo de estas transacciones era que la demandada (FF.CC.) pagase menos y, al mismo tiempo, que quien la demandaba se asegurara el cobro. Pero, extrañamente, esos acuerdos habrían resultado muy onerosos para el Estado. Tanto que terminó pagando mucho más de lo que resultaba de sumar el monto reclamado, las tasas judiciales y demás cargos. �Resultaba económicamente más conveniente continuar e hipotéticamente perder el pleito que realizar la conciliación practicada�, opinó la Sindicatura General de la Nación en relación a situaciones como éstas.
�Es imposible que esto se haga sin el consentimiento de los juzgados intervinientes�, especulaba ante Página/12 un funcionario de Economía, involucrando en la maniobra a los tribunales laborales. Pero, al menos por ahora, no hay indicios de que la Justicia esté dispuesta a investigarse a sí misma por semejantes rarezas. No son tampoco los únicos sobrepagos detectados.
Según la aludida presentación, hay otras causas abiertas en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, por las que ya se dictó �procesamiento y prisión preventiva de diversas personas�, entre ellos abogados que participaron en la celebración de actas-convenio conciliatorios que resultaron muy caras para el erario.
Sólo en relación a los primeros casos bajo análisis, la denuncia ante Anticorrupción estima que el sobrecosto afrontado por el Estado asciende a 2,87 millones de pesos. Pero esta suma podría multiplicarse geométricamente si todas las dependencias del Estado rastrillaran los expedientes y si se añadiera el perjuicio ocasionado por los dobles pagos.
Esta última maniobra aún no fue denunciada por escrito ante la Oficina Anticorrupción, pero tanto Vázquez como el coordinador de la Secretaría de Hacienda, Roberto Pagano, confirmaron su existencia ante este diario. �En estos casos, trataremos de recuperar el dinero y, si corresponde, se formalizará la denuncia penal�, promete el colaborador de Mario Vicens.
La mayor parte de los acuerdos transaccionales dudosos fueron celebrados entre 1989 y 1991 �en vísperas de la privatización de los ferrocarriles-, mientras que los pagos duplicados corresponden a sentencias mucho más recientes. En este sentido, el juez federal de Tucumán Ricardo Maturana descolló con una insólita advertencia a la Tesorería General de la Nación. Por nota, el magistrado comunicó que el 7 de agosto de 1998 se transfirieron �indebidamente� a su juzgado 510 mil pesos por una causa ya finalizada, cuyos pagos habían concluido.
RUINOSA CONSECUENCIA DE OTRA PRIVATIZACION DE LA ERA MENEM
Por mala praxis, de abogados a acusados
Por C. C.
Cuando el gobierno anterior confió a un selecto conjunto de estudios jurídicos la defensa del Estado en demandas iniciadas por particulares contra el Palacio de Hacienda, difícilmente haya calculado que esta tercerización fracasaría de modo tan rotundo. La secretaría de Hacienda acaba de recibir varios informes de liquidadores de empresas públicas que vierten fuertes críticas hacia el desempeño de esos bufetes, cuyo presunto desinterés y negligencia habrían ocasionado al Tesoro pérdidas millonarias. En el ámbito de Ferrocarriles Argentinos ya existen unos 300 sumarios administrativos y 150 causas iniciadas por mala praxis contra los abogados privados. Los cuestionamientos involucran a algunos conocidos equipos de letrados (ver listado en recuadro adjunto), que podrían cambiar su status de defensores por el de acusados.
Un ex empleado público litigó con buena suerte contra el Estado en un juzgado federal de la Plata. La sentencia ordenó indemnizarlo por su demanda laboral en 70 mil pesos, pagaderos en bonos. Pero la fortuna, o la presunta deficiencia de los defensores privados contratados por Economía -que no habrían informado a tiempo del dictamen del juez�, obligó al Tesoro a desembolsar un adicional de 2,5 millones de pesos en efectivo por �astreintes�, recargos por la demora. Apenas un ejemplo de las contrariedades sufridas a raíz de una defensa poco eficaz.
En 1993, el ministerio de Economía resolvió privatizar la defensa en juicio a través de un concurso de antecedentes que le permitió, en sucesivos llamados, asignar entre mil y dos mil carpetas (fundamentalmente causas laborales) a cada uno de los estudios seleccionados. Entonces se acordó un pago fijo por mes y por expediente, durante un período determinado. Como contrapartida, los abogados privados asumieron la responsabilidad de atenderlos hasta la resolución definitiva.
Pero según los informes que acaban de elaborar los liquidadores de empresas públicas �cuya principal misión es, justamente, atender juicios en los que el Estado es parte�, ese compromiso no siempre fue honrado. El liquidador de Ferrocarriles, Juan Carlos Vázquez, se queja porque la información que brindan es �altamente deficiente�, lo que habría ocasionado �un sinnúmero de inconvenientes�, como el de no llegar a tiempo para realizar apelaciones.
El liquidador de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Gregorio Godoy, resalta la �notoria y generalizada ineficiencia del sistema� y el �marcado interés� manifestado por los estudios de �desprenderse de la obligación asumida�, máxime cuando su período de cobro terminó. El responsable de cerrar Obras Sanitarias, Jorge Dover, carga las tintas contra el bufet de José Severgnini, Robiola, Grinber & Larrechea, que habría �incumplido órdenes impartidas por escrito�, obligando al Estado a afrontar sentencias �no ajustadas a derecho�.
Pero, tal vez, el reporte más contundente es el que formuló Enrique Ipiña poco antes de cerrar definitivamente las puertas de ENTel residual. En una nota dirigida al Coordinador General de la Secretaría de Hacienda, Roberto Pagano, asegura que las falencias de los profesionales contratados produjeron �pérdidas� económicas y �posibilitaron la industria del juicio�. A renglón seguido, el funcionario recrimina, entre otros defectos, �apelaciones extemporáneas y tardanzas injustificadas en la remisión de documentación�, que le habría ocasionado al Estado una serie de perjuicios evitables. Entre ellos, los astreintes, la habilitación de vía ejecutiva para cobro de honorarios, embargos sobre fondos de la Tesorería y multas.
Como corolario, todos los liquidadores se muestran contrarios al mantenimiento de estos contratos y sugieren que la defensa sea retomada por los abogados estatales. La propuesta está en sintonía con una reciente nota que el Procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, envió a Economía. En ella el funcionario descarta la posibilidad de privatizar los juicios queaún quedan pendientes en la órbita pública y destaca la supuesta capacidad de los equipos públicos para esta tarea.
Pero no es una nueva tercerización lo que desvela a José Luis Machinea. Más bien, el desafío del ministro de Economía será disolver el vínculo con los estudios objetados, conseguir que superen su desinterés o exigirles una indemnización por los perjuicios que ocasionó su supuesta negligencia. En esta tarea pusieron manos a la obra algunos subordinados.
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Abeledo Gottheil