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Alfredo Bravo
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Que renuncien
los senadores
 
El Gobierno debe seguir el camino que ha expuesto públicamente:
llevar la investigación hasta las últimas consecuencias,
aunque sea una verdad de Perogrullo, y aplicar verdaderamente la pena
que corresponde a todos aquellos que desvirtuaron las banderas de honestidad
y transparencia, que fueron las que llevó adelante la Alianza.
Pero también tiene que dejar de lado las peticiones del establishment
y de banqueros y financistas extranjeros; pensar en cómo se desenvuelve
el mercado interno de la sociedad argentina y responder a los requerimientos
del pueblo, que son trabajo, ocupación, régimen social equitativo
y protección y amparo ante los avances desmedidos que ha tenido
el grupo económico sobre los derechos de los trabajadores.
Si en la investigación resultan implicados funcionarios del Gobierno,
o si de las áreas de gobierno han salido gestiones para que esto
se concretara, todos esos funcionarios deberían estar renunciando.
Si no lo hacen, habría que pedirles la renuncia. Yo soy maestro,
no jurista, pero para mí la mejor solución sería
que cada uno de los integrantes del Senado renuncie definitivamente, porque
si no, volverán a los parlamentos de cada una de las provincias,
que los confirmarán en sus cargos. Y ya se debería aplicar
lo que vamos a aplicar en el 2001: la elección directa de los senadores.
Esta solución sería sólo anticiparse un poco a lo
que prevé la Constitución Nacional. Este asunto ya ha sido
demasiado manoseado: hubo demasiadas rectificaciones y ratificaciones.
Por eso, hay que esperar la voz de la Justicia, aunque esté desprestigiada.
* Diputado nacional Alianza-Frepaso.
Atilio Boron
*
Un pacto
de la Alianza y el PJ
Me parece que estas crisis pueden servir para depurar y purgar el sistema
democrático, de manera que lo peor que se puede hacer es caer en
un alarmismo infundado que solamente serviría para garantizar la
impunidad de los corruptos. Por eso, hay que rechazar el discurso que
dice “Cuidado con la democracia y no agitemos demasiado este tema”.
Creo, por el contrario, que una democracia se fortalece si este tema se
encara y se resuelve de una manera terminante. En segundo lugar, ¿qué
habría que hacer? Fundamentalmente, dos cosas. Por una parte, que
la Justicia investigue en profundidad la denuncia para identificar a los
culpables y a los responsables. En este sentido, la iniciativa que tomó
el juez de investigar los movimientos de todas las cuentas bancarias de
los senadores es un primer paso importante, pero que deberá ser
profundizado. Por otra parte, creo que se hace necesario acelerar la depuración
moral del Senado. Una medida conveniente sería un pacto entre la
Alianza y el Partido Justicialista, mediante el cual estas dos fuerzas
mayoritarias acuerden en producir la renuncia de sus senadores a las bancas,
acelerando de este modo el llamado a una nueva elección sobre la
base del nuevo ordenamiento constitucional para la elección directa
de los senadores. Es una medida contundente, que demostraría la
seriedad con que la dirigencia política piensa encarar este tema.
El problema es que todo el Senado está bajo sospecha, aun cuando
sea injusto ignorar que a algunos senadores no les cabe la presunción
de corrupción. Pero el problema es demasiado grave y se requiere
depurar ese cuerpo lo antes posible.
En relación con los funcionarios del Ejecutivo, cabe lo que dije
para los senadores al principio. Porque la corrupción tiene dos
partes: uno que corrompe y otro que acepta ser corrompido. Y el Gobierno,
lo que debería hacer es facilitar la actuación de la Justicia
para investigar a sus propios funcionarios y convocar a sus propios senadores
a los efectos de que renuncien anticipadamente en función de ese
pacto mencionado más arriba. Este pacto, debe ser público,
transparente y de efecto inmediato.
* Profesor de Ciencia Política UBA.
Marcelo
Stubrin *
Mostrar acciones
decididas
La realidad suele ser más colorida y frondosa que la ficción.
Así se desenvuelve la crisis política provocada por las
denuncias de sobornos en el Senado, una de las cámaras del Congreso
que dentro de un año cambiará por completo a raíz
de la reforma constitucional del ‘94. En efecto, dentro de pocos
meses comenzará la campaña electoral para votar tres senadores
por cada provincia, dos para la mayoría y uno para la minoría.
Será la primera vez que las Legislaturas provinciales ceden a los
ciudadanos el derecho a elegir los integrantes de la Cámara que
está destinada a representar a las provincias de manera independiente
a su tamaño.
El crédito popular otorgado a la existencia de estas maniobras
es tan grande como el escepticismo sobre el pleno esclarecimiento de los
hechos. Esto es lo más grave: la debilidad de los procedimientos
aceptados y legítimos para absolver o condenar con la autoridad
que emana del prestigio de instituciones o personas.
En un Estado con bicameralismo perfecto y cronograma electoral estipulado,
el Senado tiene poco margen para actuar. En efecto, las propuestas sobre
renuncias masivas o cesación de mandatos con convocatoria a nuevas
elecciones tienen el defecto de amontonar a todos en la complicidad. El
juez, que el jueves a la mañana se encontraba en “una pieza
oscura”, el viernes comprobó la existencia del delito y la
semiplena prueba de la culpabilidad de seis senadores.
Por fin, el Gobierno está demandado para ofrecer rápidamente
al Coliseo como chivos expiatorios a algunos funcionarios, lo que agregaría
confusión y revelaría la solapada intención de cerrar
apresuradamente este capítulo.
Sin embargo, aunque parezca pueril o algo ingenuo, es necesario repetir
que la salud del sistema democrático requiere acciones decididas
destinadas a conocer la verdad, pues ésta es la única herramienta
de recuperación de la política como herramienta de la transformación
social.
Dichas acciones, en una sociedad abierta, corresponden a todos los actores:
jueces, gobernantes, parlamentarios, periodistas, líderes sociales,
todos debemos sumarnos a la empresa de eliminar las sospechas mediante
el conocimiento de la verdad. Es necesario adoptar actitudes serias, investigar
a fondo en las instancias que corresponden, abandonando la perversa lógica
de las llamadas operaciones políticas, del sensacionalismo y de
las soluciones fáciles que harán un titular mañana
y pasado serán demolidas por un pueblo que no acepta ser manoseado
por quienes aspiran a representarlo en las máximas funciones del
Estado.
* Diputado nacional Alianza-UCR.
Enrique
Zuleta Puceiro *
Borrón
y cuenta nueva
En el supuesto más benigno de que las investigaciones judiciales
concluyan sin un juicio definitivo acerca de lo que efectivamente ocurrió
en el Senado de la Nación, el veredicto público es ya definitivo
y sus consecuencias acompañarán al gobierno de Fernando
de la Rúa hasta el final de su mandato. La acción combinada
de la opinión pública y los medios de comunicación
eludió todas las trampas y subterfugios de la vieja política
y destrozó ese delicado mecanismo de supuestos y presunciones que
regula la formación y mantenimiento de la confianza social en las
instituciones y los dirigentes.
De aquí en más, al Gobierno no le queda otro camino que
mirar hacia delante, en búsqueda de ese rumbo que tanto parece
costarle todavía encontrar. El principal atributo de De la Rúa
y Alvarez es sin duda su formidable olfato y talento para traducir crisis
en oportunidades. Aun así, el momento es difícil. Desde
un punto de vista político e institucional, es sin duda el peor
por el que haya atravesado un gobierno democrático, al menos desde
los comienzos de la transición.
El intento de algunos protagonistas de atemorizar una vez más con
presuntos riesgos de desestabilización del sistema democrático
resulta esta vez patético, a la luz sobre todo de la claridad y
consistencia de un reclamo social exento de cualquier connotación
antisistema. La indignación moral de la opinión pública
surge de una conciencia clara y definitiva de que los problemas de la
democracia sólo se arreglan, hoy más que nunca, con más
y mejor democracia.
Mirar hacia adelante implica para el Gobierno algo tan simple como recuperar
la promesa de la Alianza. Es decir, la propuesta de una fuerza política
renovadora, capaz de activar procesos indispensables de incorporación
política, inclusión social y nuevos consensos institucionales.
Su misión no es otra que la de llevar a la política el aire
fresco de la revolución de valores, ideas y expectativas que la
sociedad argentina vive desde hace tiempo, a pesar de la miopía
y sordera de una dirigencia empeñada en tropezar una y otra vez
con las mismas piedras.
La crisis del Senado cancela el ciclo inicial de un gobierno socialmente
aislado, anclado en prejuicios y barreras mentales, obsesionado por los
fantasmas de la “herencia recibida” y atenazado por el temor
de no ser capaz de acreditar las credenciales que le impone la presión
extorsiva de los poderes “fácticos”. El crédito
personal de De la Rúa, Alvarez y la mayor parte de sus colaboradores
está intacto. Sobrevivirán a la crisis. Lo que nadie les
perdonará es cualquier síntoma de debilidad a la hora de
entender y poner en práctica el nuevo mandato recibido. Coherencia
y transparencia. Compromiso y acción. De nuevo y por última
vez: borrón y cuenta nueva.
* Presidente de la consultora Ibope OPSM.
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