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DE LA RUA DESREGULO LAS TELECOMUNICACIONES
Sean libres los teléfonos

Tras una encarnizada pelea de lobbies, y cubriéndose el Estado de posibles demandas judiciales, el Presidente firmó el decreto que acaba con diez años de monopolio. Aguiar se muda a lo de Machinea.
José Luis Machinea, Rodolfo Terragno, Henoch Aguiar y Carlos Winograd, muy alegres

Nicolás Gallo y el Presidentet.gif (862 bytes)  La mudanza de Henoch Aguiar con su Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y Vivienda al de Economía fue la novedad más picante del acto en que ayer, en Olivos, Fernando de la Rúa firmó finalmente el decreto que desregula el mercado de las telecomunicaciones a partir del 9 de noviembre, cuando se cumplirán diez años de prestación monopólica por parte de las dos sucesoras de ENTel. El traspaso de Aguiar culmina una larga y pública historia de desavenencias con Nicolás Gallo, quien aseguró estar “encantado de la vida”, a pesar de perder un área clave, que involucra tanto a la telefonía como al servicio postal. Aguiar, por su parte, confió a los periodistas que acababa de enterarse allí mismo, en la rueda de prensa subsiguiente a la firma del decreto, de su pase a Economía. Pero una fuente de este ministerio aseveró a este diario que aquél “por lo menos debía de sospechar este desenlace”.
Más allá del episodio, del Presidente para abajo todos los funcionarios se desvivieron por asegurar que con la desregulación se abaratarán sensiblemente las comunicaciones, sobre todo en los principales centros urbanos, y que el fin del duopolio Telefónica-Telecom atraerá hacia la Argentina un potente flujo de inversiones, con generación de pymes y puestos de trabajo. “Se terminará con la división entre conectados y no conectados a Internet”, afirmó De la Rúa. Aguiar precisó, a su vez, que mientras las dos grandes licenciatarias actuales (“incumbentes”) no pierdan un 20 por ciento de su mercado por efecto de la competencia, las tarifas seguirán reguladas.
Estos serán los rasgos salientes del nuevo régimen liberalizado:
u Barreras de ingreso. A partir de noviembre se eliminan barreras a la entrada de nuevos prestadores. Para posibilitar la competencia en telefonía local ya no se exigirá, para obtener una licencia, prestar el servicio en un alto número de centros urbanos y áreas rurales como mínimo. Las firmas podrán optar por un único centro. Como es previsible que esto provoque una concentración de inversiones en las áreas más rentables, se establece un sistema de financiamiento del servicio universal.
u Licencias. Hasta ahora se exige una licencia por cada servicio que se quiera prestar. Pero los avances tecnológicos tienden a desvirtuar las diferencias entre la transmisión de voz y otras formas de transmisión. Ahora existe cada vez más un consumidor típico que compra un servicio general que podría llamarse “información”, con múltiples formatos. Económicamente, el sector está pasando a ser un ámbito de competencia entre firmas que producen varios servicios a la vez, con múltiples tecnologías. Por tanto, en adelante se permitirá que todo prestador tenga una licencia única. Esto implica que las empresas proveedoras de datos puedan ingresar al mercado de telefonía básica, al igual que los celulares, y viceversa. No obstante, quienes soliciten una licencia deberán invertir no menos de 2 pesos por cada habitante del área que quieran atender.
- Uso del espectro. En adelante, el espectro no podrá adjudicarse arbitrariamente, como fue hasta ahora, sino sobre bases objetivas y económicamente justificables, y a quienes tengan las mejores ofertas. Un método podrían ser las subastas. El país estaría así en condiciones de subastar nuevas licencias para uso del espectro con nuevas tecnologías (las denominadas de tercera generación), además de mejorar la asignación de algunas otras, cuyos adjudicatarios no hayan cumplido con los requisitos mínimos en la prestación. Este nuevo procedimiento generará automáticamente una corriente inversora hacia la Argentina.
- Interconexión. Esta consiste en el precio que pagan las empresas por el uso de redes ajenas cuando deben terminar una llamada de consumidores propios en otros que pertenecen a una empresa competidora. Habiendo en el mercado empresas grandes (Telefónica y Telecom), que por su número de clientes tienen mucha probabilidad de que la mayoría de las llamadas empiecen y terminen en su propia red, nada las inclinaría a prestar voluntariamente la interconexión, o podrían fijarle tarifas muy altas. Espor esto que se decidió fijar un precio o peaje (1,1 centavo por minuto) más bajo que el actual y de futura trayectoria descendente, para incentivar así la entrada de más prestadores.
- Portabilidad. Como parte fundamental de las reformas en interconexión se asegura la portabilidad numérica, como derecho del cliente o usuario, que conservará sus números, aunque resuelva cambiar de prestador.
- Servicio universal. Se acepta que Telefónica y Telecom tienen obligaciones de servicio que deben cumplir en el área original de cada una, y que algunas de ellas pueden generar pérdidas, ya que no se permite fijar precios diferentes por región. Sin embargo, estas áreas están siendo financiadas por otras como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario o Mar del Plata. Pero las prestadoras entrantes “descremarán” las áreas de donde se extraen los ingresos para financiar las deficitarias. Por tanto, habrá un mecanismo de financiamiento complementario, denominado “servicio universal”, que operará si las actuales telefónicas sufrieran una importante pérdida de mercado. Para poder subsidiarlas se creará un fondo fiduciario compuesto por el aporte del 1 por ciento de la facturación de todos los participantes (salvo los de áreas donde haya menos de 15 teléfonos por cada 100 habitantes). Esos recursos servirán para financiar áreas no rentables, como además programas especiales para jubilados y otros grupos sociales. Todos los prestadores, incluidas las cooperativas, podrán acceder al subsidio por área de baja densidad.

 

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