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Por
Julio Nudler
Carlos “Chacho” Alvarez, por estar Fernando de la Rúa
de viaje, presidirá mañana a las 19, en el Alvear Palace
Hotel, la desfasada celebración del Día de la Industria,
que se festeja cada 2 de setiembre. El vicepresidente llamó a Osvaldo
Rial, titular de la Unión Industrial Argentina, para confirmarle
su presencia en el acto. Después de los discursos de Rial y de
Alvarez, José Luis Machinea lanzará una decena de anuncios
que intentan estar a la altura de las expectativas generadas en el sector
tras la asunción de Javier Tizado, quien probablemente no hable.
Las medidas serán éstas.
 Habrá un tercer vencimiento
para que las pymes puedan pagar a 120 días sus facturas de electricidad,
afrontando por ese lapso una tasa del 14 por ciento anual, Banco Nación
mediante. De esta manera, no serán las distribuidoras eléctricas
las que otorguen la facilidad. Ahora los empresarios esperan la adhesión
al acuerdo de otras privatizadas, en particular las gasíferas.
Se reflotará el compre
nacional, aunque con mayor énfasis en el desarrollo de proveedores
locales por parte de las multinacionales que en la reserva de mercado
para las firmas argentinas. Como sólo les da a las empresas nacionales
la ventaja de adjudicarse una licitación de organismos estatales
o de compañías privatizadas de servicios públicos
cuando el precio ofertado por ellas coincida con el de postulantes extranjeros,
para que haya oportunidad de que ese privilegio se plasme debería
darse el hecho altamente improbable de que dos ofertas coincidan exactamente.
El régimen, dicen en el Gobierno, busca generar presión
política sobre las privatizadas para que empiecen a aceptar proveedores
locales.
Estos tendrán acceso
a una línea de crédito del Nación para que puedan
ofrecer financiación en condiciones similares de tasa y plazo a
las de proveedores del exterior en las licitaciones que convocan empresas
privatizadas. La tasa será subsidiada con recursos presupuestarios.
En un cálculo a mano alzada, el costo rondaría los $ 20
millones anuales, suponiendo que genere operaciones por 500 millones y
se subsidien 4 puntos de tasa.
El Gobierno reiterará
su vocación de impulsar la factura negociable (ex factura de crédito).
El proyecto de ley para crearla ya está en el Congreso. Con ellas
las pymes tendrán un instrumento de crédito.
La AFIP potenciará la
unidad de precios de transferencia, un área cuya misión
es controlar los valores a que exportan e importan empresas vinculadas,
o subsidiarias de una misma corporación transnacional.
Se anunciarán medidas
referidas a las investigaciones aduaneras de la certificación de
origen, para desbaratar el uso de países del Mercosur como factorías
por parte de terceras potencias. El caso concreto ya descubierto es el
del armado de bicicletas chinas en Uruguay, para abordar desde allí
el mercado regional. Hay sospechas de que hay muchas más maniobras
de este tipo.
Habrá un decreto para
acortar drásticamente los tiempos para abrir la investigación
de los casos de dumping que se denuncien, respondiendo así a las
quejas de los productores locales. Estos suelen reprocharle al Estado
que para el momento en que la Comisión Nacional de Comercio Exterior
se expide, el daño de la importación subvaluada ya está
hecho.
Se acelerará la nueva
normativa sobre etiquetado, básicamente para alimentos importados.
Los envases deberán indicar en español todos los datos que
se requiere a los productos nacionales. Esta medida, tomada en nombre
de la “simetría informativa”, forma parte del típico
arsenal de barreras extraarancelarias para entorpecer determinadas importaciones.
Habrá una segunda ronda
de aumento de reintegros, complementaria de la que se anunció con
el “paquete procompetitivo”. Esta ronda, bastante más
restringida, abarca a un grupo de productos que quedaron afuera del beneficio:
orgánicos, ferrosilicio, carburo de calcio, arroz blanqueado yotros.
El costo fiscal de este estímulo, que mejora por vía fiscal
el tipo de cambio efectivo, se calcula en unos $ 15 millones base anual.
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