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Por
Adriana Meyer
Los senadores sospechados de haber cobrado una coima para aprobar
la polémica Ley de Reforma Laboral no son los únicos investigados
de la Cámara alta. El juez federal Carlos Liporaci –a pedido
de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado– quiere
conocer la evolución patrimonial del secretario parlamentario del
Senado, Mario Luis Pontaquarto, del secretario administrativo, Ricardo
Mitre, y del prosecretario parlamentario, Alejandro Colombo. Estos funcionarios
responden al senador José Genoud, al vicepresidente Carlos “Chacho”
Alvarez y al senador Augusto Alasino, respectivamente. El juez también
quiere saber la cantidad de viajes que hicieron a partir de la aprobación
de la ley, el 11 de mayo. Pontaquarto aparece mencionado en el libelo
anónimo que originó la tormenta política de los sobornos.
Liporaci encomendó a la Policía Federal la tarea de recabar
la información requerida y los azules deberán consultar
a la AFIP, al Registro de la Propiedad, a la Inspección General
de Justicia y a la Dirección Nacional de Migraciones. Una alta
fuente explicó a Página/12 que los tres funcionarios concentran
un gran poder en el organismo investigado y, además, están
mencionados en el expediente. “La influencia de esas secretarías
es similar a la que tiene el secretario letrado de un juzgado, es el poder
detrás del poder”, graficó la fuente consultada.
El nombre de Mario “Tato” Pontaquarto figuraba en el anónimo
junto al del senador Remo Costanzo, y tuvo que soportar bromas del propio
vicepresidente por el protagonismo de su auto. Es de Luján, entró
en el Congreso en 1983 y se transformó en un empleado de carrera.
Cuando en 1992 el senador mendocino José Genoud accedió
a la presidencia del bloque radical, Pontaquarto se volvió su más
estrecho colaborador. Accedió a la secretaría parlamentaria
en diciembre cuando fue aprobada su designación en el recinto.
Ese cargo tiene el nivel equivalente al de secretario de Estado y funciones
de peso porque maneja todos los trámites parlamentarios. Para eso
debe tener aceitada la coordinación entre los presidentes de los
bloques y las autoridades del Senado. De carácter firme pero afable
en el trato, los peronistas lo aceptan y es el puente de plata entre los
dos hombres más poderosos del Senado, su padrino mendocino y el
presidente del bloque de senadores justicialistas, Augusto Alasino. Los
tres comparten la pasión por los caballos y el turf.
Ricardo Mitre es un antiguo amigo de Alvarez, que dejó su actividad
como abogado para ayudarlo. A través de la secretaría administrativa
maneja el presupuesto, los sueldos y los pagos a proveedores del Senado.
No es empleado de carrera y tanto radicales como peronistas profesan la
misma desconfianza y antipatía hacia él. El tercer investigado
es el justicialista Alejandro Colombo, prosecretario parlamentario, que
tiene una trayectoria como empleado parlamentario y responde al entrerriano
Alasino. Hasta hace un año era el director de publicaciones del
Senado.
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Y sigue
el desfile
Hoy deberá presentarse ante el juez Carlos Liporaci el
sindicalista Omar Viviani, mañana lo hará Saúl
Ubaldini y el jueves, Juan Manuel Palacios. Si ratifican los dichos
de Moyano sobre las intenciones de utilizar “la Banelco”
con los senadores que habría expresado Alberto Flamarique,
la situación del ministro de Trabajo podría complicarse.
Este funcionario estaba citado como testigo –al igual que el
jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes–, pero Liporaci
decidió postergar esas declaraciones. Una fuente del caso
había asegurado a Página/12 que podrían ser
convocados más adelante como imputados. En tanto, aún
no fue fijada la fecha en que el senador Cafiero deberá volver
a Tribunales, porque el juez cree que “sabe más de lo
que dijo” cuando declaró. Y tampoco fue establecida,
aunque sí ordenada, la audiencia en la que será escuchado
Eduardo Duhalde. Además, ayer, el abogado radical Juan Carlos
Iglesias pidió que se impute al presidente Fernando de la
Rúa como presunto principal responsable del supuesto pago
de sobornos a los senadores.
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MOYANO
Y VICENS DECLARARON EN COMODORO PY
Sobre plata del Estado y Banelcos
Por
A.M.
El secretario de
Hacienda de la Nación entró al despacho del juez Carlos
Liporaci a las cuatro en punto. Lo acompañaba su secretaria, con
voluminosas carpetas en mano. Durante dos horas explicó en detalle
el manejo del dinero del Estado. Mario Vicens es el primer funcionario
del Poder Ejecutivo convocado en la investigación sobre los presuntos
sobornos que recibieron varios senadores para aprobar la Ley de Reforma
Laboral. Mientras espera las definiciones de la Cámara alta sobre
el desafuero que pidió a ocho de sus miembros, Liporaci avanza
para determinar quién pagó las coimas. Sus sospechas indican
que el dinero provino del Estado.
Vicens dio al juez y a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado
una “clara aunque por momentos abrumadora explicación”,
acompañada por documentos, sobre cómo se reparten los dineros
públicos. Los investigadores escucharon cómo se asigna cada
moneda de las partidas no sólo de fondos reservados sino de todas
las cuentas del Estado. Ahora deberán analizar esos datos para
detectar alguna irregularidad que permita conocer el origen del dinero
sucio que habrían cobrado los senadores. Lo primero que harán
es comparar la información que Vicens dio sobre los fondos reservados
de la SIDE con la que aportó el jefe de los espías, Fernando
de Santibañes, el funcionario que concentra las sospechas más
fuertes en este caso. Los datos que llevó De Santibañes
ya habían sido calificados como “insuficientes”. La exposición
de Vicens puede ser el punto de partida para empezar a controlar cómo
circuló la plata desde el 1º de enero hasta el 1º de
julio. Pero podría ser convocado para ampliar su testimonio.
Según indicó el secretario de Hacienda, la SIDE, el Ministerio
de Defensa, la policía y el Ejército son los organismos
que todavía tienen fondos reservados. Pero Liporaci quiere saber
qué hicieron todos los entes que recibieron dinero de Hacienda
y para eso podría citar al responsable de cada área para
verificarlo. El juez también apunta al Ministerio del Interior,
de Defensa, de Relaciones Exteriores y a la Presidencia, además
de la SIDE.
El jefe de la CGT disidente, Hugo Moyano, ratificó ayer ante Liporaci
que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le dijo que “para
los senadores tengo la Banelco”, durante el trámite de la
nueva ley laboral. El líder de los camioneros explicó que
“fue durante la cena que tuvimos en el sindicato de Obras Sanitarias
con la presencia de Juan Manuel Palacios, Omar Viviani, Julio Piumato
y Rubén Pereyra”. Y al ingresar a los tribunales federales
de Retiro vociferó que “Flamarique se tendría que haber
ido hace rato si tuviera un gramo de dignidad y de sentido común”.
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