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Por
Laura Puertas
Desde Lima
El caso Lori Berenson podría ser decisivo para las tensas relaciones
entre Perú y Estados Unidos, pero a la vez podría mermar
la popularidad del presidente Alberto Fujimori, a quien varios sectores
acusan de ceder a las presiones de Washington. La semana pasada, la justicia
militar anuló el fallo de cadena perpetua que impuso en enero de
1996 a Berenson, una neoyorquina de 29 años, por “traición
a la patria” y por su relación con el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru (MRTA), y remitió su caso al fuero común para
un nuevo proceso. Ayer, el ministro de Justicia, Alberto Bustamante, aclaró
que “ella tendría que cumplir su sentencia en Perú
porque el marco vigente excluye la posibilidad de traslado de prisioneros
de un país a otro en los casos de narcotráfico y terrorismo”.
Acusada de confeccionar un plano para que el MRTA dinamitara el Congreso
de la República, Berenson era uno de los cuatro extranjeros condenados
a cadena perpetua por la justicia militar. En noviembre de 1995 fue detenida
tras un espectacular tiroteo en el distrito limeño de La Molina,
que permitió la captura de 15 miembros del MRTA, entre ellos uno
de sus legendarios dirigentes, Miguel Rincón. En aquel momento,
el orden institucional estaba quebrado. En abril de 1992, Fujimori había
disuelto el Congreso e instalado un gobierno al margen de la Constitución,
que se concentró en combatir al terrorismo de Sendero Luminoso
y del MRTA. Creó un sistema con tribunales militares encargados
de juzgar a civiles, al frente de los cuales estaban oficiales que ocultaban
sus rostros con pasamontañas y quienes, mediante procesos sumarios,
podían condenar a cadena perpetua por el delito de “traición
a la patria” a todo sospechoso de pertenecer a Sendero o al MRTA.
Fue así como Lori Berenson, pese a ser norteamericana, terminó
condenada de por vida en marzo de 1996.
El gobierno peruano utilizó todos los medios para convencer a la
opinión pública de que Berenson era un monstruo del terrorismo
y en varias ocasiones Fujimori dijo que “no daría ni un paso
atrás” ante las exigencias de Estados Unidos de que los extranjeros
acusados de terrorismo fuesen juzgados por los tribunales ordinarios.
¿Qué sucedió para que después de cinco años
el tribunal militar aceptara que se equivocó? Para la mayoría
de los analistas, el gobierno se vio obligado a dar una señal de
conversión a la democracia debido a las presiones norteamericanas.
En mayo de 1999, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos declaró nula la sentencia militar contra Berenson y ordenó
celebrar un nuevo juicio en la jurisdicción penal ordinaria. El
fiscal superior para casos de terrorismo, Víctor Cubas, informó
ayer que ese nuevo juicio será público, abierto a la prensa
y que en él se respetarán todas las garantías procesales.
Desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio, Washington
presionó a Fujimori para que reestablezca la credibilidad y legitimidad
de su régimen. Una de las demandas era la necesidad de celebrar
un nuevo juicio a Lori Berenson, y ahora lo ha conseguido.
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