Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 �Me están hostigando�, bramó ayer el juez Carlos Liporaci. El magistrado se refería a dos llamadas amenazantes que recibió una docente de su hija Aldana en la que le decían: �Usted conoce a Aldana Liporaci del Profesorado de Maestra Jardinera del Sagrado Corazón. Que se cuide a la salida y que su padre se deje de embromar�. La primera comunicación se produjo el domingo a las 23 y después hubo otra, a las 3 de la mañana del lunes. Paralelamente, la Justicia también investiga si la Policía Federal espió al magistrado �por orden del Gobierno� a través de una camioneta Trafic ubicada afuera de los tribunales de Comodoro Py. La fuerza azul reconoció que el vehículo era utilizado para �vigilar�, pero que no cuenta con tecnología como para hacer una grabación a distancia. Es inminente un peritaje de la camioneta, habrá una investigación para determinar si hay micrófonos dentro de la oficina de Liporaci y si desde la camioneta se recibía lo supuestamente captado por ese micrófono. En Tribunales están seguros de que hubo espionaje, aunque el propio ministro Federico Storani negó categóricamente una operación de ese tipo.
La denuncia por amenazas fue presentada ayer por el propio Liporaci ante el fiscal de Cámara Germán Moldes, quien la derivó a los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan. Durante la tarde se le tomó declaración a la docente que, de acuerdo con los trascendidos, se mostró como una persona muy seria y sólida en todo el relato.
En la llamada de las 23, la voz desconocida señalaba que la hija del magistrado debía cuidarse a la salida del curso que realiza de maestra jardinera. Esto demostraba ya determinado nivel de conocimientos e inteligencia. Pero lo más preocupante fue la llamada de las 3 de la mañana, ya que al atender la docente le pasaron una grabación de la llamada de las 23.
Durante la tarde de ayer, los mismos fiscales hablaron por teléfono con el titular de la Federal, comisario Rubén Santos, para pedirle que ordene una custodia para Aldana. La medida se adoptó en acuerdo con Liporaci y por disposición del ministro del Interior.
Ayer a la tarde, el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez se comunicó con el juez para expresarle su solidaridad y la del presidente Fernando de la Rúa, que le manifestó su preocupación en un llamado desde México.
La cuestión de las escuchas y el espionaje al magistrado produjo una intensa polémica entre los funcionarios de la Justicia, la Policía Federal y el Gobierno.
 En Tribunales dicen que la operación de inteligencia existió y que hay tecnología para hacer la escucha desde la camioneta ubicada a casi 150 metros. Todo indica que los fiscales tratarán de determinar si ese operativo fue realizado a pedido del Gobierno para espiar la causa judicial, por lo cual harán el peritaje a la oficina de Liporaci y a la camioneta. Además, está identificado el policía que estaba en el vehículo, por lo cual es probable que se lo cite a declarar en las próximas horas.
El ministro del Interior y la propia Policía Federal negaron que desde la camioneta se haya hecho un operativo de inteligencia. Santos se reunió personalmente con el magistrado y le explicó que no existe la tecnología como para hacer esas escuchas desde tanta distancia.
Es muy posible que a partir de hoy se abra una causa por las escuchas y todo indica que estará a cargo el juez federal de turno, Jorge Urso. Parece una sórdida casualidad: Liporaci tiene antecedentes de haberle hecho escuchas telefónicas a su propio secretario y Urso fue el magistrado que prácticamente convalidó ese espionaje realizado dentro del juzgado.
Como se ve, el escándalo de las coimas ya va sembrando nuevas causas. Por ahora se trata de amenazas y espionaje, pero todos coinciden en que esta historia recién comienza.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INVESTIGA SUS BIENES
Cuando el juez es el sospechoso
Por I.H.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura analiza un pedido de dos consejeros para que se investigue el origen de los fondos con que el juez Carlos Liporaci, quien tiene a cargo la causa por supuestos sobornos en el Senado, pagó una casa que estaría valuada en un millón y medio de pesos. Como primeras medidas, entre hoy y mañana enviarán oficios pidiendo la declaración jurada de bienes del magistrado, las acreditaciones de la compra de la vivienda, su valuación y, después, podrían citarlo a declarar.
Ayer, la discusión del tema en la comisión que lleva los expedientes que pueden derivar en juicios políticos generó enfrentamientos. La diputada María Lelia Chaya (PJ) dijo que era �inoportuno� investigar en este momento el patrimonio de Liporaci, uno de los jueces �de la servilleta�. El cuestionamiento disgutó a los consejeros Juan Gersenobitz y Eduardo Orio, representantes de los abogados, que fueron los impulsores de la investigación del patrimonio del magistrado. Ambos retrucaron: �En casos como éste la oportunidad es cuando el hecho se conoce, lo que le da la ocasión al juez de demostrar un accionar irreprochable�.
Furioso, Gersenobitz le dijo a Página/12: �Esto es claramente una cuestión de ética�. El abogado Fermín Garrote y el diputado Pablo Fernández (Alianza) se habían sumado durante la reunión a esa posición. Chaya insistía: �El juez debe estar en condiciones de actuar en plenitud, sin interferencias�. Algunos de sus detractores refunfuñaban por lo bajo: �Mejor que si hay que desplazarlo de la causa de las coimas sea a tiempo�.
El expediente quedó a cargo del diputado Miguel Angel Pichetto (PJ) y lo complementará Fernández. Pichetto recordó que �ya hay una investigación por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Gabriel Cavallo�. Igual pedirán información sobre los bienes e ingresos de Liporaci para evaluar si puede justificar lo que adquirió. En tanto, los representantes del Senado en la Magistratura, Agusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga se excusaron de intervenir cualquiera de las cuatro causas que tramitan contra Liporaci en ese órgano.
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