Por Fernando Almirón
 El Senado postergó ayer la sesión especial en la que estaba previsto debatir los pedidos de desafuero de ocho legisladores involucrados por el juez federal Carlos Liporaci en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos a un grupo de legisladores a cambio de la aprobación de la ley de Reforma Laboral.
La postergación se debió a que los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que preside el riojano Jorge Yoma (PJ), se encontró con una serie de dudas a la hora de dictaminar si le daba cauce o no al tratamiento de los desafueros en el recinto ya que el magistrado les envió una copia completa de la causa para fundar sus pedidos �que a última hora de ayer ascendieron a once� pero con la advertencia de que estaba bajo �estricto secreto sumarial�.
Después de consultar con Liporaci lo que aparecía como una contradicción, el presidente provisional del cuerpo, José Genoud, anunció que el expediente se abrirá hoy, con autorización del juez, y que podrá ser consultado por los senadores �en absoluto secreto�, en un ámbito especial, de uno en fondo; bajo la atenta mirada de un vigilante para evitar que se hagan copias.
En principio los legisladores revelaron que el juez Liporaci envió para fundar su pedido una copia certificada y completa del expediente que se instruye en su juzgado, 338 hojas divididas en dos cuerpos. Según la presidencia provisional del Senado, los sobres que contienen los facsímiles de la causa llegaron sin lacrar y sin precintar. Allegados al juez afirmaron que el expediente estaba cosido. A los integrantes de la Cámara alta también les llamó la atención que el oficio que acompañaba a ambos sobres tenía fecha de despacho el 1º de septiembre, y el material recién llegó al Congreso el 4 de septiembre, a las 19.40.
Un funcionario del juzgado dio su versión de la secuencia a Página/12:
 El jueves pasado, 31 de agosto, el juez resolvió pedir los primeros desafueros.
El viernes, 1 de setiembre, envió al Senado un oficio reclamando los desafueros. Lo acompañaba del dictamen fiscal y anunciaba que en 24 horas más, o sea el lunes 4, porque en el medio quedaba el fin de semana, enviaría el sumario.
El lunes 4 mandó el sumario con las 338 fojas. Estaba destinado a la presidencia del Senado, es decir a las oficinas de Carlos �Chacho� Alvarez, pero por ausencia del vicepresidente terminó, siempre según esta versión, en manos de dos secretarias de la presidencia provisional. Una se llama Mariela Carracedo y otra de apellido Rodigliero. En el juzgado aseguran que ambas son subordinadas de José Genoud.
El secreto sumarial fue el eje del debate de ayer entre los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
�Solo pedimos el fundamento del desafuero, pero Liporaci nos envía el expediente mientras nos dice que tiene secreto de sumario, y entonces no sabemos qué hacer �aseguró un integrante de la Comisión�. Si no lo abrimos no sabemos cuáles son sus fundamentos, y estamos violando el secreto sumarial si abrimos las pruebas al cuerpo, que es el que debe determinar con los dos tercios de los votos los desafueros solicitados.
Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales abrirá el expediente y se tomará el tiempo necesario para estudiar la causa, por lo que la sesión especial sobre desafueros quedará postergada hasta nuevo aviso.
Ayer el bloque de senadores oficialistas anticipó que votará en el recinto por el desafuero de todos los legisladores a los que Liporaci quiere hacerles preguntas de cargo. El bloque del PJ, en tanto, no está dispuesto a desaforar a los siete senadores de su bancada mencionados por el juez, ya que esto implicaría que deberán abandonar sus bancas durante un tiempo determinado, con lo que el peronismo perdería la mayoría absoluta que hoy tienen en el cuerpo a una semana del tratamiento de la ley de Emergencia Económica.
La solución para evitar que el PJ pierda la representatividad en la Cámara alta pasa por la renuncia a su banca de los legisladores con pedido de desafuero. Y que sus lugares sean ocupados por los senadores suplentes, tal como lo proponen los justicialistas Alberto Rodríguez Saá (PJ, San Luis) y Daniel Varizat (PJ, Santa Cruz). La idea no es compartida por los que tienen pedido de desafuero ya que, consideran, su renuncia se podría interpretar como un reconocimiento de culpabilidad.
CITAN A LOS CONTABLES DE DEFENSA, LA SIDE Y LA FEDERAL
La mira puesta en las �cajas�
Por Adriana Meyer
La Justicia va por más. Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron ayer el desafuero de otros cinco senadores, autoridades de sus respectivos bloques parlamentarios: los justicialistas Augusto Alasino y Osvaldo Sala y los radicales Raúl Galván, Luis León y Alberto Maglietti. Sin embargo, el juez Carlos Liporaci sólo tomó en cuenta a Alasino y a Galván, y agregó al radical Alcides López, vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Freiler y Delgado sospechan que �además de la señalada �caja negra� de la SIDE� los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos destinados a las obras sociales pueden haber sido la fuente de los sobornos que habrían recibido algunos senadores para aprobar la Reforma Laboral. Pero el juez decidió no avanzar en la ruta del dinero con el esquema propuesto por los fiscales y no hizo lugar a las medidas solicitadas en ese sentido. En cambio, citará a los responsables de las áreas contables del Ministerio de Defensa, del Ejército, de la Policía Federal y de la SIDE.
�La causa no se para�, respondió una alta fuente cuando Página/12 preguntó sobre el efecto del postergado desafuero de los senadores sospechados en el incontenible escándalo de los sobornos. Los investigadores sabían que el Senado podía llegar a frenar sus intenciones de ponerles nombre y apellido a los acusados, pero mientras tanto seguirán indagando el origen de la coima y a los secretarios administrativos y parlamentarios, tal como adelantó este diario.
Los fiscales pidieron el desafuero de los cinco legisladores mencionados, porque �no podían ignorar lo que estaba pasando en la negociación de la polémica ley laboral en virtud de que todos tenían cargos y autoridad en sus respectivos bloques parlamentarios�. Y basaron sus sospechas en la documentación que hay en el expediente, además de las declaraciones de los sindicalistas. �Por ahora no están sospechados de haber cobrado coimas�, explicó a Página/12 una alta fuente. Sin embargo, el formoseño Maglietti afirmó que �estamos en manos de una mafia judicial�.
Delgado y Freiler creen que los sobornos no necesariamente salieron de los fondos reservados. �Particularmente a la fiscalía le interesan aquellas áreas que tengan en su manejo ATN porque están inmersos dentro de una gran área discrecional por parte del Ministerio del Interior y del de Trabajo�, señaló ayer Freiler. Además del Ministerio de Defensa, que también recibe partidas para utilización discresional, tanto al juez como a los fiscales les interesa la �plata negra� que gastan sin control los espías al mando de Fernando de Santibañes. En tal sentido, los datos que llevó De Santibañes al juzgado �que ya habían sido calificados por los investigadores como �insuficientes�� serán comparados con los que aportó el secretario de Hacienda, Mario Vicens. Es probable que cuando interroguen al encargado de las finanzas del Ejército se enteren de que no tiene fondos reservados, tal como aseguró a este diario un vocero de esa fuerza.
Ayer declaró ante Liporaci el sindicalista Juan Manuel Palacios y ratificó que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, habría dicho que �para los senadores tengo la Banelco�. La situación de Flamarique podría complicarse hacia el fin de semana, cuando terminen las declaraciones testimoniales de Saúl Ubaldini y Omar Viviani previstas para hoy y mañana. (El ministro de Trabajo dijo ayer en la puerta de su domicilio que �lo de la Banelco es una mentira más de Moyano�.) Palacios aseguró, además, que �la ley laboral le interesaba sólo al Gobierno, no a los privados�, ante una pregunta concreta de los fiscales en ese sentido.
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