Por Cristian Alarcón
 La idea de una emboscada con reminiscencias de Ramallo sobrevuela la investigación por el megatiroteo de Los Polvorines. Esa es la evaluación que ayer hacían fuentes judiciales después de la reconstrucción de la balacera en la que la Policía Bonaerense �usando a unos 200 de sus hombres y tantas balas como pestañeos al fragor de la batalla� eliminó a tres ladrones. El fiscal Mario Marini armó ayer el camino que siguieron los tiradores desde que los delincuentes fueron sorprendidos en un aguantadero de la Villa Alvear. Pero la mira estuvo puesta en dos puntos claves: cómo es que llegó la policía al escondite siendo que había perdido de vista la moto en que escaparon los ladrones; y cómo el sargento Julio Sánchez murió de un tiro en el cuello que según las pericias no salió de las armas de la banda. La primera pregunta tuvo la respuesta menos creíble: un cabo asegura que él y Sánchez vieron la huella de la moto en el barro de un pasillo de medio metro, a la orilla de un arroyo.
Eduardo Leguizamón, de 25, Sergio Torres, de 30, y Fabio Bricela, de 24, son los tres hombres que pasadas las 11 del 26 de agosto entraron, acelerados, recios y tajantes, a la Banca Nazionale del Laboro, de Talar del Pacheco. Dos saltaron el mostrador y se hicieron de 25 mil pesos. El tercero vigiló la puerta. Salieron montados en una moto y con un bolso, en el que habrían llevado un pequeño arsenal, luego usado para una defensa inútil. La policía los perdió a las pocas cuadras. Es ahí donde comienzan las dudas de los investigadores. ¿Cómo llegaron dos patrulleros a la puerta de la casucha de madera en la que se había refugiado la banda, a 34 cuadras del banco?
Con las calles secas después del buen tiempo, el fiscal Marini hizo que cada uno de los 11 policías del Comando de Patrullas Malvinas que intervinieron en el comienzo del tiroteo le explicaran sus pasos. Abrió con la vanguardia de ese pelotón: los cuatro que iban en los dos móviles de avanzada. Coincidieron en que llegaron al lugar porque por radio el comando pidió que rastrearan la zona de la Villa Alvear y dio las señas de los perseguidos.
Así, sin querer queriendo, los dos autos llegaron a las esquinas clave, avanzando por el interior de la villa en dirección a la ruta 197, primero uno por la calle Perito Moreno, enseguida el otro por la paralela, Sánchez de Loria. Ambos pararon a la altura de un arroyo de aguas podridas, al que ni los vecinos le dan nombre. Sobre su orilla hay un pasillo de medio metro, que hace las veces de vereda. Justo en la mitad del tramo está el aguantadero. El cabo Ríos, que iba con el sargento Sánchez por Perito Moreno, ayer le dijo al fiscal que fueron ellos quienes vieron la marca de la moto en ese medio metro de barro. Uno de los que iba en el otro móvil, por Sánchez de Loria, dijo que además �alguien del barrio� les señaló la casilla. Pero no dio datos suficientes para ubicar a esa persona.
Sobre el arroyo se dieron, según los relatos de ayer, los primeros tiros. Fueron pocos, dicen. Luego de ese primer encontronazo, la banda escapó por los fondos de la casilla, hacia la calle Estomba. Se metieron en el rancho del 3083, donde después de una hora de fuego murieron dos de ellos. Torres recibió 75 balazos; Bricela, otros 55. Demasiados dieron en sus cabezas. Del otro lado murió el sargento Sánchez; recibió un tiro en el costado izquierdo del cuello, de arriba hacia abajo, y al borde de su chaleco antibalas cuando ayudaba a uno de los 9 policías heridos, el sargento Rubén López. Después de la primera autopsia policial, en la que nunca se hicieron placas radiográficas, una segunda necropsia supervisada por la fiscalía dio con otro pedazo de proyectil. Lo peritos balísticos intentan fundirlos para determinar su calibre. En el caso del sargento Claudio Medina, herido en una pierna por un proyectil 12.70, similar a los de las Itakas usadas ese día, ayer un policía declaró que en el tiroteo cayó y saltó un tiro loco que fue a dar a su colega. Una vez exterminados los dos primeros ladrones, el asunto siguió en una tercera casa porque Leguizamón logró escapar otra vez por el fondo: el final le llegó sobre la calle Sánchez de Loria. Allí recibió 60 disparos. Los policías dijeron que se tiraron hasta las balas de goma y que continuaban porque no sabían que el hombre ya había muerto. ¿Quién comandó semejante operativo, cuando además al lugar no sólo llegaron móviles del otro extremo del conurbano sino además el ministro Orestes Verón y su vapuleado lugarteniente Eduardo Martínez? Ayer los policías dudaron al responder confundidos todavía por el ruido de los fuegos. �Podría ser el jefe del Comando de Patrullas de Malvinas, el comisario Peralta�, dijo una fuente judicial. �Era un caos�, insistieron los tiradores. Fue en ese caos, en el que desaparecieron, como colofón del bardo, 10 mil de los 25 mil pesos que salieron del banco en la desafortunada moto de tan profunda huella.
LOS PRESOS ESTABAN EN CONDICIONES �INFRAHUMANAS�
Clausuraron más calabozos
La Justicia ordenó ayer la clausura provisoria de los calabozos de la comisaría de Boulogne, partido de San Isidro, al comprobar que los presos estaban alojados allí en condiciones �infrahumanas�. Entre 15 y 17 detenidos convivían en una celda de nueve metros cuadrados, donde comían �una vez por día� alimentos en mal estado. Con Boulogne, ya son cuatro las comisarías de la zona norte bonaerense que la Sala I de la Cámara Criminal de San Isidro clausura por problemas de hacinamiento y deficiencias sanitarias. Primero fue la seccional de Don Torcuato y, más tarde, les tocó el turno a las de Barracas y Victoria. Para los camaristas, en todos los casos, la responsabilidad recae sobre los comisarios.
�El piso está tapado con colchones, en las paredes cuelga la ropa de los internos y el baño no tiene ni inodoro ni letrina. Sólo hay un agujero donde, según los internos, se echa agua para que corran los excrementos.� Con esta patética descripción, los camaristas Fernando Moroto, Roberto Borserini y Juan Fugaretta fundamentan el cierre de los calabozos de Boulogne y el traslado de sus 28 reclusos a otros penales. La resolución de los jueces no tardó en llegar luego de hacer una recorrida por la seccional: detectaron que los detenidos no sólo se duchaban con una canilla a 40 centímetros del suelo adaptada con una manguera sino que convivían hacinados en celdas sin ventilación e iluminación natural. Ahora, los magistrados esperan que la municipalidad local, a cargo de Gustavo Posse, se expida acerca de las condiciones que los calabozos deberían reunir para alojar a los detenidos.
Ya el 17 de mayo último, el mismo tribunal había dispuesto la clausura de los calabozos de la comisaría de Don Torcuato, en Tigre, tras hallar en el lugar �hongos, piojos y presos con sarna� y los jefes policiales de la dependencia, que ahora están siendo investigados, se opusieron a la medida. A doce días de este hecho, los camaristas hicieron cerrar una celda de la seccional de Barracas, en San Isidro, donde menores de edad eran sometidos a inadecuadas condiciones sanitarias. En tanto, el jueves pasado, la comisaría de Victoria, en San Fernando, corrió la misma suerte.
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