Por Eduardo Tagliaferro
 Un jurista alertó �choca con la Constitución�. El vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez la elogió y aclaró que es un mensaje para el Legislativo pero también para el Ejecutivo. Elisa Carrió, una de las impulsoras del proyecto, ratificó su convicción de que es un instrumento en la batalla contra la impunidad. La ley que limita la inmunidad de funcionarios y legisladores, sancionada a todo vapor por las dos Cámaras del Congreso para descomprimir la presión judicial y mediática a los senadores sospechados de recibir coimas, ya empezó a dar que hablar. Y eso que el juez Carlos Liporaci, encargado de investigar el supuesto ilícito, ayer se llamó a silencio, tal vez por sentirse estresado (ver nota aparte)
El jurista Gregorio Badeni opinó que la ley �choca con la Constitución, porque su artículo 70 sostiene que para ser acusado el legislador debe ser previamente suspendido en sus funciones por la Cámara�. Aunque formal, el tema no es menor para los hombres encargados de sancionar las leyes.
Las críticas del constitucionalista se sumaron a las propias dudas que algunos legisladores habían señalado en el recinto. El frepasista Juan Pablo Cafiero había reconocido en el debate �que se estaba delegando atribuciones propias del Parlamento en el Poder Judicial�.
Pero el escándalo del Senado superó largamente al debate jurídico, y en ese punto con la mirada de la opinión pública sobre ellos, la gran mayoría de los parlamentarios priorizó terminar con cualquier atribución que pueda ser interpretada como un privilegio sectorial.
�Más allá de que algunos hayan votado este proyecto por desesperación y que otros pretendan utilizarla en beneficio propio, lo importante es que la ley obliga a los jueces a continuar con las investigaciones�, dijo en declaraciones radiales la diputada radical Elisa Carrió.
Carrió, miembro informante de su bancada, fue contundente a la hora de opinar sobre el escándalo del Senado. �No me interesa que se vayan todos los sospechados, me interesa que se sepa quiénes son los culpables�, dijo.
Al ingresar a la Casa de Gobierno, en su contacto habitual con los cronistas apostados en el Salón de los Bustos, el vicepresidente, Carlos Alvarez, resaltó que la nueva ley permitirá el avance de las investigaciones judiciales. �Esta ley no sólo es para el Legislativo. También es para el Ejecutivo. Cuando llame un juez hay que ir a declarar. Nadie se puede amparar en sus fueros�, opinó Alvarez.
Precisamente este argumento era esgrimido por algunos legisladores aliancistas para responderle a la diputada santacruceña del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, que denunció que el tratamiento de la ley formaba parte de un �pacto de impunidad� entre los senadores y el Gobierno.
El propio juez Liporaci realizó comentarios sobre la nueva ley y sugirió que con la reglamentación de los fueros se iba a detener la causa judicial. �El juez tiene un instrumento para seguir con la investigación�, dijo Chacho cuando los cronistas le pidieron su opinión sobre las opiniones del magistrado.
El rápido tratamiento que el Congreso le dio a la ley de fueros, así como sucedió en reducidas ocasiones anteriores, va produciendo más de un enfrentamiento. La mayoría de las opiniones se van tiñendo por las respectivas identidades políticas y su posicionamiento sobre el escándalo de las presuntas coimas.
Un precedente en contra
La Cámara Federal porteña considera que el llamado a indagatoria a un legislador protegido por los fueros no sería compatible con la Constitución Nacional. El pronunciamiento no es nuevo sino que se remonta a 1994, pero ahora cobra relevancia porque ese tribunal deberá entender en toda apelación que se presente en la causa por el presunto cobro de coimas en el Senado.
La resolución acerca del alcance de los fueros de los legisladores fue adoptada por la Cámara Federal porteña hace seis años a raíz de un planteo presentado por el entonces senador peronista José Figueroa. �Si el llamado a prestar declaración indagatoria de tipo personal y coactiva significa una variante del arresto, no es compatible con la Constitución Nacional�, señaló el tribunal en el caso de Figueroa, quien afrontó un proceso penal.
Aquella resolución de la Cámara sentó jurisprudencia, aunque obviamente es anterior a los cambios al régimen de los fueros parlamentarios que introdujo ahora el Congreso. Habrá que ver cómo incide en el futuro.
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opinion
Por Vilma Ripoll * |
| Esta vez podemos ganar
Más allá del detonante, este escándalo desnuda el agotamiento de un modelo político-económico. Un modelo de ajuste permanente, entrega e impunidad, cada vez más difícil de aplicar. Un modelo cuya corrupción es estructural y cuyos gestores son el PJ y la Alianza. Y si hubo coimeros, hubo coimeadores. Por eso también el Ejecutivo está muy lejos de ser inocente.
Además de que los corruptos deben ir presos y pagar, es evidente que la ley de Reforma Laboral, hija de la coima, debe ser anulada de inmediato. Como se lo dije a Corach cuando vino a la Legislatura porteña, esa ley la exigió el FMI, ataca conquistas que a los trabajadores nos costaron años de lucha y se aprobó mediante sobornos: ¡más trucha, imposible! Debe caer por antiobrera �por ir contra derechos históricos que están en los convenios� y porque ahora, encima, se prueba que nació viciada, fruto de un delito.
Ante la crisis, el PJ y la Alianza no sólo pretenden mantener la reforma laboral sino que buscan remiendos y maquillajes institucionales. Voces radicales proponen que los senadores renuncien y las Legislaturas elijan otros, o anticipar las elecciones directas. De la Rúa amenaza con gobernar a decreto, sectores del PJ hablan de una comisión bicameral para acompañarlo y Chacho Alvarez pide recambiar los jefes de bloque. Por una u otra vía, todos quieren salvar al Senado. Nosotros, en cambio, proponemos su disolución. ¡Es hora de que desaparezca esa cueva aristocrática, de las familias dueñas de las provincias, no proporcional a los habitantes y colmo de la corrupción!
La Alianza y el PJ hablan de �democracia�, pero quieren resolver todo entre cuatro paredes, entre los propios sospechados y con jueces de servilleta. Pero acá es el pueblo el que realmente debe participar y decidir. Por eso haría falta una fuerte presión popular para que se convoque a una Asamblea Constituyente. Allí serían los representantes electos por la gente quienes democráticamente podrían resolver si hay o no Senado y las medidas de fondo para sacar al país de la crisis.
La crisis política merece otra reflexión. ¿Hasta cuándo se puede seguir con el PJ y la Alianza, o con el Frepaso, que ya está resultando una nueva frustración? ¿No llegó la hora de decir �no va más� y apostar a una nueva alternativa política de los trabajadores y del pueblo? Por encima de la bronca y la decepción, es preciso buscar una salida. Muchos se lo están planteando. Desde Izquierda Unida queremos y podemos aportar a ese debate, en la perspectiva de construir esa nueva alternativa que hace falta.
Ahora, la pelea más inmediata es por lograr la anulación de la reforma laboral. Por eso marchamos el miércoles a la Plaza de Mayo a la convocatoria de la CGT de Moyano. Una convocatoria a la que hubiera sido deseable que se sumara la CTA. Es necesario que los trabajadores unamos fuerzas y exigirles a los dirigentes que le den continuidad a esa movilización hasta voltear la ley. Esta vez sí podemos ganar.
* Diputada de la Ciudad (MST-Izquierda Unida) |
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