El represor Jorge Antonio Olivera, detenido en Roma, intenta evitar una larga temporada en la cárcel. Sus abogados pidieron que se le conceda el beneficio de la libertad condicional o en su defecto la oportunidad de pasar el tiempo que dure su juicio de extradición a Francia por el secuestro y desaparición de Marie Anne Erize, en un monasterio de padres franciscanos. El pedido de Olivera de refugiarse en un convento coincide con el �arrepentimiento� de la Iglesia argentina por su actitud durante la época de la dictadura, cuando muchos religiosos actuaban como �lavadores de conciencia� de los represores e ignoraban o intimidaban a las familias de desaparecidos que iban en busca de apoyo. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Roma fijó fecha el próximo 15 de setiembre para considerar la solicitud de Olivera y en consecuencia resolver si el militar sigue en la celda de dos por cuatro metros que ocupa en la prisión de Regina Coeli o pasa a vivir con los monjes. El abogado del secuestrador y torturador de la joven francesa Marie Anne Erize no aclaró si, en el monasterio, su defendido se dedicaría a rezar para intentar expiar los pecados que cometió en San Juan durante la dictadura, cuando era miembro del Regimiento de Infantería de Montaña 22. El pedido a favor de Olivera fue formulado por sus nuevos defensores Augusto Sinagra y Marco Antonio Bezicheri, que reemplazaron a Marcello Melandri y Carlos Longari. Sinagra es una conocida figura de la ultraderecha italiana. Olivera fue arrestado por orden del juez francés Roger Le Loire, a pedido de la abogada Sophie Thonon, por su responsabilidad en la desaparición de la joven francoargentina Marie Anne Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en la ciudad de San Juan. El represor, ex apoderado del Modin de Aldo Rico, fue procesado en 1987 por la Cámara Federal de Mendoza, acusado por el abogado Horacio Méndez Carreras. Olivera quedó libre al ser beneficiado por la ley de Obediencia Debida. La libertad le duró hasta el 6 de agosto de este año, cuando fue apresado en el aeropuerto romano de Fiumicino. Olivera, podría decirse, se �vendió solo�, ya que su arresto se concretó gracias al alto perfil que cultivó durante el último tiempo en Buenos Aires. El represor, que se dedicó a la abogacía después de retirarse del Ejército, fue defensor del ex general Guillermo Suárez Mason, preso por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. Además, junto con su socio Jorge Appiani, se dedicó a intentar reeditar la doctrina de los dos demonios. Con ese fin, pidió a la subsecretaria de Derechos Humanos que indemnizara a los hijos de los �muertos por la subversión�, al igual que se repara a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Entusiasmado por el cambio de conducción del Ejército �por la libertad y empuje para hacer sus operaciones que le dio el general Ricardo Brinzoni� también se presentó ante la Justicia para pedir la apertura de causas para �averiguar la verdad� sobre asesinatos presuntamente cometidos por la agrupación Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Dentro del Ejército se afirmaba que estos procesos eran �una contracara� a los juicios para averiguar el destino de los desaparecidos que se realizan en diferentes tribunales federales del país. Pero la jugada que le valió la prisión fue la presentación ante la Corte Europea de Derechos Humanos, en la ciudad francesa de Estrasburgo, de una demanda contra el gobierno de Gran Bretaña por el hundimiento del crucero �General Belgrano� durante la guerra de Malvinas. Y no porque, como intentó instalar el Ejército, la inteligencia británica le devolviera la gentileza haciéndolo encarcelar por un juez francés. Sino porque la publicidad de su viaje hizo que los abogados interesados en los casos de los ciudadanos franceses desaparecidos en Argentina le siguieran los pasos hasta lograr su encierro. Olivera también podría ser juzgado en España, en el juicio por terrorismo y genocidio que instruye Baltasar Garzón. Aunque por estos días, el magistrado español está más avocado al caso del represor detenido en México, Ricardo Miguel Cavallo.
PROYECTO PARA UNIFICAR CRITERIOS SOBRE CAUSAS DE DD.HH. Por V.G. �Declárese el derecho a la sociedad argentina a conocer la verdad sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos en territorio argentino o en otros países que afectaron a personas de nacionalidad argentina.� Así dice el primer artículo del proyecto de ley del diputado frepasista Ramón Torres Molina, en el que se establece la competencia de las Cámaras Federales en los Juicios por la Verdad.
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