Por Eduardo Febbro
Desde París
 �Aquí, ni españoles, ni italianos, ni griegos ni alemanes, entiéndame lo que le digo, por aquí no pasarán y ningún gobierno va a dictarnos ni a imponernos nuestra conducta.� Pierre Chenal, un adherente de la Federación Nacional de Transportes sobre ruta, la FNTR, habla parado sobre un tanque y lo hace con tanto encono que por momentos pierde el hilo de su discurso. A pesar de las concesiones hechas por el gobierno y el llamado de la directiva de la FNTR a cesar el movimiento que bloquea los accesos de más de 118 depósitos de combustibles y refinerías, la base no está dispuesta a ceder ante las garantías de los poderes públicos y el brazo generoso del gobierno. Los agricultores de la FNSA y la otra federación de camioneros, la Unostra, decidieron por el contrario seguir con el movimiento �incluso si nos quedamos solos con el país en contra�, según decía anoche un líder de la FNSA. El anunció hecho por el gobierno de una partida de 90 millones de dólares para compensar el alza del petróleo y su repercusión en el precio de los carburantes no calmó en nada los ánimos. �El diferencial de un litro de gasoil entre nosotros y los demás países europeos es demasiado importante como para bajar los brazos�, explica Chenal en medio de una ovación confusa donde se mezclan vivas e insultos contra el ministro de Transportes.
Anoche, la situación en todo el territorio era extremadamente confusa. De los dos federaciones del ramo, la FNTR y la Unostra, sólo la FNTR aceptó el acuerdo mientras que el 90 por ciento de la base sindical y la federación de los agricultores consideran que �no se ha hecho lo suficiente para colmar las demandas�. Los agricultores agrupados en el seno de la ultraconservadora FNSA se mantienen en pie de guerra, llegando incluso a rebloquear con sus tractores los escasos depósitos donde los camioneros �obedecieron� a la consigna sindical. El clima era tan tenso que el gobierno hizo saber que en �adelante el recurso a las fuerzas del orden para liberar los accesos no está más excluido�. El país está al borde de la asfixia por la falta de combustible: se han anulado decenas de trenes y ayer las compañías aéreas empezaban a sufrir de lleno las consecuencias de la ley seca, a tal punto que muchos aviones tienen que hacer escalas forzadas para abastecerse en otros países europeos. Desde que el primer ministro Lionel Jospin anunció que se había llegado al �tope� de lo que el gobierno podía dar, el contexto político se tornó más duro.
En menos de dos semanas, el aumento constante del precio del petróleo no sólo puso en la cuerda floja el crecimiento sostenido en los países occidentales sino que, por primera vez, hizo tambalear la estabilidad y la unidad del gobierno socialista de Jospin. Camioneros, agricultores, taxistas y conductores de ambulancia bloquearon refinerías, ciudades y rutas de Francia reclamando una revisión de los impuestos sobre los carburantes: Francia detenta el record de Europa en materia de gravámenes de combustibles. Al mismo tiempo, la respuesta dada por el gobierno y su empeño en mostrar que sabía decir �no� resquebrajaron la unidad de la �mayoría plural� rosa-rojo-verde que gobierna el país desde 1997. Por primera vez, los ecologistas, que tienen en la mira al ministro de Transportes, el comunista Jean-Claude.Gayssot, reconocieron que existía �un momento de tensión gubernamental� y hasta aceptaron admitir que �nunca como ahora el tema la presencia de los Verdes en el seno del gobierno se había planteado con tanta fuerza�. Concretamente, las concesiones hechas por el gobierno de Jospin a los camioneros indigestaron a los ecologistasque ven en ellas una suerte de �traición� de los compromisos pactados. De hecho, al ceder ante las demandas del sector rutero, los Verdes consideran que los socialistas van en contra de los sacrosantos principios del ecologismo. Para ellos, combustible más barato e impuestos más bajos sobre los carburantes equivalen a incrementar el tráfico y, por ende, a perjudicar el medio ambiente.
Crisis interna y ocho de cada 10 estaciones de servicio sin una gota de nafta, la semana se cierra con largas colas ante las estaciones de servicio y un enfrentamiento entre las distintas federaciones. Pese a los desesperados intentos nocturnos, los dirigentes federalistas no lograron romper el cerco que mantiene a Francia en plena ley seca.
AZNAR ENDURECE LA LEGISLACION CONTRA LA ETA
La vía represiva a la guerra
Luego de la ofensiva de la organización separatista vasca ETA, el gobierno español quiere contraatacar por el lado legal y policial. En el frente legal, el Consejo de Ministros aprobó un informe del Ministerio de Justicia para endurecer la legislación penal contra �el terrorismo�. Desde Nueva York, el presidente del gobierno español, José María Aznar, apoyó la medida diciendo que �debe perseguirse el ensalzamiento del terrorismo�. El secretario general del socialismo español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó algunas reservas al proyecto y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), a través de su líder, Xabier Arzalluz, dijo que se trataba de �un apunte más de la política de adoquín de Aznar que sólo entiende la represión�. En el frente policial, el ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, acordó con su par francés, Daniel Vaillant, de visita en España, la intensificación de la vigilancia sobre los comandos etarras.
La reforma legal tiene cuatro aspectos centrales. El primero es endurecer las penas que se aplican actualmente por los actos de violencia callejera. Pero como la kale borroka está cada vez más protagonizada por menores de edad, también se incluye una reforma de la Ley del Menor para aumentar las penas. El segundo aspecto es la ampliación del actual delito de �apología del terrorismo� (por el que la Justicia española proscribió al antiguo brazo político de ETA, Herri Batasuna, de participar en las elecciones parlamentarias de 1997), con la creación de una nueva figura legal que sancione a las personas que �ensalcen el terrorismo�. El tercero es la inhabilitación para el ejercicio del cargo público de alguien acusado de �apología del terrorismo�. Y cuarto, se considera �atentados contra la autoridad� los realizados contra los concejales de cualquier localidad.
El ministro de Justicia, Angel Acebes, dijo que el gobierno no quiere poner en práctica leyes extraordinarias o especiales, sino sólo mejorar el funcionamiento del Estado de derecho y de sus leyes ya existentes. Mayor Oreja iniciará en los próximos días una ronda con todos los partidos para tratar de llegar a un acuerdo sobre estas reformas legales.
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