Por Miguel Jorquera
 Juan Carlos Rousselot enfrentará un tribunal desde el banquillo de los acusados en el juicio oral y público que comienza mañana. El destituido ex intendente de Morón está acusado de �peculado de servicios públicos en favor de terceros� en el frustrado traslado del hospital municipal a la ex VII Brigada Aérea y de haber amenazado de muerte a uno de sus ex colaboradores. La primera de las causas tiene una pena que oscila entre dos y diez años de prisión, pero cualquier condena inhabilitaría, en forma �absoluta y perpetua�, para ejercer cargos públicos al tres veces intendente y uno de los artífices de la candidatura presidencial de Carlos Saúl Menem en 1989 y de la operación retorno del ex presidente para el 2003.
La fiscalía lo acusa de haber malversado unos 300 mil dólares de la comuna de Morón para reacondicionar el derruido casino de suboficiales de la ex base militar, adonde Rousselot intentó trasladar en forma inconsulta el hospital municipal, sin la autorización del cuerpo legislativo comunal y sin que existiese convenio alguno con la Fuerza Aérea. Es una causa que lo llevó tras las rejas por 21 días en marzo de 1999, después de su �renuncia indeclinable� al cargo, un intento desesperado por evitar el juicio político y la destitución. El Concejo Deliberante había suspendido a Rousselot por tres meses ante �las numerosas irregularidades y perjuicios económicos contra el municipio� en la licitación y adjudicación de una autopista que, por sistema de peaje, cruzaría todo Morón y en la privatización del estacionamiento medido en el distrito.
Durante la detención del locutor se sucedieron una serie de hechos que le adosaron ribetes mafiosos a la disputa judicial: el atentado al fiscal de la causa, José De los Santos, que se defendió a tiros de varios desconocidos que interceptaron su auto cuando regresaba a su casa desde la fiscalía; y la amenaza de muerte que recibió en la línea privada de su despacho el juez que ordenó el arresto de Rousselot, Ricardo Fraga, mientras partidarios del ex intendente, respaldados por las huestes del ultramenemista Luis Barrionuevo, manifestaban en la puerta del juzgado.
Todo en medio de una feroz disputa política entre el ex gobernador Eduardo Duhalde y Carlos Menem por la re-reelección presidencial. �Esto es obra de Duhalde por mi lealtad a Menem�, gritó Rousselot cuando una comisión policial se lo llevaba esposado el 19 de marzo de 1999 de su lujosa casona de Haedo. La detención se produjo en vísperas de su cuarta presentación como precandidato a intendente en las internas justicialistas de Morón y Rousselot pasó a autoproclamarse �preso político�.
Los hechos de violencia tampoco fueron ajenos a la otra causa por la que será juzgado el ex intendente. Su abogado personal y ex secretario legal y técnico, Miguel Angel Bruno, fue tomado como rehén junto a su familia en su casa de Ramos Mejía y despojado de la computadora en la que guardaba �la estrategia procesal de Rousselot�, en otra de la numerosas causas penales abiertas en su contra. Bruno abandonó la defensa. Rousselot responsabilizó del asalto a su también ex secretario de gobierno Carlos Bonicalzi, lo acusó de haber sido la cabecera de playa de los sectores peronistas que apoyaron su alejamiento y descargó telefónicamente toda la ira contra su otrora colaborador. Bonicalzi lo denunció por haberlo �amenazado de muerte y por intentar tomar el palacio municipal por las armas�.
Rousselot se había rehusado a pagar la fianza de $ 100.000 por la causa del hospital, aun después de que sus defensores lograron bajar el monto a sólo 20 mil, �porque admitiría que soy un delincuente�. Quebrado tras 21 días de cárcel, aceptó que sus �amigos hicieran una vaquita� y depositaran en la ventanilla del juzgado la suma de dinero para la excarcelación. Pero los expedientes judiciales siguieron un acelerado trámite que desembocó en el juicio oral y público que empieza el lunes.
Más de 38 testigos desfilarán para declarar en ambas causas, la mayoría de ellos actuales y ex funcionarios. Sin embargo, defensores y acusadores tienen cifradas sus expectativas de eximición o condena en los �testigos clave�, todos miembros de la Fuerza Aérea. Gran parte de la suerte de Rousselot y de su ex secretario de Servicios Públicos, Néstor Achinelli, también procesado por el delito de �peculado�, dependerá de que demuestren o no la existencia de un convenio entre el municipio y la aeronáutica para el traslado del hospital municipal.
Los fiscales Alejandro Jons y Alejandro Varela citaron al comodoro Jorge Carlos Dellepiane, quien clausuró la obra en el predio militar �por no contar con una autorización superior,� y al brigadier mayor Enrique Ermelindo Dutra, quien informó por escrito en el expediente judicial que �el jefe del Estado Mayor de la fuerza desechó el convenio� que Rousselot había entablado con la aeronáutica.
Eduardo Brude, abogado de Achinelli, usará el recurso militar de la �obediencia debida� para el ex funcionario municipal y así intentará despegar a su cliente de la responsabilidad que le cabría a Rousselot. En tanto la trilogía que defenderá al ex intendente, Luis Deuteris, Enrique Villareal y Braulio Talón, también convocó aviadores. Pasarán frente al estrado como testigos de la defensa el brigadier y ex secretario de la fuerza, brigadier Rojo Arauz, un ex funcionario del Ministerio de Defensa, y el vicecomodoro (RE) Gerardo Vaccaro, que cumplía funciones de asesor de Rousselot en su relación con la Fuerza Aérea.
El vínculo entre Rousselot y el arma tiene varios antecedentes, todos frustrados. El ex intendente, el presidente del entonces estatal Banco Hipotecario, Pablo Rojo, y el ex jefe aeronáutico Juan Paulik firmaron un convenio para construir en la ex VII Brigada Aérea de Morón la �Ciudad del Oeste� con más de 10 mil viviendas. La maqueta se presentó en una conferencia de prensa en el Sheraton pero nunca se construyó. El mismo predio iba a ser sede de los tribunales penales del Departamento Judicial de Morón, pero el convenio refrendado por la ex secretaria de Justicia de Duhalde, María del Carmen Falbo, tampoco se cumplió. El propio Rousselot comprometió al municipio a comprar un avión Lear Jet de uso civil y al traslado de un polvorín a la ciudad de Tandil a cambio de la cesión de los terrenos de la I Brigada Aérea de El Palomar, por donde pasaría la autopista que construiría el empresario Vitorio Gualtieri. La autopista es ahora sólo otra causa penal que debe afrontar el ex intendente.
Ahora que había recuperado un lugar de privilegio en el entorno de Carlos Menem y participado en el diseño de la estrategia para su regreso en el 2003, Rousselot podría quedar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y hasta podría ir a parar nuevamente a la cárcel en medio del juicio oral: tras declarar el 31 de agosto como procesado en otra causa penal por �malversación de caudales públicos�, la fiscalía Nº 4 de Morón pidió la revocación de la excarcelación de la que aún goza.
| Un partido marcado a fuego
Sus diez años de gestión marcaron a fuego la política partidaria e institucional de Morón. Por contraposición o adhesión, nadie deja de tener como punto de referencia a Rousselot. La administración justicialista que lo reemplazó interinamente no logró despegarse de su imagen negativa y no le alcanzó el tiempo para revertirla, a pesar de sus esfuerzos para anular cualquier contrato sospechado de corrupción que hubiera firmado el locutor. La permanencia de muchos de sus colaboradores fue interpretada como una continuidad del rousselotismo e hizo que no pocos votantes le dieran la espalda.
El joven concejal frepasista Martín Sabbatella se convirtió en el nuevo intendente de Morón con el estandarte de terminar con la era Rousselot. Cada paso de su gestión apunta a diferenciarse de la de su antecesor: convocó a la ONG Transparencia Internacional para que monitoree la licitación de la recolección de residuos domiciliaria, uno de los contratos faraónicos de Rousselot, y transformó en Casa de la Memoria por los Derechos Humanos la fastuosa casona que el locutor construyó como �palacio de invierno� en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención Mansión Seré, regenteado por la Fuerza Aérea durante la dictadura.
La interna justicialista pos-Rousselot es mucho más compleja. El poderoso senador provincial Horacio Román, que compartió amor y odio con el ex intendente, que lo acusó de �manipular la Justicia de Morón�, se fagocitó a la mayoría de sus punteros y concejales. Pero incorporar a los ex colaboradores de Rousselot provocó la fractura de su propia agrupación.
Cansado de la militancia cibernética desde su propio sitio de Internet por el regreso de Carlos Menem en el 2003, Rousselot volvió a caminar las calles del distrito. En sus charlas de �doctrina peronista� para reducidos grupos militantes se convenció de que podía dar batalla en la interna justicialista pero que su desgastada figura no alcanzaría para recuperar el gobierno municipal. Entonces elaboró junto a Menem una lista de famosos y amigos reconocidos de la zona oeste del conurbano. Después de una minuciosa selección, ambos le ofrecieron al popular actor Carlos Calvo la candidatura a intendente de Morón. �Carlín�, más preocupado por la rehabilitación de su larga enfermedad que por la lides políticas, aún no contestó la propuesta.
La noticia cayó como una mezcla explosiva que hizo templar a peronistas y aliancistas con el posible regreso de Rousselot de la mano de Menem y detrás de la figura de Carlín. Oficialistas y opositores volvieron a respirar cuando una Trafic conla leyenda �Menem conducción� paseó por el centro de Morón el nombre del hasta ahora candidato oficial de Rousselot: Teresa Catarcio, su segunda esposa. |
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