Por Eduardo Videla
 Los bosques de Ezeiza, ese enorme pulmón verde ubicado a 20 minutos de la Capital Federal donde miles de personas disfrutan el aire libre los domingos de sol, se convirtieron en un lugar apetecido por los privados. Es el caso de 44 hectáreas en una ubicación inmejorable: a 100 metros de las autopistas Riccheri y Ezeiza Cañuelas. Una fundación dice haber pagado 30.000 pesos por los derechos de posesión de esas tierras, y piensa construir allí un hogar para discapacitados. Ocurre que ese predio es reclamado como propio por la Secretaría de Deportes de la Nación, que ya inició un juicio por ocupación ilegítima, para lograr el desalojo. Un diputado provincial sospecha que se trata de la cabecera de playa para un negocio inmobiliario. La historia no termina ahí: la fundación que invirtió dinero en un costoso alambrado perimetral y ya está empezando a construir, tiene como sede una modesta casa de familia de la localidad de San Vicente y un hogar, más modesto aún, sin cartel identificatorio, donde habita apenas un discapacitado.
La fundación es �Crecer con todos� y fue declarada �de interés provincial� por una ley de 1992, impulsada en la legislatura bonaerense por el entonces senador Antonio Arcuri. Las tierras están ubicadas en el cruce de la Riccheri y la Autopista Ezeiza Cañuelas, al lado de las piletas de Ezeiza y del Hogar Escuela de esa localidad. Hasta hace poco era un lugar público, utilizado cada fin de semana, en forma gratuita, por miles de familias del conurbano y la Capital.
Esas tierras fueron expropiadas por el Estado en 1944, durante la presidencia de Edelmiro Farrell. Un sector fue destinado a la construcción del Aeropuerto. Otro, a un complejo deportivo con piletas. También se destinó un sector a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a otras reparticiones del Estado. El resto quedó para uso público.
En ese resto, sin alambrar, estaban las 44 hectáreas que alambró para sí la fundación Crecer con Todos. �El 9 de setiembre del año pasado, los responsables del lugar advirtieron que personas desconocidas alambraban el sector en forma clandestina�, relató a
Página/12 el asesor legal de la Secretaría de Deportes, Eduardo Vittar Smith. �Dijeron que tenían orden judicial, pero no la exhibieron. Y cuando se insistió en que esas parcelas pertenecían al Estado, se molestaron y respondieron en forma violenta�, agregó.
Los abogados del Estado presentaron la denuncia ante la Justicia federal, que el 23 de diciembre ordenó el desalojo de los intrusos. �Se puso un candado de seguridad y personal de vigilancia, pero el 25 de enero las mismas personas, con mayor violencia, volvieron a ocupar el terreno�, explicó Vittar Smith. Deportes volvió a hacer el reclamo judicial y el juez federal Alberto Santa Marina ordenó un nuevo lanzamiento. Pero la medida fue apelada y ahora espera una resolución de la Cámara Federal de la Plata.
Mientras tanto, los ocupantes comenzaron con la tala de añosos eucaliptos del predio, levantaron un obrador y una vivienda para los caseros, hicieron un tendido de luz y teléfono y, según dijeron a
Página/12 los cuidadores del lugar, ya están comenzando otra construcción. El abogado Roberto Franklin Escudero es el apoderado de la Fundación Crecer con Todos y aparece como el verdadero cerebro de la operación. �El Estado no está registrado como propietario de esas tierras, desde el río Matanza hasta el aeropuerto. Por eso, ese predio es de quien tiene la posesión, del que la trata como dueño y realiza actos de dominio�, argumentó el abogado ante este diario.
El argumento se completa con un dato insólito: según Escudero, la fundación compró la posesión de esas tierras a �un gaucho de 83 años, que no sabe leer ni escribir, que cuidaba el lugar y hacía pastar sus vacas allí desde hace años�. Su nombre, Camilo Magistrelo.
Gustavo Martínez, que se presentó como asesor de la fundación, dijo a este diario que se pagaron 30.000 pesos por esos derechos posesorios. Algoasí como 680 pesos la hectárea. El propio Martínez refuta las pretensiones de la Secretaría de Deportes exhibiendo dos certificados extendidos por el Registro de la Propiedad de la provincia. Allí figuran como propietarios de los terrenos Julia Rivadavia, Aquiles Rodríguez Ortega y Cuomo, y otros.
�Son los propietarios inscriptos en 1941, a los que el Estado indemnizó por la expropiación�, refutó Luis Lefevre, abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación, quien impulsa el juicio contra la fundación. El letrado oficial admite que nunca el Estado se tomó la molestia de inscribir esas tierras a su nombre. �Aunque en el mismo Registro figura que son de utilidad pública. Y en el juicio de expropiación se aclara que el Estado pagó por esas tierras�, sostiene el abogado. �Evidentemente, tienen algún padrinazgo político en la zona�, concluyó Lefevre.
Arcuri, en diálogo con Página/12, desmintió ser el padrino de la Fundación. �Hace años que esa gente desapareció de San Vicente�, dijo el funcionario, que hoy es asesor general del gobierno bonaerense. Sin embargo, este diario pudo comprobar que la entidad sigue funcionando en esa localidad (ver recuadro)
La fundación todavía no tiene claro qué va a hacer en el lugar. Escudero habló de un campo deportivo. Martínez, de un hogar. El diputado provincial Miguel Pesce (UCR), en cambio, sospecha que el desembarco de esta organización en la zona es la cabecera de playa para un negocio inmobiliario. El legislador acaba de presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense para que se derogue la ley 11.305, que declara a la fundación Crecer con Todos como una entidad �de interés provincial�.
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La secretaria de la fundación y una habitante del Hogar de San Vicente.
Dicen que allí no hay carteles porque �el viento se los llevó�. |
| Las contradicciones de una fundación
Una gran paradoja envuelve a la Fundación Crecer con Todos. Su sede es la modesta casa de su presidente, Horacio Martínez, ubicada en la calle Maffia 388, de San Vicente. El Estado provincial le donó un terreno de 2500 metros cuadrados, sobre la misma calle, en la esquina con la céntrica avenida Biocca, donde funcionaría un hogar. Sin embargo, este diario sólo pudo comprobar la presencia de un solo discapacitado en el lugar: una mujer de unos 40 años. Tampoco había personal especializado para la atención de personas con discapacidades.
Ni Gustavo Martínez, que se presenta como asesor, ni María Rosa Gioioiosa, esposa del presidente y secretaria de la fundación, ni el apoderado Roberto Escudero saben explicar de dónde provienen los fondos con los que se sostienen las presuntas actividades de la fundación, después de que el Estado provincial le retiró los subsidios, en 1994.
Esa asociación, según sus directivos, parece en bancarrota. La propia Gioioiosa dice que acaban de rematarle una casa. Sin embargo, se han embarcado en el proyecto de Ezeiza, donde sólo el alambrado perimetral de 2 metros requiere una importante inversión.
Ninguna de las dos sedes de San Vicente tienen cartel identificatorio. �Se los llevó el viento�, se excusa Martínez, con una curiosa metáfora. En cambio, en Ezeiza hay tres enormes letreros que dejan en claro las pretensiones de la fundación. Allí no figuran los nombres de los directores de la entidad sino el del abogado Escudero y de otras personas que �colaboran� con el proyecto, entre ellas, un contador, un escribano, un agrónomo y un arquitecto.
En el lugar, viven desde enero las familias de los dos cuidadores. Por ahora, los tiempos judiciales juegan a favor de sus pretensiones. |
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