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Por
Adriana Meyer
Los funcionarios de Fernando de Santibañes fueron tan sigilosos
al declarar ayer ante la Justicia como al entrar y salir de los tribunales
federales de Retiro. El director de Finanzas de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE), Juan José Gallea, fue interrogado
sobre los fondos reservados del organismo, pero no dio detalles sobre
el destino preciso de ese dinero. Por otra parte, el juez ya recibió
informes del ministro de Salud, Héctor Lombardo, sobre el dinero
público que reciben las Obras Sociales, una de las posibles vías
del soborno que habrían recibido los senadores para aprobar la
Reforma Laboral. Liporaci le aseguró a Página/12 que, por
ahora, no llamará a los legisladores sospechados porque tiene que
“analizar bien” la ley que limitó los fueros.
El enviado del jefe de los espías aportó datos y documentación
para explicar la evolución del presupuesto de la SIDE, pero fue
reticente al momento de profundizar algunos aspectos específicos
sobre cómo fueron gastadas las partidas asignadas para gastos reservados,
que rondarían los 168 millones de pesos. “Parecía que
le habían dado un marco para moverse y no estaba autorizado a salirse
para dar determinada información”, comentó una alta
fuente consultada por Página/12. Gallea se aferró al carácter
secreto de normas que rigen el funcionamiento de la SIDE. Ahora los investigadores
analizarán –probablemente con el apoyo técnico de peritos
de la Corte Suprema– cuáles aspectos de la “caja negra”
de la SIDE quieren abordar y para eso cruzarán los datos aportados
por este funcionario, por el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y por
el propio De Santibañes. Así prepararán un cuestionario
para una eventual ampliación de la declaración testimonial
de Gallea o un interrogatorio a De Santibañes, y podrían
pedir el levantamiento del secreto de Estado.
El juez de la causa, Carlos Liporaci, relativizó ayer los efectos
de la nueva ley de Fueros y afirmó que no piensa convocar a ninguno
de los once senadores a los que les pidió el desafuero hasta que
no conozca los alcances de la norma. En diálogo con Página/12,
el magistrado explicó que, antes de tomar una decisión al
respecto, “quiere leer bien la ley” y esto no es posible hasta
que no sea promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Antes
de actuar, el juez verá que se aclare la polémica que ya
desataron algunos constitucionalistas y el ministro de Justicia, Ricardo
Gil Lavedra, que manifestó sus reservas con respecto a la constitucionalidad
de la ley.
El juzgado recibió información del Ministerio del Interior
sobre los Aportes del Tesoro Nacional y del Ministerio de Salud sobre
los fondos destinados a las obras sociales. Este diario informó
que la Administración de Programas Especiales (APE) pagó
a las obras sociales una suma inusualmente desproporcionada poco antes
de la sanción de la Reforma Laboral. La APE es un organismo descentralizado
del Ministerio de Salud y recibe su presupuesto del Fondo Solidario de
Redistribución. Los fiscales piensan que los sobornos podrían
haber sido pagados por el sindicalismo oficial. Con respecto a los ATN,
los investigadores analizarán “beneficiario por beneficiario”,
aunque el ministro del Interior, Federico Storani, haya asegurado que
es “imposible” que los sobornos hayan salido de esas asignaciones
(ver página 9).
Esta semana, Liporaci no producirá movimientos bruscos en la causa.
Seguirá escuchando a los responsables de los gastos reservados
del Ministerio de Defensa y de la Policía Federal.
El abogado Eduardo Barcesat, uno de los denunciantes del caso, pidió
al juez que suspenda la vigencia de la Reforma Laboral, tal como lo había
hecho la diputada Alicia Castro, quien sostuvo que no se puede aplicar
porque habría surgido de la “voluntad viciada” de los
miembros de la Cámara alta. Sin embargo, en el juzgado les habrían
sugerido a ambos que la mejor vía para canalizar la medida cautelar
que reclaman es la Justicia en lo contencioso administrativo.
“Vine a ver a
un amigo”
“Vine por un tema particular, a ver a un amigo”, explicó
el juez a los periodistas. Pero la presencia de Carlos Liporaci en
el Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia,
despertó suspicacias. La sugestiva aparición del magistrado
que investiga los supuestos sobornos en el Senado, se produjo a poco
tiempo de la reunión en la que el Consejo de la Magistratura
tratará la denuncia por enriquecimiento ilícito en su
contra. La Comisión de Acusación del Consejo se reunirá
hoy y seguramente se hará cargo en pleno de la investigación
-menos Augusto Alasino por estar implicado en el escándalo
de las coimas y Juan Gersenobitz por ser el acusador–. Los consejeros
pedirían datos sobre el patrimonio de Liporaci con miras a
una probable citación. Su declaración de bienes, registros
de propiedades y gastos de la tarjeta del magistrado serían
algunos de los documentos requeridos. |
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Otra
denuncia del juez
Luego de la licencia por estrés que se había tomado
el viernes pasado, el juez Carlos Liporaci regresó a su despacho
con el ánimo renovado. “Estoy más fortalecido
que nunca y ahora menos que antes pienso en abandonar la causa”,
le dijo a la agencia Infosic. Sin embargo, reconoció que
está dolido por los “ataques a su familia”. A las
amenazas que sufrió una de sus hijas se sumó un incidente
que protagonizó otra que trabaja como maestra jardinera en
la guardería infantil que posee el Senado en la zona de Congreso.
El padre de una niña de tres años –hermano de
una periodista– se quejó ante las autoridades del establecimiento
de que “siguiera como maestra la hija de un corrupto”,
en obvia alusión a la joven Liporaci que tiene a su cargo
la “salita de bebés”. La directora del jardín
le sugirió “la conveniencia” que se “tomara
unos días de licencia”, pero la docente no aceptó
argumentando que “no tenía motivos” para no ir
a trabajar. La recomendación, entonces, fue que ingresara
por una puerta trasera “para evitar el contacto con el periodismo”.
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