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Por
Horacio Cecchi
Seis años y medio después de la deflagración
que destruyó al polígono de tiro Shooting Baires provocando
la muerte de nueve personas, la Justicia condenó a tres años
de prisión en suspenso e inhabilitación por diez años
para ejercer como gasista a Miguel Angel Bevilacqua, empleado de Metrogas
y único acusado en la causa. La sentencia coincidió con
el pedido del fiscal y de dos de los querellantes. La representante de
los familiares del instructor de tiro Jorge Herrera, uno de los fallecidos,
había pedido cuatro años, el máximo de la pena establecida
por estrago culposo. Por su lado, el defensor de Bevilacqua, José
Buteler, que había solicitado la absolución, anunció
que apelará ante la Cámara de Casación. El jueves
pasado, una hora antes de los alegatos, la quinta querellante, María
Emilia Arreseygor, viuda de Juan Pablo Jaroslavsky, desistió de
su acusación penal y civil tras un acuerdo sellado con la empresa,
incluyendo el pago de 400 mil dólares.
El 29 de marzo del ‘94, poco antes de las 15, el empleado de Metrogas
había acudido al edificio de Corrientes 1381, donde se encontraba
el polígono, respondiendo a un llamado telefónico que denunciaba
un escape de gas. Bevilacqua chequeó el medidor, ubicado en la
planta baja, y se retiró del lugar informando que pasaría
una cuadrilla para solucionar el problema. Pero la cuadrilla jamás
llegó. Antes, a las 17.25, una chispa del motor de uno de los blancos
del polígono, desató una deflagración que provocó
una oleada de aire con temperaturas mayores a los 300 grados.
En el interior del Shooting Baires, ubicado en el primer piso del edificio,
murieron instantáneamente nueve personas: Juan Pablo Jaroslavsky,
hijo del ex diputado radical, Liliana Farmularo y Carlos Carafi, de la
Policía Federal, Jorge Herrera, instructor de tiro, Mario Parachu,
Manuel Beliniki, Mario Ferrariolo, Marcelo Norry y Marcelo Nazar. Sobrevivió
la secretaria del polígono, Susana Rodríguez, que sufrió
serias quemaduras en todo su cuerpo.
El juicio oral se inició el 2 de agosto pasado y pasó por
él más de medio centenar de testigos y peritos. Ayer, a
las 14, se inició el último tramo: la lectura de la sentencia.
Bevilacqua llegó puntual y se mantuvo en silencio mientras el presidente
del tribunal, Oscar Rawson Paz, daba lectura a los once puntos del fallo.
Escuchó atentamente la condena: tres años de prisión
en suspenso y diez de inhabilitación como gasista, e inmediatamente
después se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.
En su lugar, el abogado José Buteler deslizó que apelará
“porque no se ajusta a derecho” y aseguró que su defendido
no fue responsable porque se trató de “una acumulación
de gas lo que hizo explotar el polígono y eso no ocurrió
en un solo día”. Buteler, un afamado abogado cordobés
de honorarios más que excluyentes, se mantuvo durante los 40 días
del juicio sentado junto a su cliente, subrayando una duda que nacía
cada día desde los finos pliegues y bolsillos de sus trajes frente
a la rudimentaria campera de Bevilacqua: cómo hizo el acusado para
contratar tal eminencia.
“Es sólo un eslabón de la cadena. Hay más culpables”,
sostuvo Miguel Pierri, abogado del propietario del polígono, demandado
por las víctimas y a su vez querellante. “Por eso le iniciamos
una demanda a Metrogas y a los demás responsables de este hecho”,
agregó.
“Estoy conforme con el fallo, coincidió exactamente con lo
que habíamos pedido”, dijo a Página/12 el abogado Horacio
Carril, representante de la empresa propietaria del edificio. En cambio,
Marta Macías, abogada de la familia Herrera, había solicitado
el máximo de la condena. “No podemos desconocer que Bevilacqua
no puede ser comparado con un homicida intencional. Por más grave
que sea el hecho, y lo fue porque murieron nueve personas, siempre vivió
de su trabajo, no tiene antecedentes. La inhabilitación por diez
años me parece el castigo máximo y es suficiente”.
La audiencia del jueves pasado había sido dedicada a los alegatos.
Una hora antes de iniciarse, una de las partes querellantes, María
Emilia Arreseygor, viuda de Juan Pablo Jaroslavsky, desistió de
su acusación. Arreseygor demandaba 500 mil dólares en el
juicio civil. El 1º de agosto rechazó una oferta de la compañía
de seguros La Buenos Aires, contratada por Metrogas. El jueves pasado,
finalmente aceptó un arreglo extrajudicial por el 80 por ciento
de su demanda, o sea, 400 mil dólares.
“Uno de los puntos del acuerdo era desistir de la querella, tenía
que firmarse una hora antes de los alegatos”, describió Salvadores.
“Aceptó porque le resultó conveniente. Yo tuve que
abandonar el juicio, pero estoy plenamente de acuerdo con el fallo. Lo
importante es que el juicio penal determinó que todo fue producto
de un escape de gas y el juez civil está atado a eso. Metrogas
es una compañía monopólica así que no puede
escapar a la responsabilidad civil.”
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