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Por
Cristian Alarcón
Alejandro Puccio y el espectro del clan familiar que se dedicó
al secuestro extorsivo y al asesinato de empresarios a mediados de los
‘80 sirvieron ayer como terreno para que el gobierno de Carlos Ruckauf
volviera sobre el endurecimiento de las leyes penales bonaerenses. El
primogénito de los Puccio debía comenzar ayer a trabajar
en una clínica psiquiátrica, beneficiado con un régimen
de salidas laborales transitorias, previsto por la ley de Ejecución
Penal. Pero se quedó a una cuadra del lugar cuando vio que en la
puerta no sólo lo esperaba una nube de movileros sino también
el hermano de una de sus víctimas. Y de telón de fondo corría
la trama política: el ministro Jorge Casanovas dijo que la autorización
“es un mensaje de impunidad”. Para Casanovas, después
de la salida de Puccio –quien ha pasado casi 14 años preso–
los delincuentes mirarán hacia sus pagos y dirán: “Largate
a delinquir tranquilamente, porque en Buenos Aires no pasa nada”.
Los especialistas consultados por Página/12 desacreditan la crítica
bajo el mismo concepto: “Busca un chivo expiatorio que concentre
el mal para justificar el fracaso de su política de seguridad”,
dice el penalista Eugenio Zaffaroni.
Puccio está preso desde 1985, cuando la policía entró
en la casa familiar de San Isidro y encontró a Nélida Bollini
de Prado encadenada en el sótano del lugar. Habían pasado
por él los empresarios Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio
Naum, todos asesinados. El primogénito de los Puccio, el chico
que le había dado lustre a la familia con sus proezas como rugbier
en el CASI, fue acusado de conocer todos los movimientos de su hogar.
Finalmente fue condenado a diez años como partícipe secundario
en el crimen de Naum y a cadena perpetua, con accesoria por tiempo indeterminado
por el de Manoukian.
“El régimen de salidas transitorias que se le otorgó
es lo mínimo que se podría haber dado –insistió
ante este diario su abogado, Marcelo Buigo–. La política de
seguridad de este gobierno es acceder a lo que la gente quiere y eso no
siempre es ético. No hay país civilizado donde haya penas
efectivamente perpetuas.” Las salidas de Puccio fueron otorgadas
por una resolución de la Cámara del Crimen de San Isidro.
En realidad, su abogado le había solicitado salidas transitorias
a la jueza de Transición 4, Andrea Pagliani, para que Puccio pudiera
visitar a su suegro durante su agonía. Pagliani le negó
ese beneficio y, en la apelación a la Cámara, los jueces
de la Sala III concluyeron que Puccio podía también optar
por un “régimen amplio de salidas laborales”, de acuerdo
con lo estipulado por la ley de Ejecución Penal de la provincia,
sancionada en enero. La ley estipula un régimen de salidas progresivas
destinadas a cumplir con la reinserción social de los condenados.
En realidad, Puccio había recibido el beneficio de la excarcelación
en 1996 porque, después de 11 años, las causas Naum y Manoukian
no tenían sentencia firme. Pero la fianza era demasiado alta. La
misma Sala II la bajó a la mitad y, con las propiedades familiares
en pago, salió en abril de 1997. Durante los dos años y
siete meses que alcanzó a estar afuera afianzó su matrimonio
con Nancy, con quien se había casado en 1993. Vivió en un
departamento de Santa Fe y Ecuador, y trabajó repartiendo agua
purificada y en la misma clínica psiquiátrica donde ayer
no pudo entrar. El trabajo se lo dio uno de los profesores que tuvo Puccio
en el Centro Universitario de Devoto, del que fue uno de los fundadores
junto a Sergio Schocklender. “Me tocó un padre que no tuve
la opción de elegir”, escribió Alejandro sobre Arquímedes
Puccio, en una carta cuando ya era un alumno avanzado de la carrera de
Psicología, de la que adeuda sólo dos materias.
No resulta extraño que, apoyado en el doloroso reclamo de los familiares
de las víctimas del clan Puccio, el ministro Casanovas reiterara
ayer su intención de endurecer la ley de Ejecución Penal
bonaerense. Desde temprano levantó el tono de las críticas:
“Lo que más me preocupa es el mensaje de impunidad que se
está dando. Con estas resoluciones se comprobó que sólo
quedan presos los ladrones de gallinas”, dijo. Ayer, cuando eltema
había tenido el suficiente eco, recibió personalmente a
los familiares para comprometerse a luchar por la modificación
de la ley, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
Los familiares elevaron la apuesta y pidieron una entrevista con el presidente
Fernando de la Rúa.
“¿Cómo va a ser un mensaje de impunidad el cumplimiento
de una pena? -se preguntó ayer, consultado sobre las declaraciones
del ministro, el penalista Raúl Zaffaroni, actual director del
Inadi–. Mensaje de impunidad es el que tienen los policías
de la provincia.” Para el autor del Tratado de Derecho Penal, la
idea de Casanovas intenta confundir a la opinión pública.
“La confusión es con respecto a que la pena siempre debe estar
ligada al encierro eterno, y eso no es cierto acá ni en ningún
lugar del mundo –aclaró–. Puccio no sale libre, continúa
pagando por el crimen que se le probó, en una de las tantas etapas
previstas para la ejecución penal, la de una salida temporal para
que trabaje.”
Zaffaroni coincide con el criminólogo Juan Pegoraro, director de
la revista Delito y Sociedad, en que en Alejandro Puccio el discurso de
Casanovas encuentra al perfecto chivo expiatorio. “Es cómodo
encarnar los males en un solo individuo –opinó Pegoraro–.
Intentan confundir con ello para mantener a la gente en la cárcel,
profundizando en los principios más extremos del positivismo que
hablan de peligrosidad. La idea es que la persona no sale cuando cumple
con una condena sino cuando se le antoja al poder.”
La ley en debate
La ley que ayer reclamó Casanovas es la que el gobierno bonaerense
envió a mediados de marzo a la Legislatura provincial: un proyecto
que obliga a los jueces a denegar salidas transitorias a condenados
por homicidio. El proyecto modifica los artículos 23, 100 y
146 del Código de Ejecución Penal bonaerense y establece
que no podrán beneficiarse con el acceso al régimen
abierto y a las salidas transitorias los condenados por homicidio
agravado y contra la integridad sexual, privación ilegal de
la libertad, tortura y robo, en todos los casos seguidos de muerte.
El gobernador Carlos Ruckauf impulsó ese proyecto cuando se
constató que Salvador Raineri –un delincuente muerto luego
de que tomara rehenes en el barrio de La Paternal– había
salido del penal Sierra Chica con libertad transitoria, concedida
en un proceso extraño que puso bajo sospecha al Servicio Penitenciario
y al tribunal que la concedió. La Cámara de Diputados
recibió el expediente el 10 de mayo con la aprobación
del Senado, pero aún no lo trató. |
LA
VIUDA DE UNA DE LAS VICTIMAS DEL CLAN PUCCIO
“Me parece injusto para todos”
Por
Eduardo Videla
“Un beneficio así para este tipo de delincuentes es algo aberrante”,
dice la abogada Rogelia Beatriz Pozzi. Hace 17 años, el clan Puccio
secuestró a su esposo, el empresario Eduardo Aulet, y aunque la
familia pagó un rescate de 100.000 dólares, el cautivo fue
asesinado. En aquel entonces, la abogada y su esposo tenían 23
años y apenas ocho meses de casados. Pozzi pudo reconstruir su
vida: hoy tiene una nueva familia y dos hijos de 11 y 4 años. Pero
las salidas transitorias de Alejandro Puccio le hacen revivir esa historia
de terror que vivió en 1983. No está dispuesta a perdonar
al ex rugbier, que siempre negó haber participado del secuestro
de su esposo y fue sobreseído por ese delito. Para la mujer, las
salidas de Puccio son una suerte de “excarcelación solapada”.
“Estamos dispuestos hasta a reunirnos con el presidente De la Rúa
si fuera necesario para que la ley sea modificada”, dijo, en una
entrevista con Página/12.
“Mi papá lo reconoció en una rueda de presos. El fue
quien cobró el rescate. Y además se lo vio en una de las
postas. Pero él es un psicópata y el psicópata te
convence. El convenció a los fiscales, que terminaron pidiendo
su sobreseimiento, de que el padre era un hijo de puta y él actuó
presionado, por un temor reverencial. Yo creo que por temor no se va a
cobrar un rescate por personas que eran conocidas, sabiendo que las iban
a matar”, denuncia la mujer.
Alejandro Puccio fue condenado por el secuestro extorsivo y homicidio
de Ricardo Manoukian, un joven comerciante que había jugado con
él al rugby. La doctora Pozzi nunca supo con certeza si su esposo
conocía a Alejandro, pero tiene la sospecha: Eduardo Aulet también
jugaba al rugby.
“A Eduardo lo tuvieron encerrado en la casa familiar de los Puccio,
adentro de un placard, en una habitación que estaba al lado de
la de Alejandro. Es imposible que él no se hubiera enterado”,
asegura la mujer. Por eso, no puede entender que el victimario tenga derecho
a salidas laborales. “Quince años de cárcel es muy
poco para lo que hizo. Me parece injusto para toda la sociedad, no sólo
para los que fuimos víctimas”, se queja. Y arremete contra
la decisión de la Cámara de San Isidro, que le concedió
el beneficio: “El informe penitenciario dice que tiene buena conducta,
pero que no está en condiciones de salir porque no tiene ningún
síntoma de arrepentimiento. Un psicópata no puede estar
arrepentido porque cree que lo que hizo es lo correcto”.
–Si usted puede hacer abstracción de su caso, ¿no cree
que un delincuente merece una oportunidad de reinsertarse en la sociedad?
-preguntó Página/12.
–Depende qué delincuente. Recuerdo que Roberto Díaz
(otro miembro de la banda), que fue el que mató a Eduardo, cuando
la policía buscaba el cuerpo en General Rodríguez, se acercó
a mi auto y me dijo, casi llorando: “Señora, ¿me puede
disculpar por lo que le hice?”. A esa persona se la podría
llegar a perdonar. Cometió un error y se mostró arrepentido.
Pero Puccio cree que hizo lo correcto.
–Ahora se lo puede cruzar por la calle. ¿Qué le diría
si lo ve?
–No sé. Me indigna que esté afuera. Una vez me crucé
en el juzgado con su hermano Daniel –a quien excarcelaron antes de
tiempo y ahora está fugado– y cuando lo reconocí le
grité “asesino, secuestrador, hijo de puta”. Aunque creo
que Alejandro es lo suficientemente inteligente para cruzar de vereda
si me llega a ver.
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