Por Adriana Meyer
 El periodista Martin Andersen ya tiene quien lo escuche. Los fiscales federales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial pidieron que sea llamado a declarar como testigo en la causa que investigó la presunta coima que habrían cobrado algunos diputados para aprobar la Ley de Patentes, en 1995. Página/12 publicó el lunes que Andersen estaba dispuesto a testimoniar ante la Justicia que el diputado menemista Claudio Sebastiani le había confesado su participación en ese oscuro episodio. El juez federal Jorge Ballestero ya ordenó que el expediente sea desarchivado y delegó la pesquisa en la fiscalía. Los investigadores son cautos al momento de hablar de acusaciones pero la reactivación de una causa que no llegó a tener ningún imputado podría arrojar los primeros nombres. El de Sebastiani, en principio, aparecerá en el sumario como sospechoso.
�Se jactaba de haber sido uno de los individuos que repartieron 25 millones en coimas en la Cámara de Diputados en la época menemista para sacar una Ley de Patentes favorable a la industria farmacéutica argentina�, es la versión de Andersen, ex corresponsal de Newsweek y The Washington Post en la Argentina. La confesión ocurrió en junio del año pasado en una mesa del Café de la Paix, en la Recoleta, ante el periodista, otra persona y el abogado y ex concejal demócrata Roberto Azzareto, a quien los fiscales también piensan interrogar.
Sebastiani, Andersen y dos personas más habían almorzado juntos y quedaron en encontrarse a las tres en el café. �Se barajaron cifras, se llegó a hablar de 70 millones hasta que Sebastiani afirmó que habían sido 25. Ante la insistencia dijo en un tono jactancioso �me van a decir a mí que yo fui uno de los cinco tipos de hicimos los sobres��, dice Azzareto que dijo Sebastiani. Según Andersen, la conversación salió porque él quería precisar si era cierto que se habían pagado 40 millones en coimas para sacar la ley. Sebastiani se burló de esa cifra y, además, precisó que �la tarea de dividir el efectivo se hizo en la presidencia, sin dar más precisiones�. El periodista publicó la historia en The Washington Post.
En la columna publicada hace dos días por este diario, Andersen se ofrecía a declarar frente al juez Carlos Liporaci, a cargo del caso de los sobornos que habrían cobrado algunos senadores para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Obtuvo una respuesta más veloz de lo presumible. Los fiscales sacaron del archivo una causa iniciada en 1997 a partir de una denuncia formulada por Enrique Mathov. El entonces secretario de Gobierno porteño se hizo eco de las declaraciones de los lobbystas norteamericanos John Sweeney, de Heritage Foundation, y Leslie Ackerman, de Pharma Holding en los programas televisivos de Carlos Mira y Marcelo Longobardi. Pero antes que Mathov, el 29 de mayo de 1996, la ex diputada Amalia Isequilla había planteado una cuestión de privilegio por la misma versión difundida en sendos programas. La causa recayó en manos de Ballestero y los fiscales Rívolo y Navas Rial, quienes tardaron varios meses en conseguir que Sweeney y Ackerman dieran su testimonio. �A través de un exhorto respondieron las preguntas pero no aportaron nada significativo�, explicó a Página/12 un alto funcionario judicial.
Ballestero archivó la causa el 22 de abril del año pasado, pero los fiscales continuaron la investigación. Le pidieron a la embajada el detalle de los ejecutivos que estuvieron en Argentina entre noviembre de 1994 y mayo de 1995, cuando fue sancionada la norma. Y armaron el esquema de todos los que participaron en la sanción de la ley, ya sea en el Congreso o desde los laboratorios nacionales y extranjeros. Tras la revelación de Andersen, los fiscales pidieron el desarchivo del expediente y el juez les delegó la investigación. Lo primero que le preguntarán al periodista y a Azzareto es el nombre de los otros testigos del episodio de la Recoleta.
| A Liporaci no le interesa
Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, a cargo de la causa de los sobornos en el Senado, habían pedido en su primer requerimiento que el juzgado convoque a �un periodista extranjero que tendría información sobre un caso similar ocurrido durante el trámite de la Ley de Patentes�. Se referían a Martín Andersen, quien pocos días después ofreció su testimonio en forma espontánea. El juez del caso del Senado, Carlos Liporaci, no hizo lugar a esa solicitud porque entiende que no es conveniente diversificar tanto la investigación. Consultado por Página/12 manifestó que prefiere tener probado un hecho antes de dedicarse a otro, aunque no descartó que en el futuro pueda incorporarlo al expediente. Si bien no se trata de los mismos protagonistas, los investigadores sospechan que el sistema de coimas puede ser una �práctica habitual� en el Parlamento. En el juzgado de Liporaci piensan que es muy prematuro pensar en una supuesta �asociación ilícita� de legisladores y prefieren ir más despacio. |
ila INVESTIGACION LLEGARia AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Martin Andersen, testigo en los EE.UU.
Por M.G.
El periodista que puede convertirse en uno de los dos testigos claves de la Justicia argentina para la investigación de un gran caso de coimas presuntas en la Cámara de Diputados, Martin Edwin Andersen, acaba de producir un movimiento importante en los Estados Unidos. Por una denuncia suya, el inspector general del Departamento de Justicia elaboró un informe de 400 páginas acusando a altos funcionarios de �inconducta� y fraudes con visas.
El inspector envió el informe al Congreso, donde podría ser tratado este mismo mes en la Cámara de Representantes (diputados) por la Comisión del Poder Judicial.
Las acusaciones alcanzan a Robert Bratt, el ex jefe de los programas internacionales del Departamento de Justicia, acusado de haber intentado tramitar visas irregulares para garantizar la entrada a los Estados Unidos de dos rusas que conoció en Moscú.
Andersen denunció en 1997 que altos funcionarios como Bratt y sus subordinados, Janice Stromsem, Joe Lake y Carey Hoover, también habrían violado las reglas sobre secretos de Estado en la manipulación de informes sobre distintos países y cables escritos por la Oficina de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos.
Según el escrito de la Inspectoría General, una suerte de auditoría interna del Departamento de Justicia, Andersen alegó que muchos documentos eran utilizados sin guardar las normas mínimas de seguridad. El inspector tomó la denuncia de Andersen, quien fue corresponsal de Newsweek y The Washington Post en la Argentina, y realizó alrededor de 200 entrevistas para profundizar la investigación.
Ayer trascendió en Washington que Bratt habría incurrido en una relajación sistemática de los standards mínimos de seguridad en sus visitas a Moscú. No habría consignado sus amistades con los rusos y tampoco habría evitado que algunos de sus subordinados, habitués de locales de strip tease y cabarets, quedaran desguarnecidos frente a posibles maniobras de provocación.
La acusación de cometer fraude con visas habría respondido al intento de introducir en los Estados Unidos dos rusas con el argumento de que resultaban imprescindibles para el Departamento de Justicia y eran traductoras, cuando en realidad no lo eran.
Bratt se defendió ante la Inspectoría diciendo que el informe se debía a un comportamiento persecutorio contra él.
La difusión del documento podría desatar un escándalo si la Cámara de Representantes profundiza la investigación y la eleva hasta Janet Reno, la fiscal general, como se llama en Washington a la secretaria (ministra) del Departamento de Justicia.
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