Por Victoria Ginzberg
 El juez español Baltasar Garzón empezó los trámites formales para que el represor Ricardo Miguel Cavallo, preso en México, sea trasladado a España para ser juzgado por genocidio, terrorismo y torturas. El trámite queda ahora en manos del Consejo de Ministros de España, que debe decidir si envía a México la solicitud de extradición. En su escrito, Garzón agregó setenta nuevos casos a los que había especificado el 1º de septiembre, cuando dictó el procesamiento del marino. �Marcelo� o �Sérpico�, como era conocido por sus víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), será juzgado por los crímenes que cometió personalmente y en los que tuvo responsabilidad por su posición en la estructura represiva de la ESMA.
El gobierno español tiene en sus manos la continuidad del trámite que puede terminar en el juzgamiento de un militar argentino en el extranjero (aún no se sabe si será Cavallo o Jorge Olivera �detenido en Italia� quien tendrá el privilegio de convertirse en el primer represor condenado por la Justicia internacional). Si bien el Poder Ejecutivo podría detener el proceso, el lunes el vicepresidente de España, Mariano Rajoy, manifestó, en referencia específica al caso Cavallo, que su país �no obstaculizará� la labor de la Justicia.
Como en el procesamiento del represor, el juez consideró que �dado el grado de oficial y la responsabilidad jerárquica que ostentó Cavallo, es claro que participó en todo el sistema de represión, desaparición y eliminación de personas, delitos contra la propiedad, allanamientos ilegales y falsedades que se desarrollaron en la ESMA�.
Garzón, que tenía cuarenta días más de plazo para concretar este trámite, agregó 70 nuevos casos. Lo hizo en base al escrito en el que el ex fiscal Julio César Strassera pidió el procesamiento del represor antes de que fuera beneficiado por la ley de Punto Final.
El auto de extradición consta de tres grandes capítulos: los delitos en los que Cavallo fue autor material �como el secuestro, la desaparición y torturas sufridas por Conrado Gómez, el matrimonio Villaflor; el asesinato de Mónica Edith Jáuregui y Elba Delia Adaya; los secuestros y torturas sobre Thelma Jara de Cabezas, Juan Gasparini, Víctor Fatala, Osvaldo Barros, Susana Leirechea, Oscar Pichini, Enrique Fukman y Víctor Basterra�, las desapariciones de las que resulta responsable por su posición dentro de la ESMA y los secuestros de personas que luego recuperaron la libertad mientras Cavallo era miembro del grupo de tareas. La extradición se concretó por 264 desapariciones y 159 secuestros y tormentos.
Por haber sido el responsable del grupo de detenidos que eran obligados a trabajar para los marinos en el sector de la ESMA conocido como Pecera, el magistrado acusó a Cavallo de �reducción a la servidumbre de los detenidos� y lo incriminó por la coordinación de la actividad represiva en el exterior, concretamente en el llamado Centro Piloto de París.
Si el Consejo de Ministros del gobierno español da curso al trámite, la palabra la tendrá México. Este país, como España, firmó las convenciones contra el genocidio, la tortura y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. España y México, además, suscribieron un tratado de extradición en el que se estableció que ambos países deben entregar a las personas acusadas de crímenes establecidos en convenios multilaterales.
Representantes del futuro gobierno azteca adelantaron la semana pasada a Página/12 que no trabarán el juzgamiento del represor argentino, ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de ese país. Es la primera vez que un país no europeo está involucrado en este tipo de trámites. �Está claro que estos crímenes deben ser perseguidos por todos los países, más allá de que sean pobres o ricos, centrales o periféricos. Las normas de justicia universal se imponen en todo el mundo y eso marca más el santuario que nuestro país se ha convertido para los represores�,manifestó el abogado argentino Carlos Slepoy, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos Madrid.
| Otra muerte en la escena
Las autoridades mexicanas interrogaron al represor Ricardo Miguel Cavallo sobre la muerte del subsecretario de Comercio de ese país, Raúl Ramos, supervisor del Registro Nacional de Vehículos (Renave) que dirigía el marino argentino. El subprocurador de la Fiscalía General de México, Everardo Moreno, se reunió ayer durante unos 45 minutos en la cárcel de la ciudad de México con el marino procesado por el juez español Baltasar Garzón. Allí le preguntó sobre su relación con Ramos, con quien recorrió el país durante varios meses para convencer a las autoridades aztecas de los beneficios del Renave. El cadáver del subsecretario de Comercio fue localizado el jueves pasado por la policía mexicana en un paraje boscoso próximo a la capital. Oficialmente se habló de un suicidio, que Ramos habría realizado cortándose las venas de una pierna, las muñecas y el cuello. El funcionario dejó varias cartas en las que eximía de cualquier responsabilidad a sus colaboradores y defendía su honradez en la conflictiva adjudicación del Renave a la empresa de Cavallo y sus socios. |
RESPUESTA DEL GOBIERNO A PEDIDO DE LA CIDH
Los Juicios por la Verdad en carrera
Por V.G.
El gobierno argentino respondió con un escrito a la �preocupación� que había manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el destino de los Juicios por la Verdad� sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Según la respuesta, fechada el 1º de setiembre, el Gobierno negó que existiera la posibilidad de que las causas en curso sean sustraídas de la competencia de la Justicia federal. La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales María José Guembe, que tramitó el caso ante la CIDH, recordó que el juicio de Bahía Blanca sigue paralizado.
Las agrupaciones de derechos humanos se habían dirigido a la CIDH en julio de este año, cuando la Corte Suprema amenazaba con trabar los juicios en los que se investiga lo sucedido con los desaparecidos y el plan para apropiarse de los bebés durante la dictadura.
El Gobierno señaló que la Corte Suprema desestimó la pretensión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de hacerse cargo de la causas sobre sustracción de menores y confirmó la competencia del juez federal Adolfo Bagnasco. Mencionó también que existe un proyecto de �Ley de la verdad� en el que se establece que la Justicia federal debe investigar este tipo de causas y que en el proceso que se tramita en Bahía Blanca está pendiente la resolución del recurso de queja presentado por �el señor Julián Oscar Corres� ante la Cámara de Casación. Justamente este planteo, que fue rechazado por la Cámara Federal bahiense, mantiene paralizada esta causa. Además, pese a que existen varios proyectos de ley como el citado, ninguno avanza en el Congreso.
Los organismos de derechos humanos habían hecho sus planteos en queja por el incumplimiento del acuerdo amistoso firmado en 1999 en el caso de Carmen Lapacó, a quien la Corte Suprema le negó el derecho a conocer el destino de su hija desaparecida.
La Noche de los Lápices
La Cámara Federal de La Plata citó a declarar al ex profesor Néstor Beroch en el Juicio por la Verdad, en el que se investiga el destino final de más de dos mil desaparecidos durante la última dictadura militar. El ex docente está acusado por organizaciones de derechos humanos de haber participado en el secuestro de los estudiantes secundarios �de los cuales ocho están aún desaparecidos� en la llamada �La Noche de los Lápices� y deberá prestar declaración hoy.
Beroch fue involucrado como partícipe del secuestro de los estudiantes platenses que reclamaban el boleto escolar por un policía que declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
A días de cumplirse 24 años de �La Noche de los Lápices�, ocurrida el 16 de septiembre de 1976, la Cámara Federal decidió citar por primera vez a Beroch.
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