La presidenta del Consejo Nacional del Menor y la Familia denunció ayer serias irregularidades en el manejo de los fondos del organismo durante la gestión menemista. María Orsenigo pidió a la Oficina Anticorrupción que investigara las refacciones realizadas en varios institutos en los que �se gastaron cerca de 3 millones de pesos� y �cuando asumimos los edificios estaban destruidos�. Una auditoría interna determinó que, durante el gobierno anterior, en un instituto se llegó a gastar 2300 pesos por mes por chico internado, cuando en otro tipo de instituciones la erogación habitual oscila entre 400 y 600 pesos. Otros informes detectaron casos de familias que en cinco o seis años de vínculo con el Consejo recibieron �entre 200 mil y 400 mil pesos� en subsidios o tratamientos. Orsenigo señaló que los edificios en los que funcionan los institutos de menores �no tuvieron un plan sistemático y permanente de mantenimiento: casi todo estaba destruido, los baños no funcionaban, los dormitorios tenían humedad, las cortinas no se podían abrir, los techos se caían y cuando llovía se inundaban�. La situación heredada, según la funcionaria, obligó al Consejo a derivar partidas de emergencia para la recuperación de la infraestructura elemental, como baños y dormitorios que, en muchos casos, figuraban como remodelados poco tiempo atrás. �Presentamos una investigación ante la Oficina Anticorrupción por las obras realizadas en el Consejo, porque además, a nuestro entender, no se cumplió con la normativa del Estado, no hubo licitaciones ni concursos de precios y en muchos institutos se gastó mucho dinero, o por lo menos así figuraba, en obras importantes que no se notaban, y que rondarían gastos por más de tres millones de pesos�, indicó Orsenigo. La auditoría interna realizada en el organismo encontró que en el Instituto Riglo, ubicado en la localidad de Moreno y donde están internados chicos con problemas asistenciales (huérfanos, con padres violentos o que no los pueden mantener), �se llegó a gastar 2300 pesos por mes por cada menor, cuando en una institución más abierta se suele invertir entre 400 y 600 pesos mensuales�, explicó la funcionaria. Más allá de las irregularidades en el gasto del presupuesto que hayan existido, para Orsenigo los datos son una muestra de los errores cometidos en materia de políticas de minoridad: se privilegió la internación de chicos, en lugar de invertir en medidas preventivas asistenciales y de contención social. �Hay chicos que hace prácticamente entre 12 y 15 años que entraron a la institución�, cuestionó Orsenigo y recordó estadísticas de la Secretaría de Política Criminal que indican que �el 80 por ciento de los adultos presos ha estado incorporado al sistema de menores�. En el último período de la era menemista, el Consejo Nacional del Menor y la Familia estuvo signado por una sucesión de denuncias por presunto manejo oscuro de los fondos. El organismo tiene un presupuesto que ronda los 80 millones de pesos. El defensor de menores Atilio Alvarez, que lo presidió desde 1989, fue reemplazado el 30 de enero de 1998. Su alejamiento estuvo precedido por acusaciones de corrupción y denuncias de maltrato a niños internados en establecimientos que el Consejo debía controlar. El ex presidente Menem designó en su lugar, como interventora, a la ultramenemista Eva Gatica, hija del mítico boxeador. Pero Gatica apenas duró en el cargo tres meses y también culminó su gestión con varias acusaciones de irregularidades en el manejo del presupuesto. En aquel momento, el diputado frepasista Ramón Torre Molina señaló la posibilidad de que el Consejo fuera �un instrumento de la implementación de la política partidaria menemista�. Tras la meteórica intervención de Gatica, asumió un funcionario con perfil �técnico�, el defensor de menores y profesor de Derecho Civil de la UBA Alejandro Molina. Pero a ocho meses del cambio de gobierno, sorpresivamente, Molina fue desplazado. Su ida significó el regreso de un hombre del riñón de Gatica: Marcelo Jalil, quien la había asesorado durante su paso por el organismo.
UN JEFE POLICIAL CUESTIONADO Por H.C. Los ecos del festejo por la excarcelación del cabo Alberto Agustín Castillo, procesado por encubrimiento y ocultamiento de pruebas en el caso de Villa Ramallo, no fueron del todo propicios para otra celebración. En especial, para el comisario inspector José Ferrari, a cargo de la Departamental de Seguridad de San Nicolás y anfitrión del cabo de los radioeléctricos en su propio despacho, apenas se produjo la excarcelación. Un grupo de diputados bonaerenses de la Alianza repudió enérgicamente la actitud de Ferrari y pidió su pase a disponibilidad. �No puede tolerarse su permanencia en el cargo y en la función policial�, sostiene el pedido del legislador Tomás Zuelgaray, autor del proyecto ya ingresado para su tratamiento en la Cámara.
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