Por Diego Schurman
 Héctor Lombardo pegó el faltazo ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores justicialistas tenía agendado preguntar por el destino de los 17 millones de pesos distribuidos por el Ministerio de Salud en vísperas de la aprobación de la reforma laboral. Los diputados del PJ tienen en la mira a Rubén Cano, el superintendente de Servicios de Salud a cargo del manejo de ese dinero que, para la Justicia, podría haber financiado los supuestos sobornos en el Senado. Y aguardan el momento para difundir un paper reservado sobre algunos movimientos de Cano al que Página/12 accedió en exclusiva.
Lombardo fue citado por la Comisión de Salud a raíz de un conflicto generado en la distribución de vacunas y de medicamentos para tratamientos oncológicos y de HIV-sida. Pero los diputados del PJ pensaban incorporar un tema fuera de agenda: querían saber por qué el Ministerio de Salud habilitó la transferencia de 17 millones de pesos a un puñado de obras sociales sindicales, cuando en meses anteriores ese monto siempre osciló entre 5 y 10 millones.
La habilitación llegó mediante una resolución del 30 de marzo. Los senadores comenzaron a flexibilizar su postura contraria a la reforma laboral en los días siguientes. Y finalmente la ley fue aprobada en la Cámara alta el 26 de abril.
Una versión indicó que hubo sucesivos llamados entre el Ministerio de Salud y el Congreso para �congelar� la interpelación, y que de esas conversaciones participó la titular de la Comisión de Salud, la diputada radical Cristina Guevara.
�Yo hablé con el ministro esta semana en el velatorio de un amigo en común y le comenté que podría tratarse el tema del dinero que maneja Salud�, admitió anoche Guevara ante una consulta de Página/12. El velatorio al que hacía referencia era el de José Consoli, un hombre vinculado a Enrique �Coti� Nosiglia y a quien se lo veía recorrer los pasillos del Ministerio de Salud.
Sin embargo, Guevara aseguró que Lombardo no se ausentó por temor a las preguntas de los diputados peronistas sino por �compromisos asumidos� en la ciudad balnearia de Villa Gesell. �De hecho la reunión se pasó para la semana que viene y en eso hay acuerdo con los representantes del justicialismo�, aseguró.
De todos modos, más de un legislador del PJ mostró ayer su sorpresa por el faltazo del ministro. �Me llamó la atención de que no viniera�, reconoció la cordobesa ultramenemista Martha Alarcia.
Si bien esta legisladora no integra el �grupo de choque� del PJ que pensaba arrinconar a Lombardo, renoció que la ausencia de Lombardo podría explicarse en el temor de que la Justicia profundice las investigaciones en su área de acción. �Muchos ministros prefieren aguardar a que pase el chubasco�, dijo.
La decisión de Lombardo no parece casual. El superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano, presentó ayer ante la Justicia un detalle con el destino de los 17 millones de pesos (ver aparte). Anoche, Carlos Liporaci, el juez que investiga si hubo sobornos en el Senado, analizaba el contenido de las carpetas.
Cano es el flanco por donde los diputados del PJ quieren avanzar. Es la cabeza de la reformulación del sistema de salud y mantiene fluidos contactos con la cúpula de la CGT de Rodolfo Daer. Si hasta hace un tiempo prometía la desregulación total del sistema de salud, ahora negocia con el sindicalismo menemista la manera de acotar la libre competencia entre las obras sociales sindicales con las de dirección y las empresas de medicina prepagas.
La avanzada en el Congreso contra Cano vendrá por el lado de los bienes personales. Los diputados justicialistas guardan bajo siete llaves papers con información sobre los movimientos patrimoniales del funcionario. Según pudo saber Página/12, parte del contenido preparado para enfrentar a Cano es:
 Que además de su propiedad de la calle Habana, Cano habría adquirido recientemente a su nombre o al de su mujer, Susana Leonor Wasinski, un chalet de aproximadamente 250 metros �asentado sobre dos terrenos de 1500 metros cuadrados� en el exquisito country Las Praderas, sobre la ruta 192, a 25 kilómetros de Luján.
Que se trata de un country selecto adonde Carlos Menem solía concurrir a jugar torneos de golf, como el de 1998, en el que participó junto al ex mandamás del PAMI, Víctor Alderete, y el ex presidente de la Cámara de Supermercadistas, Ovidio Bolo.
Que Cano obró recientemente �a favor� de Luis Barrionuevo al transferir los afiliados de la obra social de bañeros y afines del partido de General Puezyrredón a la obra social del personal hotelero y gastronómico.
Que en el historial del delegado liquidador de la obra social de los bañeros, Rafael Víctor Hernández (DNI 5.329.906), designado por Cano, estaría �inhabilitado� por el Banco Central, a pedido del Banco Mercantil, por la emisión de cheques sin fondos. Y que una deuda de Hernández al Banco de Corrientes, estimada en 8900 pesos, habría sido considerada �irrecuperable�. Además aparece en más de media docena de pleitos por deudas a otros bancos y tarjetas de crédito.
LA OA REPROCHO A LIPORACI QUE �VENTILE� LA CAUSA
¿Cuál secreto de sumario?
Por Irina Hauser y Adriana Meyer
La Oficina Anticorrupción (OA) le reprochó al juez Carlos Liporaci que dejara ventilar por Internet el expediente sobre el supuesto pago de coimas a senadores, que está bajo secreto de sumario. El magistrado responsabiliza a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aunque él mismo les dio una copia completa de la causa. Ayer le tomó declaración al jefe de finanzas del Ejército, que dijo que esa fuerza no maneja fondos reservados, una de las posibles fuentes de dinero para las coimas. Al parecer, a pesar de la sanción de la Ley de Fueros, Liporaci insistiría en que el Senado resuelva el desafuero de los once senadores que quiere indagar.
Una nota que firma el director del Area de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido, expresa �con preocupación� que �no obstante el secreto de sumario� que el mismo Liporaci dispuso para investigar el supuesto pago de favores a senadores para que votaran la Reforma laboral, el contenido textual del expediente puede ser consultado �en algunos sitios de Internet, como ser las páginas web: www.seprin.com (el site ligado a los servicios de inteligencia de la SIDE echados en la purga que realizó Fernando de Santibañes en febrero de este año) o www.data54.com.ar�. Con esta publicidad de la pesquisa, dice el texto, �peligra la finalidad misma de la instrucción, con el serio riesgo que ello implica para el descubrimiento de la verdad�.
La presentación de Garrido ejemplifica: �La tan reservada declaración del senador Antonio Cafiero, donde individualizaba como �A�, �B� y �C� a otros colegas está disponible en la web. �A�, �B� y �C� pueden ser determinables a partir de un superficial análisis de la información periodística, dejando al descubierto toda la investigación�. Todo esto, dice, �conspira contra los aportes que pueden ser realizados por quienes pretenden mantener en reserva su identidad�.
Consultado por Página/12, Liporaci replicó que �si la causa está en Internet es responsabilidad de los senadores�. El mismo le envió el expediente entero a la comisión que evalúa los posibles desafueros, con el argumento de que no tuvieran ningún pretexto para retardar su tratamiento. �Se los mandé con expresas instrucciones de que sólo lo vieran los de la comisión�, justificó. Aunque era bastante probable que por lo menos los legisladores imputados hicieran lo posible por leerlo.
Lo cierto es que Liporaci y la OA nunca se llevaron de maravillas. Estejuez fue el primero que cuestionó la constitucionalidad del organismo creado por el gobierno de Fernando de la Rúa. En una demostración más de su posición, citará a los choferes del Senado (que según un anónimo, tenían amplio conocimiento de las coimas) porque cree que la declaración que les tomó la OA �tiene valor relativo�. Con respecto a Liporaci, los fiscales anticorrupción mantuvieron hasta ahora una postura de no confrontar y ni siquiera se presentaron como querellantes en el caso.
En medio de estas escaramuzas y de las investigaciones que hay en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, Liporaci ayer recibió un informe de las Fuerzas Armadas sobre el manejo de fondos reservados y le tomó declaración como testigo al general José Faeclarar, encargado de las finanzas castrenses. Hoy se presentará en Tribunales el secretario de administración de la Cámara de Diputados, Luis Flores Allende. Mañana tendrán que declarar funcionarios a cargo de las finanzas del Ministerio de Defensa para explicar el destino de los fondos reservados.
Liporaci comenzó a analizar la nueva Ley de Fueros que permite indagar a legisladores sin necesidad de desaforarlos. En principio, interpretaría que la norma contradice la Constitución nacional. Por eso, según deslizó entre algunos colegas, insistiría con que la Cámara alta quitara los fueros a los once senadores bajo sospecha para recién entonces interrogarlos.
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