Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
 Quince militares y civiles fueron procesados por la Justicia federal de Córdoba por el delito de violación a la Ley de Defensa Nacional, en el resonado caso de espionaje que se inició hace un año y medio. La resolución de la jueza Cristina Garzón de Lascano alcanza al ex titular de Inteligencia del Ejército, durante el mandato de Martín Balza, Jorge Miná; al ex jefe de Informaciones del Tercer Cuerpo, José Guillamondegui y al periodista Carlos Revello. En un detalladísimo informe, el auto de procesamiento describe las acciones de inteligencia de que fueron objeto funcionarios judiciales, políticos, empresarios y periodistas y que tuvieron como centro de interés la evolución de las causas de la verdad histórica. El escrito revela que el aparato de inteligencia no sólo informaba a la cúpula del Ejército sino también a militares retirados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez. Después de una paciente reconstrucción de la causa, que debió sortear la nulidad decretada por la Cámara Federal de Apelaciones en octubre del año pasado, el escándalo de los espías terminó ayer en el procesamiento de 15 de los 17 imputados. El Ejército informó que no tiene información oficial del procesamiento de tres oficiales y dos suboficiales que están en actividad.
Según detalla el auto de procesamiento, la estructura de espionaje estaba bien aceitada: Carlos Revello (periodista) aportaba información sobre colegas, medios de comunicación y causas de �Niños desaparecidos�; Luis Alberto Quijano, bajo el código de A-44 reportaba sobre partidos políticos y abogados de derechos humanos; José Tufaro, con el seudónimo �Mara� y Daniel Guiguet también sobre políticos; David Guaycochea (a) �Guastavino� sobre movimientos partidarios y agrupaciones estudiantiles en Río Cuarto. Todos ellos (PCI) respondían al jefe de la Central de Reunión de Información (CRI) del Tercer Cuerpo, Abel José Guillamondegui o a sus subordinados Roberto Quiroga, Edmundo Víctor Orsolini y Néstor Baudano. Del resto de los civiles sólo Pablo Camps quedó procesado, mientras el empleado de Aduana Santiago Houston (comisionado en el Juzgado Federal 1) fue sobreseído y la situación del abogado Alfredo Silva quedó pendiente de resolución.
En Buenos Aires, José Luis Bo, Norberto Condal y Carlos Tepedino hacían el trabajo sucio para el �gerente�, como llamaban al general Miná. Todos fueron procesados por el delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal.
Los dinosaurios, interesados
La descripción de los hechos investigados por la Justicia revelan que no sólo eran destinatarios de la información Miná y el resto de la estructura del Ejército, sino ex represores que hoy están libres en Córdoba gracias a las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y el indulto, como el caso de Luciano Benjamín Menéndez y Luis Manzanelli.
�La información obtenida a través de la tarea investigativa desplegada por el personal de la CRI 141, si bien habría respondido a un concreto requerimiento de la Jefatura II de Inteligencia de la ciudad de Buenos Aires, habría sido además comunicada a los individuos involucrados en los hechos materia de investigación�, señala la jueza en su resolución. Y explica: �el propio Quijano se habría ocupado de contarle a Luciano Benjamín Menéndez lo sucedido con (Fermín) de los Santos�. Quijano es uno de los represores que torturó a desaparecidos en La Perla durante la dictadura, bajo el seudónimo de �el Angel�.
También hay una conversación grabada entre un suboficial de la CRI y Luis Manzanelli (también represor de La Perla), donde éste �que llama desde el Círculo de Suboficiales del Ejército� le pide las �novedades obtenidas por Guillamondegui. Es factible que haya un procedimiento�, le advierte el interlocutor a Manzanelli, en relación a los movimientos que la jueza Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk realizaban en torno de las causas de la verdad.
Los espías y la ley
�Respecto a la solicitud de alimentos a carenciados (sic), ese día lunes unas 20 familias movilizadas por partidos de izquierda y con un representante barrial de nombre Nelson Quiroga, concurrieron al supermercado VEA a solicitar bolsones de alimentos, actuando en forma tranquila, sin producir inconveniente alguno�, reza un típico informe de los interceptados por la Justicia. Así, seguían a políticos de primera y segunda línea, a los cambios operados en las empresas periodísticas locales y a las movilizaciones �contra el recorte educativo� y �contra la desocupación�, entre otras manifestaciones.
Toda la estructura se puso en funcionamiento en abril y mayo de 1999, cuando la cúpula de inteligencia que dirigía Miná pidió especial seguimiento a la declaración de Roberto Fermín de los Santos, el médico que sirvió a la causa del Tercer Cuerpo en la represión en Córdoba y que ahora vive en Rawson. Allí la ruta de la información estaba clara: Guillamondegui comandaba a su grupo en Córdoba y reportaba directamente a Bo, segundo de Miná.
En el hecho descripto como número 16, por ejemplo, el coronel Condal pide, en marzo del año pasado y desde Buenos Aires, un �detalle de los elementos secuestrados por la doctora Garzón de Lascano� en el allanamiento a la Policía Federal. Guillamondegui le informa a su vez que la jueza está �realizando un nuevo allanamiento en el Hospital Pediátrico�, en el marco de las causas por robo de bebés que la magistrada tramita en Córdoba.
Según la jueza, ninguno de estos hechos apuntan a temas inherentes a la Defensa Nacional ni a la Seguridad Interior. En ese sentido, la ley 23.554 dispone que �las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militar�. Garzón de Lascano afirma en el escrito que �el tenor de la información reunida torna viable afirmar que, así como las conductas enrostradas a los imputados no habrían respondido ni a la prevención ni al resguardo de la Defensa Nacional, tampoco habrían estado dirigidas a planes u operaciones de Seguridad Interior�.
La resolución, puntillosamente fundamentada, deberá pasar la prueba de la apelación que la defensa de algunos militares ya da por descontada.
| Sustracción de bebés
El Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de juicio político que formuló el general Santiago Omar Riveros contra el juez federal Adolfo Bagnasco, que lo inculpó en la causa por sustracción de bebés. La presentación del militar, actualmente detenido por robar los bebés de los detenidos-desaparecidos, se basó en declaraciones formuladas por Bagnasco en Página/12 donde, según este militar, el juez �criticó a ministros del Poder Ejecutivo, agravió a un tribunal y les faltó el respeto a sus miembros�. En agosto pasado, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura consideró en un informe que Bagnasco �en momento alguno prejuzgó o brindó información sobre el fondo del asunto�. Para la Comisión, �sus respuestas estaban dirigidas a ilustrar a la ciudadanía, de manera didáctica, sobre aspectos jurídico-procesales en un tema por demás delicado y muy sensible a la opinión pública, como lo es la sustracción de menores entre los años 1976 y 1983�. Ayer, el pleno del Consejo de la Magistratura aprobó este dictamen y desestimó el pedido del imputado Riveros. �A lo largo de todo el reportaje �señala el dictamen del Consejo de la Magistratura� no se encuentra ninguna frase impertinente o agraviante dirigida al ministro de Defensa de la Nación, Ricardo López Murphy ni contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Cosufa)�. |
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